Más del 58% de las IE públicas no cuenta con saneamiento físico-legal: Gobierno declara en emergencia la infraestructura educativa nacional

Educación Más del 58% de las IE públicas no cuenta con saneamiento físico-legal: Gobierno declara en emergencia la infraestructura educativa nacional El Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU oficializa una nueva declaratoria de emergencia. Al 2025, 32 863 instituciones educativas —el 58,68% del…

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El Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU oficializa una nueva declaratoria de emergencia. Al 2025, 32 863 instituciones educativas —el 58,68% del total— aún no cuentan con saneamiento físico-legal.

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25 segundos ago

27/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

El decreto publicado hoy 27 de agosto, lleva la firma de la mandataria Keiko Fujimori y del ministro de Educación, José Antonio Chang. El objetivo es habilitar acciones administrativas mientras se desarrolla la reforma, mejorando la eficiencia de intervenciones que hoy se ejecutan bajo distintas modalidades y generan problemas de gobernanza.

Los informes técnicos identificaron tres necesidades: reforzar el mantenimiento de los locales escolares, mejorar la sostenibilidad de las inversiones ya realizadas y ordenar la información sobre infraestructura a nivel nacional, algo que hoy dificulta saber el estado real de cada colegio.

El eje más relevante de la norma es institucional: separar las funciones de rectoría y política pública, que corresponden al Minedu, de las de ejecución, supervisión técnica y fiscalización, hoy repartidas entre el ministerio, el PRONIED, los gobiernos regionales y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

El Minedu tiene 30 días para diseñar las medidas que reorganicen el sector, la idea es crear el sistema funcional de infraestructura educativa.

El Plan Estratégico Institucional 2025-2030 del Minedu partía de apenas 7,4% de cierre de la brecha en 2023, con una meta de solo 8,1% para 2030, sobre más de 56 mil locales educativos.

32,863 IE del país no tienen saneamiento Físico-legal A octubre de 2025 el MINEDU registra 32 863 inmuebles educativos en condición de “no saneado” lo que representan el 58.68% del total nacional (56 mil a nivel nacional), distribuidos en 25 regiones y 241 UGEL. Cajamarca concentra la mayor cantidad, con 3 577 registros, seguida de Loreto (2 889), Puno (2 827), Junín (2 368) y Huánuco (2 044).

La Tabla 1 y Figura 1 muestran la distribución de frecuencias (f) y porcentajes (%) por región. Cajamarca concentra la mayor cantidad de predios no saneados (3,577; 10.88%), seguida de Loreto y Puno, mientras que Moquegua registra la menor cantidad (101; 0.31%). Estos datos evidencian una importante brecha pendiente en el saneamiento físico-legal de los predios destinados al servicio educativo.

Al respecto el Minedu y la Sunarp ya iniciaron coordinaciones para agilizar el saneamiento físico-legal de los terrenos donde funcionan IE públicas y agilizar futuras inversiones.

El último quinquenio y las Escuelas Bicentenario

Al inicio en durante el mandato de Pedro Castillo, se inició la firma del contrato del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP-EB) original de las 75 escuelas, formalmente bajo acuerdos de Gobierno a Gobierno (GTOG) con el Reino Unido y Finlandia, siendo el primer proyecto especial en el sector educación. Castillo no logró entregar ninguna escuela.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, la gestión de Morgan Quero logró una inversión superior a S/11,200 millones entre 2023 y 2025, con 153 colegios nuevos, una de las mayores inversiones en el sector educación.

PEIP – Escuelas Bicentenario a julio del 2026, entregó 68 de las 75 instituciones de su primera etapa, con siete en construcción, y sumó un segundo paquete de 17 escuelas que lo proyectó a 92. Al cierre de la gestión de Jorge Marticorena, el 27 de julio de 2026, el Minedu incorporó ocho inversiones no programadas al PMI 2026-2028.

