Por: Ciro Salazar Valdivia – FCDS Perú (*)

La inclusión de medidas de flexibilización ambiental como parte del pedido de facultades legislativas, remitidas por el Ejecutivo al Congreso, ha reavivado la discusión en torno a la pertinencia de continuar promoviendo este enfoque para atraer mayor inversión privada en el país, particularmente en los sectores minero e hidrocarburos. En ese marco, particular atención merecen la sección e.7 y e.11 del pedido de facultades, que consideramos posibilitarían legislar a favor de ampliar actividades extractivas en áreas naturales protegidas y reducir el tiempo que toma aprobar estudios de impacto ambiental, respectivamente. Cabe precisar que lo primero era mencionado expresamente en el borrador de pedido; la versión final habla de “medidas para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos”.

En efecto, desde 2022, en el Congreso y el Ejecutivo, han surgido iniciativas legales que buscan reducir el tiempo que tarda la aprobación de estudios de impacto ambiental (EIA), y permitir la actividad hidrocarburífera en áreas naturales protegidas (ANP). Como respuesta a lo anterior, diversos análisis técnicos y legales, elaborados por sociedad civil y los sectores Cultura y Ambiente, sustentan con solvencia que tales iniciativas de flexibilización colisionan con el marco legal ambiental vigente, ponen en riesgo la vida de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), e incluso algunas serían inconstitucionales. 

Ciertamente toda ley, así como la propia Constitución, son susceptibles de ser modificadas, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en ello y sigamos los canales establecidos; es por ello que conviene ahondar en la racionalidad del ímpetu flexibilizador, e introducir un aspecto hasta ahora ausente en la discusión: ¿cuál es la situación en países con un peso importante del sector extractivo en sus economías y al mismo tiempo, con los que nos interese compararnos?

Veamos el caso de los EIA. De acuerdo con el IEP, la aprobación de un EIA minero puede tardar 3 años, y hasta 4 en el caso de modificaciones al EIA. Sucede que el mismo proceso tarda 3.8 años en promedio en Australia, según el principal gremio minero del país, y 3.5 años en promedio en Canadá (llegando a los 10 años en algunos casos). En Chile, se tiene un promedio de 4 años. 

En cuanto a expandir actividades extractivas en áreas naturales protegidas, veamos los hechos; para efectos del presente artículo, no se pudo encontrar evidencia, al menos en lo que va del presente siglo, de que países como Australia, Canadá o Chile hayan abierto sus ANP para nuevas actividades extractivas, pero si en Estados Unidos donde han habido anuncios en ese sentido desde inicios de 2025. Lo anterior, como parte de un conjunto de medidas inéditas en materia económica, comercial y en política exterior que vienen generando mucha controversia en dicho país y en el mundo. Estados Unidos sería la excepción a la regla en países extractivos con una institucionalidad consolidada.

Quienes si transitaron por esa ruta fueron Venezuela, Bolivia y más recientemente Nicaragua. Por ejemplo, durante los gobiernos de Nicolás Maduro y Evo Morales, y en un contexto de caída de precios internacionales de materias primas y menor inversión global extractiva, sus administraciones buscaron desesperadamente alentar la inversión en zonas de alta protección ambiental, con el objetivo de recuperar al menos parte del dinamismo de sus exportaciones y recaudación. En este contexto, la conformación en 2016 del “Arco Minero del Orinoco” en Venezuela, el cual se superpone a varias ANP, constituye el caso más dramático por la degradación de ecosistemas, criminalidad, desplazamiento forzoso y tráfico de personas generado a partir de entonces. La institucionalidad venezolana no es exactamente comparable a la peruana, pero esta experiencia nos alerta de los riesgos ante medidas flexibilizadoras, implementadas por instituciones precarias y con altos niveles de corrupción.

Así las cosas, resulta que el Perú es más “eficiente” en cuanto a tiempos de aprobación de EIA, comparado con países como Australia, Canadá y Chile, los mismos que no han optado por ampliar dicha actividad en sus ANP. ¿Por qué tendría que hacerlo el Perú? 

Ciro Salazar Valdivia – FCDS Perú

(*) Sobre el autor:

Administrador de empresas de la Universidad del Pacífico. Líder de infraestructura en FCDS Perú.

Especializado en políticas y aspectos ambientales y sociales, asociados al desarrollo de infraestructura pública, con énfasis en el sector transporte en la Amazonía peruana y asociaciones público privadas.

Ha publicado artículos académicos e informes sobre asociaciones público privadas, la relación entre el cierre de brechas en transporte y la expansión de economías ilícitas, riesgos socioambientales de la conectividad vial en la Amazonía, la sostenibilidad de las inversiones chinas en la Amazonía, entre otros temas. Actualmente se desempeña como especialista sectorial en infraestructura y conflictos socioambientales en FCDS Perú.

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