La asesora del ministro Juan Sheput: Denisse Miralles autorizó un contrato en PROINVERSIÓN por S/30 mil a favor de Ángela Huatay

Política La asesora del ministro Juan Sheput: Denisse Miralles autorizó un contrato en PROINVERSIÓN por S/30 mil a favor de Ángela Huatay Ángela Huatay Benites, actual asesora del ministro Juan Sheput en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, fue contratada por PROINVERSIÓN en mayo de…

Política

Ángela Huatay Benites, actual asesora del ministro Juan Sheput en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, fue contratada por PROINVERSIÓN en mayo de 2026 por S/30 mil el TDR y conformidad del servicio lleva la firma de la expremier Denisse Miralles Miralles. Aquí la historia de las conexiones políticas.

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16 minutos ago

04/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

Desde 2023, la trayectoria de Huatay en el Estado peruano traduce una cercanía con Miralles. Cada vez que Denisse Miralles cambia de cargo, Ángela Huatay aparece contratada poco después.

Todo comienza en PROINVERSIÓN. Miralles condujo la Dirección de Inversiones Descentralizadas (DID) durante cerca de una década, antes de pasar al Viceministerio de Economía en febrero de 2025. En ese mismo periodo, entre el 23 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2024, Huatay ocupó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCOIM) de la entidad.

El segundo episodio ocurrió en el Ministerio de Economía y Finanzas. El 14 de octubre de 2025, Miralles asumió como ministra de Economía y Finanzas en el gabinete de José Jerí. Entre octubre de 2025 y febrero de 2026 —exactamente el tiempo que duró la gestión de Miralles al frente del MEF— Huatay se desempeñó como asesora de esa misma cartera.

El tercer capítulo se escribió en la Presidencia del Consejo de ministros. En febrero de 2026, Miralles asumió la presidencia del gabinete bajo el gobierno de José María Balcázar, y la PCM designó a Huatay como asesora de alta dirección. Su paso por la PCM fue breve: del 27 de febrero al 31 de marzo de 2026, casi en simultáneo con la salida de Miralles, quien renunció al gabinete el 17 de marzo —antes de someterse al voto de confianza del Congreso— y regresó a PROINVERSIÓN a retomar funciones en la Dirección de Inversiones Descentralizadas (DID).

El regreso de Miralles a la DID no tardó en producir un nuevo contrato para Huatay. Semanas después, en mayo de 2026, esa dirección tramitó una contratación directa —sin concurso público, bajo el régimen de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vigente desde abril de 2025— por S/30 mil a favor de Huatay, para un servicio de difusión, orientación normativa y fortalecimiento de capacidades sobre el nuevo Reglamento de Obras por Impuestos, modalidad remota, en coordinación con el equipo de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de PROINVERSIÓN.

Según el expediente revisado por este medio, el requerimiento de fecha 30 de abril solicitado y autorizado por Miralles el 4 de mayo. Al día siguiente, Jorge Perleche García, jefe de Logística, lo rechazó por una posible superposición con las funciones de comunicación institucional que el Reglamento de Organización y Funciones asigna a la OCOIM, la misma oficina que Huatay dirigió anteriormente.

Esa observación fue subsanada el 8 de mayo con un nuevo TDR (Términos de Referencia N.° 110-2026-PROINVERSIÓN/DID), firmado por Miralles. El 12 de mayo se emitió la Orden de Servicio N.° 00930-2026-S por S/30 mil, con dos entregables de S/15 mil cada uno, entregados el 1 y el 26 de junio. De acuerdo con el propio expediente, la conformidad de esos entregables correspondía otorgarla a la subdirección de línea de la DID, cargo que en ese momento ocupaba Miralles, y ambas conformidades de servicio llevan, en efecto, su firma.

El libro de visitas de PROINVERSIÓN registra, además, reuniones entre Huatay y Miralles el 13 de mayo —un día después de emitida la orden de servicio—, el 28 de mayo y el 25 de junio, esta última dentro del plazo de ejecución del segundo entregable.

La consultoría en el MINEDU por 45 mil

En abril del 2026, durante la gestión de María Esther Cuadros la Unidad Ejecutora 118 del Ministerio de Educación pagó S/ 45,000 a Huatay por una consultoría financiada con fondos del BID. (https://limagris.com/consultoria-por-s-45-mil-a-favor-de-angela-huatay-en-el-minedu-genera-polemica-en-medio-de-la-falta-de-presupuesto-para-becas/)

Asesora en el Ministerio de Trabajo

La exjefa de prensa de Pedro Pablo Kuczynski es actualmente asesora I del despacho ministerial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Resolución Ministerial N.° 203-2026-TR) designada por el actual ministro de trabajo Juan Sheput Moore.

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Lourdes Alcorta defiende gobierno de Keiko Fujimori: “Tenemos una desgracia en el tema delincuencia, no van a pretender que se resuelva de un día para otro”

Leonardo Serrano Zapata

Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).

Política

Lourdes Alcorta defiende gobierno de Keiko Fujimori: “Tenemos una desgracia en el tema delincuencia, no van a pretender que se resuelva de un día para otro”

La senadora de Renovación Popular cuestionó a los parlamentarios que critican al gobierno de Keiko Fujimori y pidió tiempo para que la nueva gestión pueda mostrar resultados.

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12 horas ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña Cruz

La senadora Lourdes Alcorta, de la bancada de Renovación Popular, se pronunció frente a las críticas que algunos parlamentarios vienen realizando al gobierno de Keiko Fujimori. Sus declaraciones se dieron durante la presentación del gabinete de Luis Galarreta ante el Congreso, en medio de un debate donde se cuestionaba la situación del país y las decisiones tomadas por el nuevo gobierno.