De las 68 entregadas en el último quinquenio; 42 durante la gestión de Morgan Quero, 18 escuelas por Jorge Figueroa y logrando el financiamiento de 16, y 8 inauguradas entre las gestiones de los exministros Manuel Castillo y María Esther Cuadros.

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Consejo Nacional de Educación 2026-2029: la mitad de los designados no fueron propuestos por la comunidad educativa

Leonardo Serrano Zapata

Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).

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Consejo Nacional de Educación 2026-2029: la mitad de los designados no fueron propuestos por la comunidad educativa

Revisamos los expedientes de los designados por la exministra María Esther Cuadros y muestran que solo tres consejeros fueron propuestos por la comunidad educativa. Ada Gallegos Ruiz Conejo, Mileydi Flores Fernández, Livia Piñas Rivera, Luciana Puente Berry y Guido Rospigliosi Galindo; presentaron su propia candidatura.

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3 días ago

24/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

El Decreto Supremo N.° 002-2023-MINEDU señala que son los «actores vinculados a la comunidad educativa» quienes pueden presentar propuestas de consejeros. La norma habla de terceros que postulan a un candidato, no se permiten solicitudes personales (autopostulación).

Al revisar los expedientes de los 12 designados mediante la Resolución Ministerial N.° 332-2026-MINEDU, previamente seleccionados con serios cuestionamientos por Ebert Ordinola, quien presidió el comité; Sandra Ramírez, entonces viceministra de Gestión Institucional (actual jefa de asesores del ministro Chang); y Gerber Pérez, viceministro de Gestión Pedagógica y Marcela Benavides, presidenta del Directorio de Empresarios por la Educación.

Solo tres consejeros; José Luis Naranjo Correa (11/05), José Vicente Ramos Lalupú (12/05), y Grecia Elena Rojas Ortiz (11/05), fueron propuestos por terceros. Otros seis Mileydi Flores Fernández (06/05), Ada Gallegos Ruiz Conejo (12/05), Livia Cristina Piñas Rivera (12/05), Miriam Ponce Vértiz (12/05), Luciana Puente Berry (11/05) y Guido Alfredo Rospigliosi Galindo (12/05); presentaron directamente su propia candidatura, pese a no estar contemplado en la norma, fueron admitidos de continuar en el proceso hasta su designación.

Lida Violeta Asencios Trujillo ingresó por renovación, y en los casos de Ángela Bravo Chacón y Mariela Eyzaguirre Retamozo no fue posible identificar el ingreso de sus expedientes en el sistema del MINEDU (MPD2026-EXT-475756 y 467958).

Recordemos que Miriam Ponce Vértiz renunció para posteriormente ser designada (Resolución Suprema N° 019-2026-MINEDU) como viceministra de gestión pedagógica en la gestión del ministro de educación José Antonio Chang.

Un caso que destaca es el de Ada Lucía Gallegos Ruiz Conejo, actual presidenta del CNE. Su expediente (MPD2026-EXT-0478837) registro que presentó su propia candidatura el 12 de mayo de 2026, alrededor de las 23 :00 horas, último día del plazo.

Como se recuerda ella demandó al MINEDU en calidad de directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú – ASUP, en el 2015 exigiendo transparencia en los procedimientos de SUNEDU. ¿Tenemos derecho los peruanos de exigir transparencia y cumplimiento del Art. 6 del Decreto Supremo N.° 002-2023-MINEDU en la designación de los miembros de CNE 2026-2029? Lo tenemos.

En la convocatoria realizada el 29 de abril de 2026, el MINEDU convocó a que la comunidad educativa hiciera la “presentación de propuestas para la selección de miembros del CNE periodo 2026-2029”.

¿Cuál era el interés de la gestión de María Esther Cuadros de aceptarlos ‘así nada más’? ¿Dedocracia? Es pertinente que el Minedu aclare por qué en la convocatoria 2026-2029 se permitió explícitamente la autopostulación. La mayoría presentados entre el 11 y 12 de mayo.

