Gobierno de Bolivia prevé cerrar hasta 10 empresas públicas "que no tienen razón de ser"

por Agencia EFE

El Gobierno de Rodrigo Paz ha denunciado varias veces que las administraciones anteriores usaron recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) para financiar el funcionamiento de empresas estatales deficitarias.

El Gobierno de Bolivia afirmó este jueves que prevé cerrar entre ocho y diez empresas públicas deficitarias en los siguientes meses.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, hizo el anuncio en una rueda de prensa en la que no quiso dar los nombres de las empresas estatales "por responsabilidad", pero dijo que cada una será sometida a una "evaluación".

"Vamos a iniciar con el cierre de estas empresas que hemos visto que no tienen una razón de ser, y para que vea toda la población que estamos con esa confianza de que tenemos que ir mejorando todas las finanzas públicas", sostuvo Morales.

A principios de mes, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) realizó un diagnóstico a 67 instituciones estatales, de las cuales 20 "están en una situación crítica".

Más de diez empresas públicas en quiebra, según el gobierno 

En abril, el Gobierno informó que existen 15 empresas estatales en quiebra técnica con pérdidas acumuladas por 2.655 millones de bolivianos (unos 381 millones de dólares), de un total de 67 creadas como parte de políticas aplicadas por los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) con el propósito de sustituir las importaciones.

La OFEP también estableció que las 15 quebradas también tienen un patrimonio negativo equivalente a 1.900 millones de bolivianos (unos 152 millones de dólares).

El Gobierno de Rodrigo Paz ha denunciado varias veces que las administraciones anteriores usaron recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) para financiar el funcionamiento de empresas estatales deficitarias.

Una de las empresas con problemas críticos es Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) que, según un informe anterior oficial, recibió del Estado alrededor de 890 millones de dólares para un proyecto de explotación del salar de Uyuni, pero que no ha logrado desarrollar y actualmente funciona con el 17 % de su capacidad operativa.

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