Alcorta defendió la gestión de Fujimori y señaló que no se puede esperar que todos los problemas del país sean solucionados en poco tiempo. Eso toma tiempo, no tres semanas, manifestó, en referencia a los cuestionamientos que se estaban realizando al Ejecutivo y a las exigencias de resultados inmediatos.

Durante su intervención, la parlamentaria también cuestionó a los congresistas de izquierda y responsabilizó a los gobiernos anteriores por parte de la situación que atraviesa actualmente el país. Según Alcorta, durante los últimos años el Perú ha tenido gobiernos de izquierda y los resultados no han sido positivos. Hemos tenido gobiernos de izquierda y ya sabemos cómo nos ha ido, ha sido desastroso, sostuvo.

Asimismo, señaló que el nuevo gobierno tiene la tarea de retomar, reordenar y conducir el país. Para la parlamentaria, antes de exigir resultados a la actual administración se debería permitir que pueda organizar el Estado y comenzar a trabajar en los principales problemas que afectan a la población.

Otro de los puntos que mencionó Alcorta fue la responsabilidad de los gobiernos regionales. La senadora cuestionó que se reclamen soluciones en sectores como salud, educación y seguridad sin tener en cuenta que las regiones también cuentan con presupuestos destinados a atender estas necesidades. ¿Dónde está ese dinero?, preguntó durante su intervención.

La discusión también subió de tono cuando Alcorta respondió directamente a quienes cuestionaban al gobierno. La parlamentaria preguntó a sus colegas qué proyectos habían presentado para solucionar los problemas del país. ¿Qué proyecto han presentado ustedes? Nada, cero, solo presentan problemas, afirmó.

Sus palabras generaron reacciones dentro del Congreso, donde el debate se desarrollaba en un ambiente de tensión entre los parlamentarios que respaldan al Ejecutivo y quienes cuestionan sus primeras decisiones.La posición de Lourdes Alcorta deja clara su cercanía y respaldo al gobierno de Keiko Fujimori. Sin embargo, sus declaraciones también abren un debate sobre el papel que debe cumplir el Congreso. Si bien una nueva administración necesita tiempo para trabajar, también corresponde a los parlamentarios fiscalizar sus decisiones y exigir resultados cuando sea necesario.

Por ahora, Alcorta mantiene una postura firme en defensa del Ejecutivo y considera que el nuevo gobierno debe tener la oportunidad de demostrar con hechos si podrá responder a las principales necesidades de los peruanos.

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Política

Diputada Yenifer Paredes denuncia el espejismo del Presupuesto 2027: “Trasladan responsabilidades, pero no recursos”

El Ejecutivo anuncia casi S/ 100 mil millones para gobiernos regionales y locales, pero la mayor parte se concentra en gasto corriente mientras la inversión crece apenas 1.1%. La congresista Yenifer Paredes cuestiona además el recorte de S/ 430 millones para seguridad municipal y reclama un Fondo de Choque Hídrico de S/ 2 mil millones para enfrentar el abandono del campo.

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1 día ago

03/09/2026

Redacción Lima Gris

El Presupuesto General de la República para el año fiscal 2027 aparece como una enorme bolsa de recursos destinada a cerrar brechas, fortalecer a las regiones y profundizar la descentralización. El problema comienza cuando esas cifras abandonan el papel y no llega a los peruanos que más lo necesitan.

Porque una cosa es anunciar miles de millones y otra, muy distinta, es saber cuánto de ese dinero terminará convertido en una obra, un patrullero operativo, un canal de riego o un colegio que realmente pueda utilizar un ciudadano.

Ese fue el punto central del cuestionamiento formulado en el Congreso por la diputada Yenifer Paredes Navarro, vocera alterna de la bancada de Juntos por el Perú y representante de Cajamarca. Durante la presentación del Gabinete ante el Pleno, la legisladora puso el dedo sobre una de las viejas heridas del Estado peruano: la descentralización que transfiere responsabilidades a las regiones, pero no necesariamente los recursos suficientes para atenderlas.

La gran cifra y la pequeña inversión

El Ejecutivo llegó al Parlamento exhibiendo una cifra que, a primera vista, parece contundente: casi S/ 99,893 millones para gobiernos regionales y locales.

El número impresiona. Pero cuando se abre la caja y se revisa dónde terminará cada sol, la fotografía cambia.

De los S/ 58,671 millones destinados a los gobiernos regionales, unos S/ 45,879 millones —el 78.2%— corresponden a gasto corriente. Es decir, recursos destinados principalmente a planillas, funcionamiento y obligaciones operativas.

Para inversión pública quedan alrededor de S/ 12,458 millones.

La diferencia no es un detalle técnico. Es la distancia entre sostener la maquinaria del Estado y construir la infraestructura que las regiones llevan años reclamando. Y el problema se vuelve todavía más evidente cuando se compara con el año anterior: el gasto de capital regional crecería apenas 1.1% respecto de 2026.

La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿dónde está la descentralización si las regiones reciben responsabilidades, pero la inversión no crece al mismo ritmo que las necesidades?

Desde la tribuna, Paredes planteó una respuesta directa: trasladar competencias sin garantizar recursos no es descentralizar; es trasladar el problema.

Menos dinero para seguridad cuando las calles están tomadas

Pero existe otro dato que resulta todavía más difícil de explicar. Mientras el país enfrenta una expansión de la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, el proyecto presupuestal contempla una reducción de S/ 430 millones en los recursos destinados a seguridad ciudadana ejecutada por los gobiernos locales.