El artículo 10 del TUO de la Ley N.° 27444 contempla la nulidad de actos administrativos; “La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”.

La gestión de Chang deberá evaluar la nulidad de oficio de este proceso y volverlo a convocar.

En una institución encargada de orientar la política educativa nacional, la legitimidad de sus integrantes depende tanto de su trayectoria como de un proceso objetivo, transparente y conforme a la normativa vigente.

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Educación

La pensión de los maestros y el 100% de CTS para personal Cas irá al Tribunal Constitucional ¿Existe otra alternativa?

Elmer Cuba, ministro de economía en entrevista manifestó la posición oficial del gobierno de Keiko Fujimori de enviar al Tribunal Constitucional Ley N° 32581 (para la pensión de los maestros jubilados y cesantes) y la Ley N° 32563 (que incorpora el pago de gratificaciones y el 100% de la CTS para el personal CAS). Sin plantear una alternativa sobre las pensiones y la CTS.

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1 semana ago

17/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

La declaración del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sobre las pensiones de los maestros jubilados y cesantes y el 100% de CTS al personal CAS, abre un debate que va mucho más allá de una disputa entre el Ejecutivo y el Congreso.

Cuba fue contundente al señalar que no existe manera de que el Gobierno cumpla normas que, a su juicio, fueron aprobadas ilegalmente y que vulneran la Constitución. El argumento central es conocido: el Congreso no puede asumir iniciativa de gasto y comprometer recursos públicos sin considerar la sostenibilidad fiscal.

Pero aquí aparece el primer problema. Durante años, los maestros jubilados y los trabajadores CAS han escuchado promesas sobre una pensión digna mientras y la compensación por tiempo de servicio, mientras tanto sus ingresos pierden capacidad adquisitiva. No estamos hablando únicamente de cifras en una hoja de cálculo, sino de personas que dedicaron décadas al servicio educativo y que ahora reclaman que el Estado cumpla con una deuda social.

Ya advertimos en anteriores columnas sobre el riesgo de comprometer la caja fiscal con decisiones que no tengan respaldo presupuestal. La discusión sobre una pensión digna para los maestros no puede convertirse en una competencia de populismo entre poderes del Estado. Tampoco puede resolverse simplemente diciendo que “no hay plata”.

El conflicto como anunció el ministro, irá al Tribunal Constitucional, en un contexto en el que el Colegio de Economistas de Lima viene impulsando acciones de inconstitucionalidad contra normas vinculadas al gasto público y al régimen de pensiones de docentes y policías.

Además, existe una pregunta que el Gobierno debería responder con absoluta claridad: si considera que estas normas son inconstitucionales, ¿Cuál será su propuesta alternativa para mejorar las pensiones? Porque decir “no va” puede ser políticamente contundente, pero no constituye una política pública.

Una semana antes de la declaración del 16 de julio en Cuarto Poder el ministro de economía hablaba de encontrar una salida al tema de las pensiones de los docentes. Sin embargo, esto no fue mencionado. ¿El gobierno cambió de postura?

La gestión de Keiko Fujimori acaba de comenzar y tiene una oportunidad para ordenar esta discusión. No sería prudente permitir que las pensiones sean utilizadas otra vez como moneda política por el Congreso.

Elmer Cuba tiene razón en advertir sobre el equilibrio fiscal. Pero el Gobierno también debe demostrar que detrás de la defensa de la caja fiscal existe una alternativa concreta para quienes esperan una jubilación que les permita vivir con dignidad. De momento no se hace pública otra alternativa.

DATO:

Mediante la Resolución Ministerial N.° 466-2026-MINEDU, el Ministerio de Educación designó a Miriam Zuloeta Seclén como jefa de la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación de la Oficina General de Recursos Humanos del MINEDU. La designación se produce pese a que EPSEL mantiene una demanda por daños y perjuicios en su contra ante el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. En este proceso, mediante la Resolución de Gerencia General N.° 000065-2025-OTASS-GG, del 23 de septiembre de 2025, el OTASS le otorgó defensa legal. Dicha resolución fue suscrita por María Teresa Cornejo Ramos, entonces gerente general del OTASS.

