Una investigación de Cuarto Poder ha sacado a la luz un esquema irregular en el que trabajadores y contratistas del programa Llamkasun Perú, bajo gestión del Ministerio de Trabajo, aparecieron como financiadores de su propia directora ejecutiva, Jessica Tumi Rivas. Según los registros oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), diversos militantes y colaboradores de Alianza para el Progreso realizaron aportes en dinero o especie para su candidatura al Congreso. Lo más grave es que, tras estas entregas, obtuvieron órdenes de servicio o contrataciones directas en la institución que ella dirige desde septiembre de 2023.
Al revisar la nómina del programa público, se encontró que casi una docena de personas con contratos recientes aparecen simultáneamente en los padrones oficiales de aportantes. Un detalle clave es que varios de estos financistas no tenían experiencia previa como proveedores del Estado ni figuraban en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) antes de realizar sus entregas. De hecho, obtuvieron sus contratos pocos días después de formalizar su apoyo económico a la funcionaria.
El análisis de las contrataciones en Llamkasun Perú revela un patrón claro: la formalización de los aportes electorales precede inmediatamente a la emisión de órdenes de servicio en el Ministerio. Un caso emblemático es el del ciudadano Jean Pierre Ampudia Leguía, de 30 años. Según su expediente electoral, este hombre realizó dos aportes en especie al total de 8 mil soles para la campaña de Tumi Rivas el pasado 3 y 5 de febrero. Solo tres días después, el 7 de febrero, tramitó su Registro Nacional de Proveedores. Ese mismo mes ya tenía su primera contratación pública por un valor de 12 mil soles mediante dos órdenes de servicio.
La cronología sugiere una conexión directa entre la financiación política y el acceso a recursos estatales. Mientras que otros proveedores tienen trayectoria, estos nuevos contratantes aparecen de la noche a la mañana en los registros electorales con grandes sumas para la campaña de la directiva del ministerio. La investigación detalla cómo la estructura administrativa permitió esta transición rápida desde el rol de donante hasta el de beneficiario de fondos públicos.
La transparencia es fundamental en estas gestiones, y estos hechos cuestionan los mecanismos de control interno que deberían evitar este tipo de favoritismos. Que ciudadanos sin historial previo puedan financiar campañas y luego ser contratados por la misma entidad a la que apoyaron políticamente plantea dudas sobre la equidad en el acceso al empleo público.
Jean Pierre Ampudia Leguía, identificado como financista, sostuvo que su apoyo a Jessica Tumi Rivas derivó exclusivamente de un vínculo personal y amistad, rechazando cualquier influencia en sus contratos laborales dentro del Ministerio de Trabajo. Afirmó haber ingresado a la institución en febrero, aunque los registros oficiales demuestran que nunca prestó servicios para el Estado como persona natural antes de este momento.
La correlación cronológica entre la formalización de aportes y la obtención inmediata de órdenes de servicio ha generado presunciones de irregularidad administrativa. José Trelles, especialista en contrataciones públicas, advierte que estas contrataciones directas sin experiencia previa en el sector público constituyen una prueba de potencial injerencia. Según su criterio, estos hechos podrían encuadrarse en los delitos de negociación incompatible o colusión.
El análisis se profundiza al revisar el registro de financistas de Llamkasun Perú, que abarca a múltiples contratistas ingresados durante 2024 para apoyar a su directora ejecutiva. Un ejemplo claro es Sergio Javier Gutiérrez García; este trabajador no tenía contrataciones previas con el Estado, ingresó en 2024 y acumuló seis órdenes de servicio antes de reportar un aporte de 4 mil 500 soles a la campaña electoral de Jessica Tumi Rivas.
En paralelo, Jorge Andrés Campos Gavidia prestó servicios en el Ministerio de Trabajo, obteniendo 11 órdenes de servicio dentro del programa social. Los padrones de la ONPE confirman que figura como aportante de 10 mil soles mediante la elaboración de agendas publicitarias para la funcionaria.
Otro caso relevante es el de Álvaro Pérez García. Contratado desde el 8 de agosto de 2024 como analista de información y procesamiento de datos, este servidor acumuló igualmente 11 órdenes de servicio. Su contribución económica alcanza los 8 mil soles destinados a la candidatura parlamentaria.
