Ministerio de Justicia contrató empresa que entregó facturas no reconocidas por Sunat

Actualidad

Minjus contrató empresa que entregó facturas no reconocidas por Sunat

Minjus contrató empresa que entregó facturas no reconocidas por Sunat. Foto y video: Cuarto Poder

La empresa GZ Perú S.A. obtuvo tres contrataciones directas tras acreditar experiencia con comprobantes que no existen en el sistema tributario según reveló Cuarto Poder

Por:Redacción Canal N »

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) otorgó tres contratos por un total superior a los 16 millones de soles a la empresa de seguridad GZ Perú S.A., la cual presentó documentos contables de experiencia laboral previa con facturas que no existen en los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). De acuerdo con una investigación periodística de Cuarto Poder, la compañía fue invitada y seleccionada de manera directa por la entidad pública para brindar servicios de seguridad y vigilancia a nivel nacional, sin haber pasado por un concurso público de licitación abierta.

La adjudicación de estos fondos estatales se fundamentó en la acreditación de una presunta experiencia comercial con la empresa privada ROAL Laboratorios S.A.C., a la cual se le habría prestado servicios de vigilancia por un monto de 450 000 soles mensuales durante tres años. La contratación directa en el MINJUS fue validada por la Oficina de Abastecimiento del ministerio mediante una constancia simple de prestación de servicios, a pesar de que el representante legal de la citada firma privada no reconoció la firma estampada en el documento y la SUNAT confirmó formalmente la inexistencia de los comprobantes de pago.

¿Cómo se detectó la invalidez de las facturas ante la administración tributaria?

Minjus contrató empresa que entregó facturas no reconocidas por Sunat. Foto: Cuarto Poder

La revisión del sistema informático de la SUNAT determinó que los comprobantes de pago electrónicos presentados por GZ Perú S.A. para acreditar su capacidad operativa no fueron emitidos en el facturador oficial de la entidad tributaria. El abogado tributarista Benjamín Gutiérrez precisó que la factura electrónica 001-106, así como los correlativos 109 y 114 presentados por la empresa, no figuran registradas en la base de datos fiscal, lo que priva a dichos documentos de todo valor legal e indica un presunto indicio de falsificación o adulteración documental.

La confirmación sobre la invalidez de la documentación fue remitida oficialmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante un informe emitido el 30 de julio. El documento expedido por la administración tributaria detalló que en sus sistemas no existe registro alguno de comprobantes de pago ni de constancias del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) vinculadas a transacciones comerciales entre el contribuyente ROAL Laboratorios S.A.C. y el proveedor GZ Perú S.A. en el periodo comprendido entre junio de 2020 y mayo de 2023.

A pesar de contar con la notificación oficial sobre la falta de validez de los comprobantes de pago de la empresa proveedora, la institución pública mantuvo vigentes los vínculos contractuales de resguardo edilicio. Consultado sobre esta situación, el gerente general de GZ Perú S.A., Emiliano Valdelomar Castro, argumentó que la empresa cumplió con presentar los documentos solicitados y adujo desconocer los motivos técnicos por los cuales las facturas declaradas no aparecen registradas en el sistema de la SUNAT.

¿En qué circunstancias se firmaron los contratos directos en el Ministerio de Justicia?

Los tres contratos de seguridad que suman exactamente 16 200 000 soles fueron suscritos entre el 20 y el 24 de julio, durante la fase final de la gestión del exministro Luis Jiménez. El primer contrato se aprobó por un monto de 4 884 000 soles, el segundo superó los 6 000 000 de soles y el tercero se fijó en más de 5 000 000 de soles, formalizándose todos bajo la modalidad de selección directa tras declararse la cancelación de tres concursos públicos previos en los que la empresa adjudicada no había resultado ganadora.

El exministro Luis Jiménez emitió un memorándum la noche previa a su salida del cargo en el que observó la anulación de los procesos de selección anteriores, advirtiendo una dilación en el área de logística desde febrero para la contratación del servicio. No obstante, en descargos brindados por escrito, el exfuncionario sostuvo que no participó directa ni indirectamente en la selección o autorización del proveedor, indicando que la responsabilidad operativa recayó en la Oficina General de Administración y en la Oficina de Abastecimiento de la entidad.

Por su parte, el gerente general del policlínico ROAL Laboratorios S.A.C., Miguel Paz Álvarez, rechazó ante las cámaras de televisión la autenticidad del contrato privado utilizado por la empresa de seguridad ante el Estado. La sede de la firma médica, ubicada en el distrito de Los Olivos, figura como la única instalación de la empresa que supuestamente requería un despliegue de seguridad financiado con un pago mensual de cerca de medio millón de soles, área que en la actualidad no cuenta con personal de resguardo privado.

¿Qué medidas administrativas adoptó el sector tras la revelación periodística?

Minjus contrató empresa que entregó facturas no reconocidas por Sunat. Foto: Cuarto Poder

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado oficial informando sobre el inicio de las acciones legales y administrativas orientadas a resolver la contratación directa de la empresa proveedora. La entidad del Ejecutivo dispuso el inicio del procedimiento para la declaratoria de nulidad de oficio de los tres contratos firmados con GZ Perú S.A., argumentando el estricto cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado tras corroborarse las inconsistencias documentales.

En el mismo pronunciamiento, el sector justicia indicó que los expedientes de contratación han sido derivados al Órgano de Control Institucional (OCI) para que se efectúen las investigaciones correspondientes sobre los funcionarios involucrados en el área de Abastecimiento. Asimismo, la institución comunicó que se han dispuesto las medidas logísticas necesarias para garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios de seguridad y vigilancia en todas sus sedes administrativas a nivel nacional.

Especialistas en contratación pública como la abogada Cecilia Ruiz Morales señalaron que la cancelación reiterada de licitaciones públicas para recurrir a adjudicaciones directas de gran envergadura vulnera los principios de libre competencia y transparencia en el Estado. El caso permanece bajo análisis de la Contraloría General de la República y de las autoridades competentes para determinar si existió una confabulación administrativa encaminada a favorecer indebidamente a la empresa proveedora.