Parafraseando a Mario Vargas Llosa, la pregunta resulta inevitable: ¿en qué momento se jodió Trujillo?

Ha pasado una semana del secuestro de una persona vinculada a la minería informal y del asesinato de cuatro de sus acompañantes. Una semana después, la ciudad sigue esperando respuestas. Y lo que recibe es una investigación errática que, a todas luces, contrasta con el sentido común y el pensamiento crítico de una ciudadanía que vive, todos los días, bajo el miedo.

Trujillo se ha convertido en una trinchera. Se escuchan disparos y nadie sabe de dónde vienen ni quién será la próxima víctima. El ciudadano se agacha, corre o, metafóricamente, tiene que rampar para salvar la vida. Mientras tanto, el taxista se detiene por unos segundos y continúa su ruta, el comercio cierra sus puertas y la ciudad aprende a convivir con el sonido de las balas como si fuera parte de su paisaje: la normalización del terror.

El crimen organizado ya no necesita esconderse. Exhibe poder, desafía al Estado y actúa en pleno centro de la ciudad. Y frente a ello, las instituciones parecen atrapadas entre protocolos, declaraciones y explicaciones que no convencen a nadie.

Pero hay algo que todavía puede cambiar. El naciente gobierno tiene la cancha libre, pero también la responsabilidad para demostrar que entiende la dimensión del problema. Es su oportunidad de ejercer autoridad y aplicar mano dura contra este terrorismo urbano que invade nuestras calles, ordenando que se ejerza una verdadera investigación institucional.

Porque una sociedad que termina acostumbrándose a los balazos no solo pierde seguridad: empieza a perder la confianza en su propio Estado. Y cuando el ciudadano ya no espera que lo protejan, la pregunta deja de ser cuándo se jodió Trujillo. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a soportarlo.

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