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Educación

Secundaria en deuda: solo uno de cada diez estudiantes alcanza los aprendizajes esperados en matemática y lectura

Las brechas de aprendizaje persisten entre colegios públicos y privados y entre zonas urbanas y rurales. La Universidad Católica San Pablo advierte que estas deficiencias llegan hasta la educación superior y limitan la capacidad del país para formar el talento que demanda el mercado laboral.

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2 semanas ago

13/08/2026

Redacción Lima Gris

Las brechas de aprendizaje que arrastran los estudiantes durante la educación secundaria no terminan al cerrar las puertas del colegio. Por el contrario, se trasladan a las aulas universitarias, condicionan la formación profesional y terminan impactando en la capacidad del país para responder a las exigencias de un mercado laboral cada vez más competitivo.

La Universidad Católica San Pablo de Arequipa (UCSP) alertó sobre esta situación a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025. Las cifras revelan una realidad preocupante: apenas el 12.8 % de los estudiantes de quinto de secundaria alcanzó un nivel satisfactorio en matemática y solo el 11.3 % lo hizo en lectura. En otras palabras, apenas uno de cada diez escolares llega al final de la secundaria con los aprendizajes esperados en estas dos áreas fundamentales.

El problema, además, no se distribuye de manera uniforme. Las diferencias entre estudiantes de colegios públicos y privados, así como entre quienes viven en zonas urbanas y rurales, siguen siendo marcadas pese a la aplicación del enfoque por competencias que actualmente orienta la educación escolar peruana.

Los resultados de la ENLA muestran, por ejemplo, que en segundo de secundaria tres de cada diez estudiantes de colegios privados alcanzan un nivel satisfactorio en lectura, mientras que en las instituciones públicas la proporción se reduce a uno de cada diez. La brecha también aparece al comparar el ámbito geográfico: mientras el 21 % de los estudiantes urbanos logra un desempeño satisfactorio, en las zonas rurales la cifra cae hasta el 6.2 %.

Para Giancarlo Vera, director del Departamento de Educación de la UCSP, estos resultados evidencian que la secundaria debe ocupar un lugar central en la política educativa nacional. Las deficiencias acumuladas durante esta etapa terminan acompañando a los jóvenes en los siguientes niveles de formación.

“La secundaria debe ocupar un lugar central en la ruta educativa del país por concentrar brechas que terminan acompañando a los jóvenes en las siguientes etapas de su formación”, señaló.

El especialista advirtió que cuando la escuela no consigue consolidar los conocimientos fundamentales ni construir una relación pedagógica significativa, la educación superior recibe estudiantes con bases insuficientes. El problema, entonces, deja de ser exclusivamente educativo y se convierte también en un desafío para el desarrollo del país.

“La comprensión lectora y el razonamiento matemático son herramientas transversales para aprendizajes más complejos; si no se consolidan en la educación básica, la etapa superior enfrenta carencias que debieron resolverse previamente”, sostuvo Vera. Según explicó, esta situación termina comprometiendo tanto el crecimiento económico como la necesaria conexión entre la formación educativa y las demandas del mercado laboral.

Tres prioridades para cerrar las brechas

Frente a este escenario, la UCSP plantea tres prioridades para enfrentar el déficit. La primera es recuperar los aprendizajes fundamentales mediante un currículo sólido y una enseñanza efectiva. La segunda consiste en elevar la calidad de la formación inicial de los docentes, no solo en el dominio de sus disciplinas y herramientas pedagógicas, sino también en su dimensión humana.

La tercera prioridad apunta a distribuir mejor el talento docente y dirigirlo hacia las especialidades y territorios donde existen mayores déficits, particularmente en la educación secundaria y en las zonas rurales.

