La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados aprobó un informe técnico que considera inviable entregar al Poder Ejecutivo facultades legislativas para abordar asuntos vinculados con minería e hidrocarburos. El pronunciamiento fue aprobado por mayoría, con 11 votos a favor y siete en contra durante la sesión del grupo de trabajo.
La decisión fue adoptada luego de que la Comisión de Constitución solicitara una opinión sobre el pedido legislativo 9801. Tras revisar las propuestas planteadas por el Gobierno, el grupo parlamentario concluyó que estas no presentan un nivel de urgencia que justifique apartarlas del procedimiento legislativo ordinario.
La comisión, presidida por la diputada Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, sostuvo que las modificaciones regulatorias planteadas para el sector minero deben ser sometidas al debate correspondiente dentro del Parlamento. Según el informe, las materias incluidas en la solicitud comprenden aspectos estructurales cuya discusión corresponde a las cámaras legislativas.
Entre las medidas planteadas por el Ejecutivo se encontraba la actualización del marco normativo aplicable a la pequeña minería. El pedido también contemplaba mecanismos destinados a incentivar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.
El documento aprobado señala que el Gobierno no habría acreditado una necesidad inmediata que sustente la delegación de estas competencias. Por ello, la comisión consideró que las iniciativas deben continuar su trámite mediante los mecanismos legislativos habituales.
#PrimeroAlas8 Congreso: la Comisión de Energía y Minas aprobó con 11 votos a favor y 7 en contra un informe que declara inviable otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en materia de minería e hidrocarburos, recortando el alcance del pedido gubernamental ►… pic.twitter.com/m8HsnHTusi
— Canal N (@canalN_) September 9, 2026
Bancadas de derecha se pronuncian
La votación generó reparos entre representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, quienes rechazaron la decisión adoptada por la mayoría de integrantes del grupo parlamentario. Los legisladores sostuvieron que las medidas propuestas por el Ejecutivo podrían tener efectos sobre la actividad económica y la llegada de inversiones privadas al sector extractivo.
El congresista Gianmarco Quezada cuestionó que el informe haya descartado la propuesta gubernamental a partir de argumentos que, según su posición, no considerarían adecuadamente la situación económica del país. Su observación estuvo dirigida a la conclusión adoptada por la comisión sobre la falta de urgencia de las medidas.
Por su parte, el diputado Frank Krklec centró sus cuestionamientos en la forma en que fue analizado el pedido. Consideró que los integrantes del grupo debieron revisar con mayor profundidad la exposición de motivos que acompañaba la propuesta antes de establecer una posición sobre su contenido.
Los representantes que respaldaron la iniciativa del Ejecutivo también señalaron que impedir la aplicación de estas medidas podría tener consecuencias sobre la inversión privada en actividades mineras y de hidrocarburos. El debate continuará ahora en las instancias parlamentarias correspondientes, donde se evaluará el contenido del pedido de facultades.
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