Tras cuatro jornadas de análisis e intercambio técnico, los gobiernos regionales del país suscribieron la Declaración de Cusco, un pronunciamiento político y operativo que establece una agenda común para garantizar la operatividad, gobernanza y sostenibilidad financiera de las Áreas de Conservación Regional (ACR).
El acuerdo, adoptado al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, celebrado en la Ciudad Imperial del 6 al 9 de septiembre bajo el lema “Gobernanza, Gestión Territorial y Sostenibilidad para la Conservación Regional”, marca un punto de inflexión en la gestión de estos espacios estratégicos para la seguridad hídrica, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.
Más allá de la creación legal: financiamiento y canon
Uno de los principales consensos del encuentro radica en que la eficacia de las ACR no se agota con su promulgación formal, sino que exige presupuesto continuo, personal capacitado y blindaje institucional frente a la alta rotación de autoridades y funcionarios.
En el frente financiero, los gobiernos regionales acordaron impulsar, a través de la Red Nacional de ACR y ante las instancias nacionales competente, la modificatoria de los mecanismos de asignación presupuestal para habilitar y asegurar recursos provenientes del canon en favor de la conservación y manejo de estos territorios.
Asimismo, las administraciones se comprometieron a calcular la brecha económica y los costos esenciales de cada área para incorporarlos en sus programaciones multianuales, articulando fondos de inversión pública, cooperación internacional y Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE).
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Más allá de garantizar la base pública, el panel abordó cómo estructurar el financiamiento complementario. (Foto: Inforegión)
Alertas tempranas y combate a delitos ambientales
Frente al avance de presiones sobre los ecosistemas, la Declaración de Cusco establece la implementación de una ruta regional preventiva y trazable contra la minería y tala ilegal, integrando tecnología de monitoreo en tiempo real, protocolos de fiscalización interinstitucional y saneamiento físico-legal de los ámbitos protegidos. A la par, el documento contempla la formalización y mejora de las condiciones laborales de guardaparques y jefaturas de áreas, promoviendo modalidades contractuales acordes a ley como el régimen CAS, así como la formación continua a través de iniciativas como las Escuelas de Guardaparques.
Consulta legislativa y visión de paisaje
En el ámbito normativo, las regiones demandaron que toda iniciativa legislativa vinculada al reconocimiento o gestión de las ACR incluya mecanismos obligatorios de opinión previa y consulta a la Red Nacional de ACR y a las dependencias regionales. También solicitaron al Ministerio del Ambiente (MINAM) la actualización de la guía técnica para consolidar los Sistemas Regionales de Conservación (SRC).
“Las ACR no solo necesitan ser creadas; necesitan instituciones, capacidades, participación y financiamiento que hagan posible conservarlas de manera efectiva y permanente”, remarca el pronunciamiento, subrayando el paso de una conservación basada en islas aisladas hacia un enfoque de redes ecológicas, corredores y paisajes funcionales integrados a las decisiones de desarrollo territorial del país.
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