El abogado penalista Humberto Abanto cuestionó la forma en que fueron presentadas públicamente las personas detenidas por su presunta participación en el crimen de cuatro personas en Trujillo./ Video: Canal NEl abogado consideró que corresponde al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y al comandante general de la Policía, Óscar Arriola, construir una relación de cooperación que permita una lucha más efectiva contra la criminalidad
CTPorChristian Torres Tutiven »El abogado penalista Humberto Abanto cuestionó la forma en que fueron presentadas públicamente las personas detenidas por su presunta participación en el crimen de cuatro personas en Trujillo y consideró que hubo cierta “precipitación” en el procedimiento debido a la presión generada por la gravedad del caso.
Durante una entrevista con Canal N, Abanto recordó que las personas investigadas no pueden ser presentadas como culpables mientras no exista una sentencia definitiva. En ese sentido, sostuvo que la Policía Nacional debe actuar con prudencia para evitar afectar el desarrollo de las investigaciones y el principio de presunción de inocencia.
“Más que nada podríamos decir que hubo una cierta precipitación al proceso de investigación”, señaló el abogado.
Abanto pide coordinación entre PNP y Ministerio Público
El especialista consideró necesario fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, luego de los cuestionamientos surgidos por la presentación de los detenidos y las versiones contrapuestas sobre la existencia de una confesión.
Abanto sostuvo que la Policía tiene a su cargo la ejecución de determinadas diligencias de investigación, pero recordó que constitucionalmente corresponde al Ministerio Público conducir la investigación del delito desde su inicio.
En ese sentido, señaló que ambas instituciones deben ejercer sus competencias de manera conjunta y superar las tensiones institucionales que, según indicó, se han producido en los últimos años.
El abogado consideró que corresponde al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y al comandante general de la Policía, Óscar Arriola, construir una relación de cooperación que permita una lucha más efectiva contra la criminalidad.
Investigación debe determinar quiénes ejecutaron y quiénes estuvieron detrás
Abanto explicó que el principal objetivo de las diligencias no es determinar si ocurrió el crimen, debido a que se trata de un hecho conocido públicamente, sino establecer con evidencia quiénes participaron directamente y si existieron otras personas detrás de la operación.
Entre las diligencias que consideró necesarias mencionó las declaraciones de los detenidos, las pruebas de absorción atómica, las necropsias y la recopilación de testimonios y otros elementos que permitan identificar de manera indubitable a los responsables.
“Lo que estamos discutiendo es quién cometió el crimen, quiénes son las personas que lo ejecutaron y quiénes son las personas que pudieron estar detrás de esta operación”, explicó.
El penalista consideró además que la investigación podría ser compleja si se confirma que los hechos están vinculados con una organización criminal dedicada a la extorsión.
Podrían solicitar prisión preventiva
Respecto al plazo de detención, Abanto señaló que las diligencias deben continuar y que, una vez que el Ministerio Público consolide los elementos de convicción, podría formalizar la investigación y solicitar prisión preventiva contra los investigados.
Indicó que la eventual medida dependerá de la solidez de las pruebas reunidas y del peligro que los investigados puedan representar para el proceso. El abogado sostuvo que el caso no tendrá una resolución inmediata debido a su complejidad y a la cantidad de diligencias que deben realizarse.
Abanto plantea que caso pueda ser visto en Lima si se confirma crimen organizado
Finalmente, Abanto consideró que, si durante las investigaciones se confirma una conexión con una organización criminal que opera en distintas regiones del país, sería conveniente que el proceso pueda ser asumido por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, con sede en Lima.
Precisó que las pesquisas pueden continuar en el lugar donde ocurrieron los hechos, pero sostuvo que la complejidad del caso y una eventual conexión con el crimen organizado podrían justificar que el proceso sea conocido por dicha instancia especializada.
El abogado insistió en que la Policía y el Ministerio Público deben realizar una investigación “sin prisa pero sin pausa”, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
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