La reciente presentación del pedido de facultades legislativas del gabinete presidido por Luis Galarreta vuelve a poner este mecanismo en la agenda política. Cabe recordar que el fallecido expresidente Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria, también recurrió a esta vía durante su primer mes de gobierno, hace 36 años.

Cambios

El 28 de julio de 1990, durante su primer mensaje a la Nación, Fujimori solicitó autorización para legislar por 180 días en materia tributaria. Según explicó, buscaba garantizar la recaudación fiscal y financiar las medidas de apoyo social.

“Presento al Congreso el proyecto de ley correspondiente, con carácter de urgente”, anunció.

El alcance inicial, sin embargo, fue ampliado casi un mes después. El 27 de agosto, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Juan Carlos Hurtado Miller, acudió al Congreso con una propuesta que incluía cambios en la estructura del Estado.

Su presentación se prolongó durante tres horas e incluyó un diagnóstico de la crisis económica, social y política heredada del primer gobierno de Alan García.

Hurtado Miller pidió facultades por 180 días para reorganizar los ministerios de Economía y del Interior. Además, buscaba modificar las reglas de funcionamiento del Ejecutivo, sus organismos y la administración de las empresas públicas.

La solicitud también comprendía cambios en las normas relacionadas con el comercio exterior, la minería, la industria, la pesca, la electricidad, el sector agrario y la pequeña empresa.

Asimismo, incluía materias como presupuesto, seguridad social, planificación y remuneraciones del sector público.

Con el objetivo de mantener el control parlamentario, Hurtado Miller propuso que una comisión bicameral multipartidaria revisara los proyectos de decretos legislativos en un plazo de 15 días.

El tratamiento de las empresas públicas marcó uno de los principales cambios. Durante aquella primera intervención ante el Congreso, Fujimori descartó una privatización general y anunció la reestructuración de Petroperú, Electroperú, Entelperú y Sedapal.

Sin embargo, un mes después, Hurtado Miller abrió la posibilidad de vender las compañías que no fueran estratégicas ni demostraran eficiencia.

También planteó permitir la participación de trabajadores e inversionistas privados, entregar su administración a terceros o vender parte de sus actividades.

Las empresas que permanecieran bajo control estatal, en tanto, tendrían que demostrar que eran eficientes.

Paralelo

Por su parte, el gabinete de Luis Galarreta solicita facultades por 120 días para desarrollar 66 medidas. La propuesta guarda similitudes con la de 1990, pues incluye cambios en la organización estatal, minería, pesca, electricidad, agricultura, pequeña empresa, comercio exterior, vivienda y seguridad.

Sin embargo, el alcance no es el mismo. El proyecto actual no contempla una autorización general para vender o privatizar empresas públicas ni plantea reorganizar ministerios.

En cambio, propone una reforma estructural del Ejecutivo, modificaciones en el servicio civil y la reestructuración de Sedapal.

Por otra parte, Petroperú, pese a continuar como una dificultad económica para el Gobierno, no figura expresamente en la solicitud.

La seguridad constituye otro punto de comparación. El primer gobierno de Fujimori enfrentaba el accionar de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Por ello, incluyó la violencia terrorista entre los problemas que sustentaban la transformación del Estado y solicitó reorganizar el Ministerio del Interior.

El gabinete de Galarreta también coloca la seguridad entre sus prioridades, pero parte de una amenaza distinta. Su proyecto propone establecer el marco legal para declarar como terroristas a organizaciones criminales y regular su clasificación y registro. Además, plantea medidas contra la extorsión, el sicariato y otros mercados ilícitos.

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