Fuerza Popular y Juntos Por el Perú apuntan a los jóvenes: ¿qué proponen para 2 temas clave?

Específicamente Gestión identificó dos propuestas de ley que los congresistas de ambas bancadas han planteado para, bajo su mirada, mejorar su inserción laboral y el acceso a la primera vivienda. ¿Cómo? Especialistas consultados analizan las medidas planteadas.

Incentivos no tributarios para contratar jóvenes

Jessica Pérez, diputada de JP, busca eliminar la exigencia de experiencia laboral previa para acceder al primer empleo formal para jóvenes egresados, ya sea de educación universitaria o tecnológica, menores a 30 años.

¿Cómo? Su fórmula legal propone 4 “incentivos no tributarios” que se desbloquearían si una empresa obtiene un certificado llamado “empleador promotor del primer empleo”.

Uno es con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Tener el certificado sería un “factor atenuante” en la determinación de sanciones administrativas. Las empresas certificadas también tendrían un puntaje extra de hasta 5% en licitaciones bajo la Ley General de Contrataciones Públicas y este certificado podría ser usado como criterio de desempate.

Igualmente tendrían acceso preferencial en misiones comerciales, ferias y programas de asistencia técnica del Estado y una ventaja en “procesos de promoción de la inversión privada”.

¿Qué deben dar a cambio las empresas? Acreditar que, en el año precedente a solicitar el certificado, no menos del 10% de sus contrataciones a plazo indeterminado o a plazo fijo de duración no menor a un año corresponda a jóvenes beneficiarios.

En el caso de entidades públicas se fija que no menos del 15% de sus plazas convocadas anualmente sean para jóvenes sin requisitos de experiencia laboral previa. El certificado duraría 1 año, aunque podría renovarse.

Para Fernando Varela, exministro de Trabajo y Empleo, el proyecto puede ser bien intencionado, pero no crea trabajo juvenil, sino que restringe la contratación a un grupo específico de peruanos.

“No autoriza nuevas plazas ni da mayor presupuesto. Obliga a contratar sobre la misma base de puestos. Eso es un poco contradictorio [...]”, cuestionó Varela, quien también criticó los incentivos no tributarios.

Si bien reconoció creatividad, consideró que no todos los beneficios planteados guardan relación directa con el empleo juvenil en sí. “Son dos asuntos jurídicamente distintos. Uno es incentivar legalmente su contratación y otro muy distinto que, por ese motivo, se reduzcan las consecuencias de incumplir obligaciones laborales”, explicó sobre Sunafil.

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Estado daría terrenos para vivienda de jóvenes

En vivienda, el diputado Diethell Columbus (FP) busca establecer un nuevo régimen de “Vivienda Joven con Precio Social” en beneficio de quienes tengan 18 a 35 años. Estos peruanos deben estar en búsqueda de su primera vivienda o ver el arrendamiento como opción de compra futura.

Para facilitarles este proceso, la propuesta de Columbus busca que el Estado aporte el terreno a operadores privados vía transferencia, derecho de superficie, fideicomiso o arrendamiento.

Así, el congresista plantea que, dado que el Estado aportaría el terreno de su dominio al privado sin cobrar su valor comercial, ese ahorro se traslade directamente al usuario. El joven pagaría un alquiler o una cuota mensual de arrendamiento menor a la de cualquier otra opción equivalente en el mercado libre.

Aparte, los beneficiarios pueden aplicar al bono Renta Joven, cuyo 30% de valor otorgado se deberá trasladar a un ahorro obligatorio, que luego podría emplearse para adquirir la misma vivienda que arriendan u otra.

Para Angello Rivera, socio de Osterling Abogados, el valor de la propuesta es que “consolida” bajo un solo texto diversas ideas que han surgido para fomentar la vivienda en los últimos años.

Pero, un problema que identifica está en la prohibición que fija Columbus para que las inmobiliarias no puedan incorporar el valor comercial del terreno en el precio final, al ser el Estado quien lo cede.

“No sé cómo podrían regularlo, pero si una empresa ve tantos controles a su margen comercial, puede ser un desincentivo. Seguro preferían ir solos, comprar su terreno y atender al público que puedan”, advirtió.

Rivera también precisó que el proyecto, a pesar de ser largo, deja fuera puntos clave a su criterio: el rol de las municipalidades y de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).

“La factibilidad de servicios es crucial para el desarrollo inmobiliario. Las EPS son disfuncionales. Sin mejorar esa parte, no puedes tener más vivienda formal”, lamentó.

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Otros posibles aportes

Aparte de estas propuestas legislativas, especialistas consultados listaron tareas que el Congreso de la República podría atender a favor de los jóvenes en materia laboral y de vivienda.

En empleo juvenil, Varela fue claro que la principal responsabilidad está en el Poder Ejecutivo, pero no deja libre al Legislativo. Puso de ejemplo el uso de la Ley N° 28518, que regula las modalidades formativas laborales.

“Funcionó un tiempo y luego se usó mal. Podría modificarse, corregir sus partes débiles. Hay que hacer algo por los jóvenes que no van a estudiar, darles un oficio. Podría sumarse a las personas con discapacidad”, propuso.

Por su parte, Rivera dijo que, en vivienda, el Congreso podría brindarle más herramientas a Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) para alentar la formalización. “Su sistema puede mejorar, darle más facilidades de acción. Cofopri hace su trabajo, pero podría tener más fuerza”, refirió.

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

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