El Poder Ejecutivo declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional, con el fin de reducir las brechas existentes, ampliar y construir nuevos espacios educativos, fortalecer la planificación y gestión, y garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las inversiones.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 013-2026-Minedu, publicado hoy en el diario El Peruano, y responde a la existencia de una significativa brecha de infraestructura educativa, así como a deficiencias estructurales de gobernanza que dificultan su reducción.

El dispositivo señala que el estado de emergencia permitirá adoptar las acciones administrativas necesarias durante el proceso de reforma normativa y mejorar la eficiencia y eficacia de las intervenciones y proyectos de infraestructura educativa que se ejecutan bajo distintas modalidades.

Según los informes técnicos que sustentan la norma, también se identificó la necesidad de fortalecer el mantenimiento de los locales educativos, mejorar la sostenibilidad de las inversiones y optimizar la gestión de información sobre la infraestructura educativa pública a nivel nacional.

La declaratoria busca acelerar las acciones destinadas a disminuir el déficit existente mediante la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos, de acuerdo con las necesidades identificadas a nivel nacional.

Infraestructura educativa. (Foto: Difusión)
Infraestructura educativa. (Foto: Difusión)

Plazos

El Minedu deberá formular una propuesta normativa con rango legal para crear un sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional, así como establecer un ente rector adscrito a dicho ministerio.

Asimismo, contará con un plazo máximo de 30 días hábiles, desde la publicación del decreto supremo, para cumplir con la elaboración de las normas y la propuesta normativa encargadas.

La implementación de la declaratoria se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El decreto supremo fue refrendado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el ministro de Educación, José Chang Escobedo.

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