La partida pasaría de S/ 3,850 millones a S/ 3,420 millones. En el papel puede parecer una modificación presupuestal. En la calle tiene otro significado.

Son menos recursos para municipios que necesitan combustible para sus patrulleros, mantenimiento de cámaras de vigilancia, equipos y capacidad operativa para sus serenazgos. Y son precisamente los gobiernos locales quienes reciben, todos los días, el reclamo de vecinos que ya no pueden caminar tranquilos por sus propias calles.

La congresista cuestionó por ello que se reduzcan recursos destinados a seguridad precisamente cuando la delincuencia golpea con mayor violencia.

El razonamiento es sencillo: la inseguridad no se combate únicamente desde Lima. El alcalde, el serenazgo y la policía local son quienes terminan enfrentando la primera línea de una crisis que ya no reconoce distritos ni fronteras.

Por eso, Juntos por el Perú plantea restituir los S/ 430 millones y acompañar ese incremento con mecanismos de control que permitan verificar que el dinero termine efectivamente en las calles.

El campo sigue esperando agua

Desde Cajamarca, Paredes llevó también al debate presupuestal un problema que suele desaparecer de los discursos cuando la agenda nacional se concentra en Lima: el agua para la agricultura.

Miles de productores siguen dependiendo de las lluvias, mientras el país arrastra un déficit histórico de reservorios, canales y sistemas de riego tecnificado.

La propuesta planteada es la creación de un Fondo de Choque Hídrico de S/ 2,000 millones, destinado a financiar infraestructura hídrica desde las regiones, con asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

La lógica no necesita demasiadas explicaciones: sin agua no hay agricultura; sin agricultura no hay producción; y sin producción el campo queda condenado a sobrevivir de una campaña a otra.

El problema es que el Perú lleva décadas hablando de seguridad hídrica mientras buena parte de sus agricultores continúa esperando que el cielo decida cuándo habrá cosecha.

Cinco preguntas incómodas para el Ejecutivo

El cuestionamiento de Paredes no quedó reducido a las cifras. La parlamentaria colocó sobre la mesa cinco preguntas que el Gobierno deberá responder si pretende presentar el presupuesto como una verdadera herramienta de desarrollo regional:

Primero: ¿cuánto dinero nuevo llegará realmente a las regiones para ejecutar obras y cerrar brechas?

Segundo: ¿qué asistencia técnica ofrecerá el MEF a gobiernos regionales y municipios para mejorar su capacidad de ejecución, en lugar de castigarlos con recortes cuando no gastan?

Tercero: ¿por qué reducir S/ 430 millones para seguridad local cuando las extorsiones y el sicariato se multiplican?

Cuarto: ¿qué monto concreto se garantizará en 2027 para infraestructura hídrica y riego tecnificado?

Y quinto: ¿cuánto crecerá realmente la inversión pública cuando se descuente el efecto de la inflación?

Son preguntas que no se responden con una cifra global ni con una presentación llena de gráficos.

Porque el presupuesto puede crecer en Lima, en los despachos ministeriales y en las hojas de cálculo. Pero si en Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco o cualquier otra región las carreteras siguen esperando, los agricultores continúan sin agua, los municipios carecen de recursos para enfrentar al crimen y las obras permanecen paralizadas, entonces la llamada descentralización seguirá siendo, una vez más, una promesa escrita en papel.

El presupuesto no se mide por cuánto anuncia el Gobierno. Se mide por cuánto cambia la vida de la gente.

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Política

José Antonio Chang defendió los nombramientos de Tania Ramírez y Diana González: “Ella no tenía por qué renunciar”

El ministro de Educación, José Antonio Chan, defiende las cuestionadas designaciones de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial y Diana Gonzales en PRONABEC, mientras surgen dudas sobre sus credenciales, experiencia e idoneidad para ejercer cargos de alta responsabilidad en el sector. El caso abre nuevas interrogantes sobre los criterios utilizados por el Gobierno para nombrar funcionarios y sobre una meritocracia que parece ceder terreno frente a los perfiles políticos.

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1 día ago

03/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El ministro de Educación, José Antonio Chan Escobedo, en entrevista con Nicolás Lúcar, defendió la designación de Tania Ramírez como representante ante la Derrama Magisterial y el nombramiento de Diana González en PRONABEC. Afirmó que Ramírez es “doctora en economía”, afirmación incorrecta, es egresada del doctorado en política fiscal y sistema tributario en la UNMSM.

El caso Tania Ramírez en la derrama magisterial

Chan Escobedo defendió la idoneidad profesional de Ramírez, describiéndola como una funcionaria que «es una doctora ya en economía, magíster en gestión pública, contadora», credenciales que —según el ministro— son lo esencial para ocupar el cargo.

Revisamos en el repositorio Alicia de Concytec y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para conocer la tesis que escribió para optar el grado de doctora en política fiscal y sistema tributario que refiere el ministro Chang.

No se registra tesis doctoral, requisito indispensable para obtener el grado de doctor. (Décima Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria y en los criterios técnicos de la SUNEDU). La excongresista no es doctora en política fiscal y sistema tributario por la UNMSM.

Salvo que el ministro Chang se refiera a un doctorado en economía no conocido, que la propia excongresista no registró en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de elecciones.

