Conseguir el primer empleo nunca fue sencillo. En el Perú, además, hemos hecho poco o nada por facilitarlo. Los jóvenes ingresan al mercado laboral con una desventaja evidente: tienen menos experiencia y requieren desarrollar habilidades dentro del puesto, por lo que su productividad inicial suele ser menor. Los costos de contratarlos formalmente, sin embargo, no necesariamente lo son.

El resultado debería preocuparnos. Los jóvenes registran mayores tasas de desempleo y subempleo, mientras muchos encuentran en la informalidad su primera (y a veces única) puerta de entrada al mercado laboral. Peor aún, aparece un círculo perverso: no consiguen empleo porque carecen de experiencia y no adquieren experiencia porque nadie los contrata.

Hace más de una década se intentó abordar parte del problema. La mal llamada “Ley Pulpín” buscaba facilitar la contratación formal de jóvenes mediante un régimen laboral especial. Podía discutirse y perfeccionarse, pero terminó derogada ante la presión de sectores que se opusieron a cualquier intento de modernización. El problema, por supuesto, persistió. No deberíamos cometer nuevamente ese error.

Capacitación vinculada con las necesidades empresariales, modalidades que faciliten el primer empleo y menores barreras para la contratación formal deben formar parte de una política de Estado. Si el Gobierno utiliza las facultades legislativas para avanzar en esa dirección, corresponde respaldarlo. Proteger al joven no es encarecer su contratación hasta dejarlo fuera. Es facilitar que entre, aprenda, gane experiencia y pueda progresar dentro de la formalidad.

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