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MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) - El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió este martes suspender de forma preventiva al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al jefe de Inteligencia del cuerpo, Leandro Almada da Costa, por elaborar al menos seis informes de forma confidencial sobre uno de sus jueces.

La medida, adoptada por el juez del Supremo André Mendonça, responde a una investigación abierta por presunto seguimiento ilícito e irregular. Según la decisión, los informes recopilaban y supervisaban las actuaciones y decisiones del propio juez Mendonça y del abogado general del Estado, Jorge Messias.

Mendonça ha explicado que los documentos carecían de membrete oficial, firma o numeración. Además de apartar temporalmente a Rodrigues y Da Costa, el juez también ha ordenado abrir expedientes disciplinarios y penales en la Corregiduría de la Policía Federal y prohibir la elaboración de este tipo de informes sobre miembros del poder judicial y la abogacía del Estado.

El caso Vorcaro, cuya pieza clave es el expresidente del ya disuelto Banco Máster, Daniel Vorcaro --investigado por la presunta comisión de fraude y falsedad documental-- es el detonante central de la crisis. La instrucción está en manos del juez Mendonça.

Durante la investigación, se encontraron mensajes en el teléfono de Vorcaro en los que el expropietario de Banco Master pedía protección al juez Alexandre de Moraes y también mencionaba a "Andrei", identificado por la propia Policía Federal como Rodrigues, pidiendo que frenaran las investigaciones en su contra.

Los intercambios salieron a la luz tras el levantamiento del secreto de sumario por parte del juez Mendonça. La situación se agravó cuando el juez Alexandre de Moraes ordenó incorporar al expediente judicial seis "informes de Inteligencia" elaborados en secreto por la Policía Federal a lo largo de agosto.

En estos documentos, la Inteligencia policial elucubraba sobre la actuación coordinada de Mendonça y Messias en las investigaciones ligadas a Vorcaro, sosteniendo la hipótesis de que el abogado general evitaba recurrir las decisiones del magistrado para preservar la entre ambos, la cual atribuían a una "matriz religiosa común", argumento que el cuerpo policial utilizó para justificar la recolección dirigida de información sobre el instructor de la causa.

Vorcaro está investigado por su rol como presidente del Banco Master, ya liquidado por una trama fraudulenta que ha dejado un agujero financiero de 12.000 millones de reales (1.696 millones de euros) y 1,6 millones de afectados.

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