El funcionario también insistió en que «la derrama magisterial no irroga gastos al Estado», ya que las dietas correspondientes las asume una entidad privada supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Respecto a las sospechas surgidas por coincidir en un par de viajes con Ramírez, el ministro explicó que se trataba de delegaciones institucionales vinculadas a la Cátedra de las Américas de la Universidad San Martín de Porres, que él dirigía como rector, una relación académica que —remarcó— existe desde 2004.

El ministro lamentó además que, pese a que «ella no tenía por qué renunciar», Ramírez haya terminado dejando el cargo por la presión mediática, calificando ese desenlace como un sacrificio “injusto hacia ella”, especialmente por tratarse de una mujer joven.

El caso Diana González en PRONABEC

Sobre los cuestionamientos al nombramiento de González en Pronabec, Chan Escobedo fue igual de enfático, remarcando que «ninguna de las dos personas… deja de tener grados, doctorados y maestrías».

Y fue más allá al calificar el trato recibido: «me parece muy injusto el trato que le hacen a mujeres jóvenes que están saliendo adelante», advirtiendo que cuestionar sistemáticamente a profesionales jóvenes con formación termina reservando los cargos públicos únicamente para un círculo cerrado de personas de mayor edad que rotan entre distintas posiciones del Estado.

La Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU oficializó la designación
de Diana Gonzales Delgado como directora de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).

Anexo: Manual de Clasificador de Cargos del Ministerio de Educación (Resolución de Secretaría General N.° 140-2026-MINEDU)

Para demostrar idoneidad en el cargo se habría usado la experiencia como excongresista (2021 y 2026) para acreditar la experiencia general de 5 años y específica de 3 años en la función o materia a través de las equivalencias para puestos de alta dirección en el estado (Decreto Supremo N.° 145-2025-PCM) aprobado durante el gobierno de José Jerí.

Algo que advertimos en nuestra publicación (https://limagris.com/la-herencia-de-jeri-meritocracia-en-retirada-el-cambio-que-abre-la-alta-direccion-del-minedu-y-otros-ministerios-a-perfiles-politicos/. Sabíamos que este gobierno designaría en puestos directivos a políticos.

Por su parte, la presidente Keiko Fujimori calificó la designación de Ramírez como: “Yo creo que es una gran deportista y cumple con los requisitos para poder dirigir”. La exrepresentante fue voleibolista, pero PRONABEC no es una federación deportiva.

Muchos nos preguntamos: ¿qué experiencia demostró para dirigir PRONABEC? ¿Quién evaluó a Diana Gonzales? ¿Qué informe verificó el cumplimiento de su perfil? ¿Qué experiencia concreta fue considerada relevante? ¿Hubo equivalencias?

Su trayectoria pública registra: fue presidenta de la Federación Peruana de Voleibol (Con algunos cuestionamientos a su salida), trabajó en FAGA Motors, pasó por la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC) como asistente de aprendizaje a distancia y posteriormente fue congresista por Arequipa entre 2021 y 2026.

Al respecto: ¿Qué relación mantiene actualmente Diana Gonzales con la UPC? Saber si quien ahora dirige PRONABEC tiene vínculos que puedan ser relevantes para las decisiones que deberá tomar sobre el otorgamiento de becas será importante.

El programa se encuentra en pleno proceso de reingeniería normativa. El Minedu puso en consulta un proyecto de Decreto Supremo de 92 páginas para modificar el Reglamento de la Ley N.° 29837 y reorientar el sentido de las becas.

En tiempos donde el neo-fujimorismo está demostrando no tener cuadros y la necesidad de armar el estado desde cero — eso refleja su pedido de facultades —. Esperemos, que su experiencia en el parlamento le de algunas luces a su tan cuestionada designación, sobre todo ahora, en tiempo de restructuración del estado.

El dato:

La nueva titular de PRONABEC, Diana Gonzales, dio la primera señal de su reingeniería institucional apenas horas después de asumir el cargo. Según fuentes del Minedu consultadas por este medio, Gonzales se reunió por la mañana con los directores de la entidad y, por la tarde, y habría solicitado la renuncia de cinco funcionarios: los responsables de la Dirección de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional (DICONCI), la Unidad de Subvenciones y Financiamiento (USF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), además de un asesor.

Las mismas fuentes adelantaron que a este primer grupo le seguirían nuevos pedidos de renuncia en los próximos días.

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Política

Diputado Marlon Aguirre: “Hasta seis diputados estamos evaluando dejar la bancada”

En medio de las tensiones internas de Juntos por el Perú y con la inseguridad ciudadana como una de las principales preocupaciones del país, el diputado Marlon Aguirre revela que evalúa su futuro político, cuestiona el manejo de la bancada y plantea una respuesta más firme frente a la criminalidad. También habla sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, la protección de las Líneas de Nazca y sus prioridades para Junín.

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1 día ago

03/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

El diputado Marlon Aguirre del partido Juntos por el Perú, aborda las diferencias dentro del partido, así como también el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, la inseguridad ciudadana y la situación de las Líneas de Nazca.

Juntos por el Perú y las diferencias internas

Diputado, en las últimas semanas usted ha expresado diferencias respecto a la conducción de Juntos por el Perú. ¿Cómo describe actualmente la situación de la bancada y considera que son necesarios cambios para fortalecer su unidad y evitar que más parlamentarios opten por retirarse?

Sobre este tema, inicialmente se habló del trato que venía dando el señor Ernesto Zunini, pero ahora hemos visto en varias noticias que hasta seis diputados estarían evaluando dejar la bancada. Esto responde a un mal manejo de la situación dentro del grupo parlamentario y es un tema que nos preocupa. Es una controversia que se ha ido superando; sin embargo, en los últimos días hemos visto que diferentes diputados de Juntos por el Perú ya han tomado decisiones y se ha mencionado que varios estarían evaluando cambiar de bancada.

