El Poder Judicial dictó auto de enjuiciamiento contra Alberto Beingolea, actual ministro de Cultura, por la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao y abre paso a un juicio oral por hechos relacionados con una contratación realizada en 2019.
Según la acusación fiscal, Beingolea habría concertado con funcionarios del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) para obtener la contratación y el pago de un servicio de asesoría legal que, de acuerdo con la investigación, no habría sido prestado de manera efectiva.
Por esta contratación, el GORE Callao desembolsó S/30 mil. La Fiscalía solicita para el actual titular del Ministerio de Cultura 10 años de prisión, 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa.
¿Por qué Alberto Beingolea será llevado a juicio oral?
La investigación fiscal sostiene que Beingolea habría sido contratado para brindar asesoría legal al Gobierno Regional del Callao. Sin embargo, el Ministerio Público cuestiona que el entonces proveedor no habría acreditado documentalmente los estudios y la experiencia exigidos en los términos de referencia.
La Fiscalía también señala que los tres informes legales presentados durante la ejecución del servicio habrían sido genéricos o correspondían a asuntos que eran competencia de otras áreas jurídicas del gobierno regional.
A partir de estos elementos, el Ministerio Público atribuye al hoy ministro una presunta concertación con funcionarios del GORE Callao para favorecer la contratación.
Fiscalía pide 10 años de prisión para el ministro de Cultura
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó una pena de 10 años de prisión contra Beingolea.
Además, pidió 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa.
Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Callao solicitó el pago de S/50 mil por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Beingolea niega haber cometido un delito
Alberto Beingolea ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que el servicio contratado por el GORE Callao sí fue realizado.
Cuando se inició la investigación fiscal, el actual ministro de Cultura afirmó que no tenía inconvenientes en ser investigado y negó haber cometido algún delito.
En declaraciones a RPP, sostuvo que el trabajo fue ejecutado y que contaba con documentación que acreditaría la prestación del servicio.
Beingolea también cuestionó que se le atribuya el delito de colusión, al considerar que no existió un perjuicio al Estado.
Según su versión, presentó informes sellados, registros de visitas y otros documentos, además de testimonios relacionados con el servicio contratado.
Defensa intentó evitar el juicio oral
Durante la etapa de control de acusación, la defensa de Beingolea presentó dos recursos con los que buscaba evitar que el caso llegara a juicio oral: un pedido de sobreseimiento y una excepción de improcedencia de acción.
La defensa sostuvo que no existen comunicaciones, reuniones, mensajes o testimonios que acrediten una concertación dolosa entre Beingolea y funcionarios del GORE Callao.
Asimismo, argumentó que las irregularidades detectadas podrían constituir, en todo caso, defectos administrativos, pero no necesariamente un delito penal.
La defensa también señaló que Beingolea no intervino en las etapas internas de contratación. En referencia a la elaboración de los términos de referencia, el estudio de mercado o la emisión de las conformidades del servicio.
Poder Judicial rechazó los pedidos de archivo
El Poder Judicial declaró infundado el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa. Esta decisión posteriormente fue confirmada por la Sala Penal de Apelaciones del Callao.
Los magistrados señalaron que, en los delitos de colusión, la concertación entre los involucrados no necesariamente debe demostrarse mediante una prueba directa, pues también puede establecerse a partir de indicios.
En este caso, los jueces consideraron que la acusación fiscal cuenta con elementos como documentos relacionados con la contratación, un informe de control, una pericia contable y declaraciones de consejeros regionales.
Respecto a la excepción de improcedencia de acción. La defensa sostuvo que los hechos descritos por la Fiscalía no configuraban el delito de colusión agravada. Debido a las características y el monto de la contratación.
El juzgado también declaró infundado este recurso al considerar que los argumentos planteados por la defensa requerían una valoración de los elementos de prueba, aspecto que corresponde ser analizado durante el juicio oral.
Beingolea apeló el auto de enjuiciamiento
El actual ministro de Cultura apeló el auto de enjuiciamiento. Sin embargo, según la información proporcionada, su abogado no habría participado en la audiencia realizada la semana pasada.
Con la decisión judicial, el proceso continuará hacia la etapa de juicio oral. Donde se deberán evaluar los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
Beingolea mantiene su posición de que la asesoría legal fue efectivamente realizada y niega haber cometido el delito que se le atribuye.
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