Estos datos revelan un patrón donde nuevos ingresos laborales se alinean temporalmente con el financiamiento político. La coexistencia de contrataciones directas y aportes económicos por parte de personal sin historial público previo genera interrogantes sobre la transparencia del proceso. Cada uno de los casos mencionados ilustra cómo la formalización administrativa coincide estrechamente con las fechas de aporte a la campaña, sugiriendo una relación directa entre el acceso a recursos estatales y el apoyo electoral brindado.
La investigación continúa examinando si estas prácticas constituyen un mecanismo sistemático para asegurar lealtades políticas o simplemente son coincidencias administrativas. La ausencia de antecedentes laborales previos en todos los casos analizados refuerza la hipótesis de que estos contratos no surgieron por mérito profesional, sino bajo presiones o acuerdos específicos relacionados con el entorno político.
A estos casos se suma el de José Luis Lizano Caichihua, quien ingresó a la entidad en 2024 para brindar servicios de asistencia en labores generales y operatividad del programa. En total, la investigación identificó a casi una docena de servidores de la misma oficina que entregaron fondos para el sostenimiento del despliegue electoral de su superior jerárquica. Lizano Caichihua registra 13 órdenes de servicio emitidas por la institución y aparece en el registro de la ONPE como financista de la campaña de Jessica Tumi Rivas con una entrega de 4 mil 500 soles.
Jessica Tumi Rivas se desempeñó como candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula encabezada por César Acuña y aspiró a una representación en el Congreso de la República. Tras la culminación del proceso electoral, la funcionaria continuó al frente de la dirección ejecutiva de Llamkasun Perú, cargo que ocupa desde septiembre de 2023 de manera ininterrumpida. Durante las últimas semanas, Tumi Rivas ha mantenido actividades oficiales conjuntas con el ministro de Trabajo, Juan Sheput, en inspecciones a zonas afectadas por emergencias en Villa El Salvador y la región Junín.
Respecto a la supervisión de estos fondos, la especialista en materia electoral Silvia aclaró que las competencias fiscalizadoras de la ONPE se restringen a verificar la identidad de los aportantes y la cuantía de los montos declarados. La especialista indicó que el organismo electoral no posee las facultades para determinar si los financistas contaban con la capacidad económica suficiente ni para investigar posibles vínculos directos con las entidades donde laboran. No obstante, advirtió que la existencia de presunta coacción o condicionamiento sobre los trabajadores excede la vía administrativa y constituye un hecho punible.
Pese a que existen evidencias documentales vinculando los aportes de campaña con la posterior emisión de órdenes de servicio en el sector público, la directora ejecutiva continúa ejerciendo sus funciones en la administración del programa de empleo temporal. Juan Sheput, ministro de Trabajo, respaldó públicamente esta continuidad tras evaluar la situación en el terreno junto a Jessica Tumi Rivas y el equipo del programa estatal. «Su despacho evaluó la situación», señaló el funcionario, quien avala que la funcionaria siga trabajando para el Estado. El caso refleja una contradicción marcada: mientras se investigan presuntos vínculos financieros entre donaciones políticas y contrataciones oficiales, la gestión administrativa no ha sido suspendida.
La Ministra enfatizó que su despacho revisó los hechos de primera mano antes de tomar esta decisión. Jessica Tumi Rivas, figura clave en el programa estatal, acompañó al ministro en dicha verificación. A pesar de las denuncias que sugieren un esquema donde los fondos electorales facilitaron la obtención de órdenes de servicio públicas, la funcionaria mantiene su cargo sin interrupciones. Esta postura del gobierno central indica que, por ahora, los aportes a Alianza para el Progreso no han impedido la continuidad laboral de sus allegados en estructuras estatales.
Juan Sheput afirmó explícitamente que su despacho evaluó la situación en terreno. Jessica Tumi Rivas estuvo presente durante dicha evaluación con el equipo del programa estatal. Aunque las evidencias documentales vinculan los aportes de campaña con la emisión posterior de órdenes de servicio, la directora ejecutiva mantiene sus funciones.
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