Esto debería llevar al señor Ernesto Zunini a una reflexión, porque lo que está ocurriendo es bastante preocupante.

El papel de Roberto Sánchez

¿Qué papel viene desempeñando Roberto Sánchez, como presidente de Juntos por el Perú, para buscar consensos y superar estas diferencias?

En realidad, el señor Roberto Sánchez está ausente porque ya no está en la Cámara de Diputados; actualmente se encuentra como asesor en el Senado. Nosotros estamos en la Cámara de Diputados y el señor Zunini es quien está al frente. Por eso considero que existe este desliz político.

También se ha comentado sobre la posibilidad de que usted evalúe otras opciones políticas, incluso un eventual acercamiento a Fuerza Popular. ¿Cuál es actualmente su posición respecto a su permanencia en Juntos por el Perú?

Es un tema que todavía estamos evaluando. Yo no he decidido nada respecto a mi permanencia en Juntos por el Perú. Solamente he dado declaraciones sobre una controversia que ya ha pasado.

Mi compromiso está con la región Junín. Trabajo por Junín y no le doy bendiciones a ningún partido, porque Junín me eligió como parlamentario y estamos en ese camino.

Si eventualmente se produce un cambio de bancada, ¿cómo explicaría esa decisión a los ciudadanos que confiaron en usted y lo eligieron como representante de Junín?

Junín quiere cambio y el Perú quiere cambio. Esa sería la mayor justificación, porque no podemos seguir en retraso. Somos un país democrático y los parlamentarios tenemos que ejercer nuestra función buscando el cambio y el progreso de cada región que nos ha elegido. Si hay un retroceso, no puedo quedarme solamente dando declaraciones o justificaciones en mi región. Tenemos que llegar a consensos y buscar el progreso.

Para dejarlo claro, ¿su permanencia en Juntos por el Perú está asegurada o todavía es una decisión que se encuentra evaluando?

Estamos evaluando el tema del progreso y del avance político, pero todavía estamos en Juntos por el Perú, haciendo consensos. De acuerdo con ello, se verá posteriormente el tema del cambio, si se da o no, en su debido momento.

Inseguridad ciudadana y criminalidad

¿Considera que el Gobierno está adoptando las medidas necesarias para enfrentar la criminalidad organizada, la extorsión y el sicariato?

El Gobierno de la señora Keiko Fujimori está actuando con rapidez, pero existe un defecto en la conducción frente a esta situación. Se tiene que poner mano dura y mano fuerte. Tenemos que ver, sí o sí, el tema de las facultades legislativas que está solicitando el Ejecutivo al Congreso. Esto tiene que ser evaluado con prontitud, porque la inseguridad nos está ganando.

Desde el Congreso se viene evaluando la actuación del ministro del Interior y se ha planteado una eventual interpelación. ¿Cuál será su posición frente a esta iniciativa?

Tenemos que hacer un análisis político más duro, pero considero que primero debemos esperar que cumpla los cien días. Después de esos cien días se podrá hacer una evaluación de su gestión.

Sin embargo, los sucesos que están ocurriendo de manera consecutiva son preocupantes y tenemos que determinar una evaluación sobre su permanencia.

Facultades legislativas

El Ejecutivo también ha solicitado facultades legislativas para adoptar medidas frente a la inseguridad. ¿Está de acuerdo con otorgarlas y qué aspectos considera que deberían ser priorizados?

El tema de las facultades legislativas será materia de un pronunciamiento de la bancada. Lo principal, en lo personal, es que debemos enfocarnos también en educación, trabajo y salud, que son sectores que necesitan atención en la región Junín.

Pero me acojo al pronunciamiento de la bancada y en los próximos días tendremos una respuesta conjunta.

Protección de las Líneas de Nazca

Las investigaciones recientes han permitido identificar nuevos geoglifos en Nazca y han puesto nuevamente en evidencia la enorme riqueza arqueológica de esta zona. ¿Qué acciones considera necesarias para garantizar su protección?

Con el Ministerio de Cultura se tiene que trabajar el tema de la protección, porque es el órgano encargado de velar por nuestro patrimonio. Si no tenemos esa seguridad y protección, estaríamos incurriendo en un descuido frente a lo que se menciona.

Proyectos para Junín

¿Qué medidas concretas puede impulsar para fortalecer la fiscalización y evitar que actividades como la minería ilegal o el tráfico de tierras afecten las Líneas de Nazca?

Tenemos que ir por lo formal, por lo correcto, y no por lo informal. Tenemos que ser consecuentes con nuestras ideas y nuestra visión para que el país avance y no retroceda.

Hablando de Junín, ¿cuáles son actualmente sus principales prioridades como representante de la región y qué proyectos o iniciativas espera concretar durante su gestión?

El tema principal es fortalecer la salud, el trabajo y la educación. En salud tenemos proyectos como las obras de los hospitales de Tarma y Chanchamayo. También buscamos fortalecer las actividades legislativas, por ejemplo, con el tema de las historias clínicas digitales, considerando que integro la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, debemos impulsar el desarrollo y culminación de las obras que necesita nuestra región. Ese será el enfoque durante este periodo, buscando alcanzar objetivos claros para Junín.

Finalmente, diputado, ¿qué mensaje quiere transmitir a los ciudadanos de Junín respecto a su trabajo en el Congreso y a las decisiones políticas que tendrá que tomar durante los próximos meses?

