EE.UU no investigó en Chile protestas de 2019, dice embajador tras llamado de Cancillería

por Agencia EFE

El embajador de EE. UU. en Chile, Brandon Judd, aclara que no se investigó el estallido social de 2019, señalando que solo revisaron la información proveniente del país.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dijo este miércoles que no investigaron directamente el estallido social de 2019, tras declarar que su país tendría un análisis que vinculaba a organizaciones de izquierda con las protestas, luego de reunirse con el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

"No hicimos una investigación independiente, lo que hicimos fue revisar la información que venía de Chile", dijo Judd a la prensa en su salida de la conversación que sostuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago.

Judd concedió una entrevista en CNN Chile, el pasado lunes, donde confirmó la existencia de un análisis de inteligencia específico elaborado por Estados Unidos respecto a la ola de protestas que remecieron al país suramericano a fines de 2019, razón por la que fue llamado por Cancillería a fin de solicitarle dicha información.

"Lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda", había afirmado el diplomático en la entrevista televisiva.

En ese sentido, Pérez Mackenna declaró a la prensa tras la reunión que "los embajadores, en general, no deben opinar sobre la política interna de los países en los que están. Eso se lo hemos hecho saber al embajador ya en varias oportunidades y hoy día fue exactamente uno de los temas que tocamos".

El estallido social en Chile 

Las protestas de 2019 se convirtieron en un fenómeno social que dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos, cientos de mutilados y graves señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.

A la fecha, la Justicia chilena no ha podido señalar a los responsables de los ataques incendiarios perpetrados contra múltiples estaciones del metro-tren de la capital durante esos días de octubre de hace casi siete años.

Debido a estos dichos, Judd se retractó y aseguró que su país no tiene "datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados. Reitero, fue un análisis realizado con base en información proveniente de su Congreso, sus académicos y su policía; de ahí provino la información".

"No enviamos investigadores a Chile para realizar una investigación y, durante mi gestión, nunca enviaremos investigadores a Chile para realizar una investigación sin haber sido invitados", aclaró el diplomático norteamericano.

Las afirmaciones de Judd coincidieron con las menciones hechas por la subsecretaria de Diplomacia de Estados Unidos, María Teresa Rogers, la semana pasada en el V Foro Madrid que se celebró en Santiago, donde se refirió al episodio de las protestas.

"La política de resentimiento es la razón de por qué aquí en Chile, en 2019, extremistas de izquierda quemaron el Metro y destruyeron negocios, mientras trataban de chantajear al país para tener una nueva Constitución que restringiera libertades y repudiara la fundación de la civilización occidental", dijo en su intervención.

El canciller chileno explicó que recibió al embajador de Estados Unidos "para solicitar información sobre antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días que siguieron".

"El embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar información de la que disponga. La cancillería tiene que hacer su trabajo, custodiar los intereses de Chile y disponer los medios para que el resto de las instituciones trabajen con esta información", señaló Pérez Mackenna.

En un comunicado, posterior, el ministerio de Exteriores dijo que "para este Gobierno es de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerla a disposición para dar con los responsables de los actos de violencia".

Una Comisión Investigadora del Congreso concluyó, recientemente, sus indagatorias sin nombres de instigadores ni evidencia de financiamiento tras el estallido social, no obstante fue uno de los objetivos de su conformación.

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