El futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) será evaluado en el Congreso en un contexto de debate sobre su continuidad. El registro tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre, pero la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) acordó pedir una ampliación por tres años.
La discusión pasará primero por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Luego será revisada por la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado.
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El IPE advierte que el mecanismo de formalización limita la lucha contra la minería ilegal, mientras esta actividad ilícita impulsa la violencia y fortalece vínculos con el narcotráfico en regiones como La Libertad. (Foto: Difusión)
En ambas comisiones hay legisladores que han defendido la minería informal, se reunieron con gremios del sector o expresaron rechazo a nuevas ampliaciones.
Cuestionamientos al Reinfo
El debate ocurre en medio de cuestionamientos al uso del Reinfo. Especialistas han señalado que el registro puede ser utilizado para lavar oro ilegal y proteger actividades ilícitas.
Durante el encuentro «Diálogo ciudadano ¿Hacia dónde va el Perú?», realizado en Cusco, la senadora Ruth Luque Ibarra advirtió sobre el crecimiento de economías ilícitas y su relación con decisiones políticas.
“En los últimos cinco años hay un crecimiento impresionante de las economías ilícitas que se están conjugando con el poder político. Por eso se aprueban leyes que favorecen a actores que provienen de esos sectores vinculados a economías ilegales”, dijo.
Luque sostuvo que la minería del oro es la primera economía ilegal. Luego mencionó la trata de personas, el tráfico de drogas, la tala ilegal, la extorsión, el contrabando, la pesca ilegal, el tráfico de terrenos, la piratería y el tráfico de flora y fauna. “No estamos hablando de cualquier tipo de economía ilícita”, anotó.
Advertencias de especialistas
Para César Ipenza, abogado y especialista del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), una nueva ampliación no resolvería el problema. Según indicó, el Reinfo se ha convertido en un mecanismo que permite prolongar la actividad minera sin que los operadores asuman las consecuencias de sus operaciones.
Ipenza recordó que el proceso de formalización tiene 24 años. También señaló que quienes permanecen en el registro ya deberían haber cumplido las obligaciones exigidas.
El especialista cuestionó que se mantenga una exención de responsabilidad penal mientras los operadores continúan trabajando. Además, advirtió que el Reinfo puede ser utilizado para blanquear oro de origen ilegal.
Según explicó, no existe un mecanismo para contrastar cuánto mineral produce cada operador con cuánto comercializa o exporta. Por ello, planteó que, si el Congreso aprueba una nueva ampliación, los mineros declaren las coordenadas donde operan y se sometan a fiscalización.
Comisiones del Senado y Diputados
En el Senado, la comisión vinculada al tema está presidida por Daniel Barragán, de Obras. El legislador señaló que antes de decidir una nueva ampliación se debe evaluar la situación y cuestionó pasos que, según dijo, dificultan la formalización.
Juntos por el Perú tiene como representantes en esa comisión a José Castillo, Jaime Quito y Joaquín Yauri. Quito votó a favor de la anterior ampliación del Reinfo en el Congreso anterior. Además, legisladores de esa bancada se reunieron recientemente con gremios de mineros informales.
Juver Flores, del Partido del Buen Gobierno, ocupa la vicepresidencia de la comisión. De acuerdo con la información proporcionada, ha asesorado a organizaciones mineras en proceso de formalización y mantiene vínculos con mineros informales. Sin embargo, ha dicho que no apoyará otra ampliación.
Ruth Luque, de Ahora Nación, mantiene una posición crítica frente al Reinfo hereditario y al predictamen de la Ley MAPE. En Fuerza Popular, Víctor Flores defendió la flexibilización para la minería informal y votó a favor de anteriores ampliaciones; Karla Schaefer se mostró en contra de las prórrogas; y Rafael Yamashiro considera que el registro está agotado y debe ser reemplazado por un proceso de formalización real.
Revisión en la Cámara de Diputados
La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados estará presidida hasta 2027 por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú. Raúl Jesús Camargo será vicepresidente y Milagros Santana ocupará la secretaría.
Paredes se reunió en Lima con representantes de Confemin, uno de los gremios de mineros informales que respalda la continuidad del Reinfo. La comisión está integrada por 18 legisladores.
Entre sus integrantes figura Jesús Pérez, de Apurímac, pequeño minero y empresario de transporte. Llegó al Congreso con respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac y tiene base minera en Uchuro, Totora Oropesa.
También participa Marino Lavado, de La Libertad y de Juntos por el Perú. Antes de asumir el cargo, propuso expropiar determinadas concesiones y sostuvo que los mineros debían acceder directamente a ellas.
Por Fuerza Popular, Geanmarco Quezada planteó en el Conamin 2026 una «lucha frontal» contra la minería ilegal y su vínculo con organizaciones criminales. A la vez, propuso reducir trabas y tiempos administrativos para proyectos mineros formales y atender dificultades de pequeños productores.
Mientras Confemin solicita una nueva ampliación y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino, no descarta extender el registro hasta que se apruebe la nueva Ley MAPE, el Congreso deberá definir si mantiene, condiciona o cierra el esquema vigente de formalización minera.
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