El mensaje es que Marlon Aguirre está trabajando de la mano con ustedes. Ya hemos realizado acciones relevantes en la provincia y en las comunidades de nuestra región.

Quiero que tengan tranquilidad y confianza en el representante que han elegido. Voy a hacer las cosas bien por Junín. No los voy a defraudar. He sido el segundo parlamentario más votado y vamos a trabajar de la mano con ustedes, con una visión de futuro y con identidad. Dios los bendiga y muchas gracias.

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Política

Ministro Beingolea confirmó la renuncia de la madre tras escándalo pero la hija se queda en la BNP [VIDEO]

El ministro de Cultura negó haber intervenido en el nombramiento de la hija en la Biblioteca Nacional y defendió a su exsecretaria, quien renunció tras el escándalo. Sin embargo, reconoció que debió advertir que la contratación de una madre y su hija “iba a sonar mal”.

Published

4 días ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, salió al frente de los cuestionamientos por las polémicas contrataciones de una madre y su hija vinculadas al Ministerio de Cultura y aseguró que no existe ningún acto delictivo ni infracción legal o administrativa en ambos casos. No obstante, durante una entrevista en canal N, admitió que debió anticipar el impacto político y mediático que tendría que dos familiares terminaran vinculadas al sector que dirige.

Beingolea sostuvo que la contratación de la hija en la Biblioteca Nacional del Perú no estuvo bajo su responsabilidad. Explicó que la institución cuenta con un presupuesto y un pliego presupuestal propios, además de autonomía funcional y administrativa, por lo que el jefe de la Biblioteca Nacional, Juan Yangali, tenía la facultad de designar a sus personas de confianza. Según el ministro, la funcionaria fue nombrada como gerente general por decisión de dicha autoridad.

“Primero, no tuve nada que ver”, respondió Beingolea al ser consultado directamente sobre el nombramiento. El ministro insistió en que no existe ninguna irregularidad en el procedimiento y aseguró que su exsecretaria, quien posteriormente fue contratada para prestar servicios en su entorno, contaba con más de diez años de experiencia trabajando para el Estado y había sido su persona de confianza durante cinco años en el Congreso de la República.

Sin embargo, el ministro terminó reconociendo que la situación podía generar cuestionamientos. “Debí darme cuenta de decir, oye, espérate un ratito, esto… Madre e hija”, señaló durante la entrevista. Y añadió que, aunque considera que no se cometió ninguna infracción, debió prever que la decisión sería cuestionada públicamente.

La autocrítica llegó después de que Beingolea confirmara la renuncia de su exsecretaria. Según relató, la funcionaria decidió dejar el cargo luego de considerar que no debía someterse a cuestionamientos que, desde su perspectiva, eran injustificados. El ministro lamentó su salida y la calificó como “una tremenda trabajadora”.

Pero Beingolea también intentó colocar las denuncias dentro de un escenario político más amplio. Recordó que, antes de que estallara el escándalo, había expresado públicamente una posición crítica sobre el Lugar de la Memoria y posteriormente empezó a realizar cambios dentro del Ministerio de Cultura. Según su versión, fue entonces cuando comenzaron las acusaciones.

“Cuando comienzo a ajustar las perlas, comienzan las acusaciones”, afirmó el ministro, quien consideró llamativo que las denuncias aparecieran precisamente cuando empezó a modificar estructuras y dinámicas internas del sector.

Beingolea también cuestionó la presencia de trabajadores que llevan años en el Ministerio y criticó el uso del teletrabajo, asegurando que existen personas que, según él, permanecen “cómodamente instaladas” en la institución.

Mientras el Ministerio Público investiga las circunstancias de las contrataciones, el ministro busca separar su responsabilidad política de las decisiones administrativas adoptadas en la Biblioteca Nacional. Sin embargo, su propia admisión de que debió advertir el problema revela el principal costo político del caso: aun cuando sostiene que no existió una infracción, reconoce que la contratación de una madre y su hija dentro de un mismo sector era, cuando menos, una decisión susceptible de generar cuestionamientos.

Es importante mencionar, que la Fiscalía Anticorrupción viene investigando todos los detalles del escándalo. Queda claro que al ministro Beingolea se le olvidó la reunión que tuvo en su despacho el 31 de julio con Sofía Aguayo Morales. En la investigación, las llamadas telefónicas, chats y documentos internos, serán clave para visibilizar la ruta de la orden que dio Beingolea para designar a la hija de su exsecretaria como gerente general de la BNP.

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Política

Tania Ramírez, José Antonio Chang y la Universidad de San Martín de Porres

La excongresista del partido de gobierno Fuerza Popular fue designada en la Derrama Magisterial en representación del Ministerio de educación, Ramírez mantiene una relación laboral en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) cuyo dueño es José Antonio Chang hoy titular del MINEDU durante el gobierno de Keiko Fujimori.

Published

4 días ago

31/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

La Resolución Ministerial N.° 440-2026-MINEDU incorporó a la excongresista Tania Ramírez García al directorio de la Derrama Magisterial, la institución que administra los aportes mensuales de los docentes del sector público. La designada por el ministro José Antonio Chang comparte espacio en ese directorio con profesionales delegados del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (SIDESP).

Albertista vs keikista

Algunos representantes del partido oficialista Fuerza Popular han comenzado a manifestar opiniones contrarias respecto a la designación de Tania Ramírez.

La senadora del partido Fuerza Popular Martha Chávez exigió públicamente que el ministro Chang ofrezca explicaciones y remarcó: «Yo sí creo que merece una explicación ¡Inmediata!».

