El gobierno de Bolivia dispuso un incremento significativo en la tarifa del diésel, elevándola a 1.55 dólares por litro exclusivamente para el sector de grandes consumidores. Esta medida administrativa retira la subvención estatal a aquellas empresas e industrias que registran consumos superiores a los 20.000 litros mensuales, con el objetivo declarado de aliviar la crisis de abastecimiento y reducir la carga financiera que representan los subsidios energéticos para el presupuesto público.
La administración del presidente Rodrigo Paz fundamentó este cambio en la necesidad de sincerar los costos de adquisición internacional, respondiendo así al déficit de divisas que afronta el país actualmente. Bajo el nuevo esquema tarifario, únicamente las compañías con alta demanda asumirá la tarifa real de importación sin ningún aporte del Estado. No obstante, la disposición excluye explícitamente del alza a transportistas y usuarios particulares cuyos registros mantengan un gasto inferior a los 5.000 litros cada mes.
El transporte público y los pequeños operadores conservarán el beneficio de la tarifa previa subsidiada. La medida busca garantizar que las estaciones de servicio prioricen el suministro a la ciudadanía general, evitando el encarecimiento de los fletes básicos para la población. Al respecto, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la reestructuración del gasto público en hidrocarburos ante las críticas surgidas por esta decisión fiscal.
Aramayo justificó el reajuste argumentando que se usaba dinero que era de los bolivianos para financiar una mentira: "Se usaba dinero que era de los bolivianos, que nos dejaron sin reservas de oro, para financiar una mentira. Tenemos que empezar a plantear cómo garantizamos el abastecimiento, logrando traer el precio sin que le genere estos costos excesivos y absurdos al presupuesto general del estado". La medida busca equilibrar la economía nacional frente a la escasez de combustible, aunque enfrenta críticas directas por parte del vicepresidente, quien cuestionó los efectos inmediatos de eliminar el apoyo estatal en un momento delicado para la industria local.
Mientras el Ejecutivo boliviano elevó el precio del diésel a 1.55 dólares para grandes empresas, también anunció planes para abrir el mercado local a privados interesados en importar y comercializar carburantes directamente.
Según las autoridades nacionales, esta participación privada contribuirá a regularizar los despachos de combustible en todo el territorio boliviano, una medida que busca mejorar la distribución energética ante la crisis actual.
El vicepresidente Edman Lara expresa discrepancias sobre el diésel
Pero la decisión del gobierno provocó diferencias públicas dentro de la cúpula del poder. El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, manifestó su disconformidad con el proceso de aprobación de la norma cuestionando la falta de socialización del decreto.
"Una decisión tan grande no se toma a escondidas. No se la toma en una noche sin sentarse con el pueblo", afirmó la autoridad boliviana al rechazar que la medida se tomara de forma improvisada y secreta.
A pesar de estos debates internos sobre la política energética, la realidad en las gasolineras es distinta: decenas de conductores continúan formando largas filas en los surtidores tras días de espera para abastecerse sus vehículos.
El camionero José Luis Chávez expresó su desconfianza ante el nuevo mecanismo, advirtiendo sobre posibles fallos en la entrega del combustible. "Mientras se abastezca a la población y todos tengamos diésel, yo creo que estaría bien, pero creo que no va a suceder eso", señaló el trabajador de la ruta.
Así, mientras el Estado ajusta sus regulaciones y enfrenta críticas internas, los ciudadanos siguen esperando en las filas bajo la incertidumbre de un nuevo escenario económico que promete cambios profundos para el transporte nacional.
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