Por otro lado, la diputada Rosangela Barbarán al ser consultada sobre el particular, se mostró a favor de la designación mencionando que su excompañera de bancada: «me parece irrelevante el tema (…) la Sra. Tania es doctora o doctorante por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)».

De acuerdo a su declaración jurada la exrepresentante por Cajamarca, realizó estudios en el doctorado en política fiscal y sistema tributario en la UNMSM. Actualmente ostenta una maestría en gestión pública y un titulo profesional de Contador público por la Universidad César Vallejo. Ramírez trabajó como vendedora, como locadora de servicios para la UGEL Jaén y fue congresista por Fuerza Popular en el periodo 2021-2026.

El gobierno y la USMP

El primer ministro, Luis Galarreta Velarde del gobierno de Keiko Fujimori, sustentó recientemente su tesis titulada «La necesidad de incorporar el curso de Derecho Parlamentario en el plan de estudios de la carrera de Derecho para el fortalecimiento de la democracia» para obtener el título profesional de abogado. El asesor de esta investigación fue Ernesto Álvarez Miranda, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Además, Álvarez Miranda ocupó previamente el cargo de presidente del Consejo de ministros durante la gestión de José Jerí.

La tesis del premier sostiene la necesidad de incorporar el curso de Derecho Parlamentario en la carrera de Derecho y recoge las opiniones de: Mercedes Aráoz Fernández (economista y exministra), Juan Sheput (actual ministro de trabajo), Miguel Ángel Torres Morales (actual presidente del congreso y senado), Luis Iberico Núñez (excongresista), Marisol Espinoza (excandidata a la presidencia y con un amistad de antaño con el premier), Carlos Bruce (candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú) y Víctor Andrés García Belaunde (excongresista por Acción Popular). A través de entrevistas semiestructuradas, la investigación analiza el desconocimiento existente sobre la organización, funciones y procedimientos del Congreso y su impacto en la percepción ciudadana y la gobernabilidad democrática que tienen los egresados.

El vínculo de Tania Ramírez con la USMP

La hoja de vida presentada por Ramírez García ante el Jurado Nacional de Elecciones para su postulación al Congreso 2026 añade otro elemento al cuadro. La excongresista es docente en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) desde 2021, casa de estudios que Chang dirigió como rector y dueño durante casi tres décadas, desde 1996, cargo que delegó temporalmente al Ing. Raúl Bao García antes de asumir el Ministerio de Educación.

Su vínculo con la USMP tiene una segunda dimensión: en la misma declaración jurada figura como estudiante de Derecho en esa universidad, cursando el último ciclo (X ciclo) en el periodo 2025-II, sin haber egresado todavía. ¿El ministro Chang le solicitará a Álvarez que también sea el asesor de tesis de Tania Ramírez?

Es decir, al momento de su designación, Ramírez mantenía con la USMP una doble relación, docente y estudiante activa, de la institución que hasta hace poco dirigía el ministro que la nombró.

Silencio oficial

Ministro Rafael Rey.

Las fuentes consultadas dentro del Ministerio de Educación (Minedu) muestran también opiniones divididas sobre la situación de Ramírez. Por un lado, señalan que el ministro José Chang no se encuentra preocupado por este asunto y prefiere esperar a que disminuya la tensión política. Por otro lado, señalan que el ministro estaría recibiendo presiones desde el partido oficialista para exigir la renuncia de Ramírez.

Consultado sobre el caso, ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, evitó pronunciarse al respecto.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación no se ha ofrecido hasta el momento una respuesta pública sobre los criterios utilizados para la designación ni sobre las coincidencias reportadas entre Ramírez y Chang.

Siga el consejo de la abogada Martha Chávez.

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Política

El mensaje de Josué Gutiérrez: ¿una advertencia, un globo de ensayo o una señal al fujimorismo?

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sorprendió al afirmar que si Keiko Fujimori disolviera el Congreso su popularidad podría aumentar entre 20 y 30 puntos. La frase cobra otra dimensión al recordar la fotografía de enero de 2023 que lo mostró reunido en un chifa con Miki Torres, Hernando Guerra García, Alberto Pinto Cáceres y Jaime Abensur Pinasco, cuatro personajes vinculados al fujimorismo. ¿Fue solo una opinión, una provocación para distraer la agenda o una forma de medir cuánto respaldo tendría una decisión extrema?

Published

5 días ago

31/08/2026

Redacción Lima Gris

Foto: La República.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, acaba de pronunciar una de esas frases: “Si mañana Keiko Fujimori disuelve el Congreso va a subir 20 o 30 puntos en su popularidad”. Después vino la aclaración de rigor: “No estoy alentando, soy un demócrata”.

Pero el problema no está solamente en lo que dijo. Está en quién lo dijo, ante quién lo dijo y qué antecedentes rodean a Gutiérrez.

El Defensor del Pueblo no es un observador neutral de la política peruana. Fue congresista, militó en Perú Libre y fue abogado de Vladimir Cerrón. En mayo de 2023 llegó a la Defensoría del Pueblo con 88 votos, y entre ellos estuvieron los 23 congresistas de Fuerza Popular, que votaron en bloque por su candidatura.

Meses antes, en enero de aquel año, ocurrió una escena que hoy adquiere otro significado político. Una fotografía publicada por el diario La República mostró a Gutiérrez conversando en un chifa del centro de Lima con Miki Torres (actual presidente del senado), Hernando Guerra García, Alberto Pinto Cáceres y Jaime Abensur Pinasco (actual diputado y presidente de Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo), vinculados al entorno parlamentario y fujimorista. El propio Gutiérrez sostuvo entonces que no hubo una reunión política y que simplemente se trató de un saludo. El fotógrafo John Reyes, sin embargo, señaló que la conversación se prolongó durante más de quince minutos.

Foto: La República.

No se puede convertir aquella fotografía en prueba de un pacto secreto. Pero tampoco puede borrarse de la historia política. Porque en política las casualidades no existen.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿por qué el defensor del Pueblo introduce públicamente la hipótesis de que Keiko Fujimori podría disolver el Congreso y, además, le asigna un beneficio político concreto de entre 20 y 30 puntos de popularidad?

La Constitución no permite una disolución presidencial discrecional. El artículo 134 establece condiciones específicas vinculadas a la censura o negación de confianza a dos Consejos de Ministros y contempla, además, la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias.

Por eso la frase de Gutiérrez no puede leerse únicamente como una opinión sociológica. Puede ser ruido político: lanzar una declaración extrema para dominar la conversación pública mientras otros problemas quedan desplazados.

Puede ser también una infotáctica, una manera de instalar una idea en la sociedad y medir inmediatamente la reacción de congresistas, partidos, medios y ciudadanía.

Y existe una tercera posibilidad, más delicada: medir la temperatura del país. En política, antes de ejecutar determinadas decisiones, muchas veces se tantea el terreno. Se lanza una idea, se observa quién protesta, quién la respalda, quién guarda silencio y cuánto cuesta políticamente sostenerla.

Eso no demuestra que exista un plan para cerrar el Congreso. No hay evidencia suficiente para afirmarlo. Pero sí existe un hecho político verificable: Gutiérrez colocó esa posibilidad en el debate nacional y, al mismo tiempo, presentó la disolución como una eventual fuente de popularidad presidencial.

Y eso resulta particularmente llamativo cuando se recuerda que su llegada a la Defensoría contó con el respaldo decisivo del fujimorismo. La pregunta, entonces, no es solamente qué quiso decir Josué Gutiérrez. La verdadera pregunta es para quién fue dicho el mensaje.

Porque a veces una declaración no sirve para anunciar una decisión. Sirve para saber cuánto cuesta tomarla.

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Política

Fiscalía Anticorrupción tras los pasos del ministro Alberto Beingolea [VIDEO]

Lima Gris puso bajo la lupa la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional. Edwin Cavello, Luis Felipe Alpaca y Hans Herrera Núñez analizaron las cuestionadas contrataciones, el presunto clientelismo y la falta de experiencia del ministro Alberto Beingolea, a solo un mes del inicio del gobierno de Keiko Fujimori.

Published

6 días ago

30/08/2026

Redacción Lima Gris

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción en las oficinas centrales del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú fue el eje del último programa de Lima Gris, transmitido por radio Planicie 91.5 FM. El equipo abordó las denuncias periodísticas que habrían puesto bajo la lupa a funcionarios y contrataciones realizadas durante la gestión del ministro Alberto Beingolea.

Edwin Cavello abrió el programa contextualizando el origen de la investigación. Según explicó, la intervención fiscal se realizó por un informe periodístico de publicado en Lima Gris sobre los manejos internos del Ministerio de Cultura y, particularmente, con la llegada de personas vinculadas al Partido Popular Cristiano (PPC) a cargos y puestos de confianza. El punto más cuestionado, señaló, no sería únicamente su procedencia política, sino la ausencia del perfil profesional requerido para determinadas funciones.

Cavello puso especial énfasis en el caso de una funcionaria vinculada al entorno del ministro y en la contratación posterior de su madre mediante una orden de servicio por S/ 32.500. Para el conductor del programa de radio Lima Gris, estos hechos formarían parte de un problema mayor. Adelantó, además, que el medio publicará información sobre otros personajes vinculados al PPC que actualmente trabajan en el Ministerio de Cultura, con nombres y documentación.

Luis Felipe Alpaca sostuvo que el caso revela una práctica que, en su opinión, se ha repetido durante diferentes gobiernos. Comparó el episodio con anteriores escándalos de contrataciones en el Estado y advirtió que, con menos de un mes de gestión, este caso se ha convertido en el primer gran escándalo de presunta corrupción que golpea al gobierno de Fuerza Popular. También consideró que mantener al ministro podría generar un mayor costo político para la presidenta Keiko Fujimori.

Hans Herrera Núñez llevó el debate hacia una discusión más profunda: la crisis institucional del Ministerio de Cultura. Cuestionó lo que considera improvisación, amiguismo, compadrazgo y pago de favores políticos. Su posición fue particularmente radical: planteó incluso evaluar la desaparición del Ministerio de Cultura, al considerar que su funcionamiento no estaría produciendo los resultados esperados y que, en casos como Nasca, su inacción habría contribuido al deterioro de la protección del patrimonio.

El programa también cuestionó el perfil de Beingolea para dirigir el sector. Cavello y sus panelistas coincidieron en que su trayectoria política y comunicacional no necesariamente lo prepara para conducir una cartera especializada en patrimonio, industrias culturales e interculturalidad. Para Alpaca, el Ministerio se ha convertido en una suerte de agencia de empleos, mientras los artistas continúan enfrentando dificultades para acceder a apoyo institucional.

Finalmente, la intervención fiscal abre una nueva etapa de escrutinio sobre una cartera que, lejos de estar dedicada exclusivamente a proteger el patrimonio y promover la cultura, vuelve a quedar en el centro de las denuncias por presuntas irregularidades, contrataciones cuestionadas y decisiones políticas.

Aquí el video del programa.

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