Una nueva carrera para formar docentes de secundaria

Como parte de su respuesta a esta problemática, la Universidad Católica San Pablo anunció que desde marzo de 2027 incorporará a su oferta académica la carrera de Educación Secundaria, con dos especialidades: Lengua, Literatura y Arte; y Matemáticas y Ciencias Naturales.

El programa tendrá una duración de diez semestres y se desarrollará bajo una modalidad presencial. Su propuesta combinará formación pedagógica, currículo y didáctica con experiencias prácticas e investigación, con el objetivo de preparar docentes capaces de responder a las necesidades específicas de los adolescentes.

“Buscamos formar docentes con conocimiento sólido de su especialidad, capaces de integrar disciplinas y maestría pedagógica para acompañar integralmente a los adolescentes”, explicó Vera.

El desafío, sin embargo, va más allá de abrir nuevas carreras o incorporar más docentes. Los resultados de la ENLA muestran que el Perú tiene pendiente una tarea mayor: conseguir que los estudiantes terminen la secundaria con las herramientas básicas que les permitan continuar aprendiendo, acceder a una formación superior de calidad y desenvolverse en un mercado laboral que exige cada vez mayores competencias.

“El Perú necesita recuperar los aprendizajes fundamentales y formar docentes de secundaria capaces, con integridad y vocación por formar a la persona”, concluyó el director del Departamento de Educación de la UCSP.

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Educación

Minedu excluye a estudiante de EBA de concursos y elimina el Concurso Nacional de Discurso y Ensayo José Faustino Sánchez Carrión

El Ministerio de Educación (Minedu) en la gestión de María Esther Cuadros, además de excluir a los estudiantes de EBA de los concursos (ONEM-AA, «Eureka» y «El Perú Lee»), eliminó el concurso Discurso y Ensayo José Faustino Sánchez Carrión, creado en su gestión como viceministra de gestión pedagógica. ¿Por qué incomoda tanto discutir sobre república y democracia?

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2 semanas ago

11/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

«No puede haber república donde el pueblo no está seguro del ejercicio de sus propias facultades» sostuvo José Faustino Sánchez Carrión, el «Solitario de Sayán». Un concurso escolar es un espacio de reconocimiento de las competencias de los estudiantes y nadie debería ser excluido.

La Resolución Viceministerial N.° 106-2026-Minedu aprobó las bases de los Concursos Educativos 2026, reúne ocho concursos: los Juegos Florales Escolares Nacionales, el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo «José María Arguedas», la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática – Aceros Arequipa (ONEM-AA), el Concurso Nacional Crea y Emprende, la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología «Eureka», el Concurso Nacional de Comprensión Lectora «El Perú Lee», «Ideas en Acción» y «La Buena Escuela».

Fuente: Resolución Viceministerial N.° 106-2026-MINEDU normativa concursos educativos 2026.

La resolución dirige la participación en los concursos ONEM-AA, «Eureka» y «El Perú Lee» únicamente a estudiantes de Educación Básica Regular (primaria y secundaria). El txto no incluye a los estudiantes de la Educación Básica Alternativa (EBA) entre los participantes habilitados en estos tres concursos, esto no es de ahora, viene ocurriendo desde varias gestiones.

La EBA atiende a adolescentes, jóvenes y adultos desde los catorce años. Estos estudiantes interrumpieron sus estudios y buscan retomarlos. Muchos estudiantes de la EBA trabajan, sostienen responsabilidades familiares y participan en elecciones. EBR y EBA comparten la misma cantidad de competencias que son parte del perfil de egreso de la Educación Básica. Por tanto, el estudiante de la modalidad EBA está facultado para participar en cualquier concurso convocado por el estado peruano.

Eliminan el Concurso Nacional de Discurso y Ensayo José Faustino Sánchez Carrión

Mediante la Ley N° 30572, el Estado declaró el 2 de junio como el Día de José Faustino Sánchez Carrión. En 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) durante la gestión del entonces ministro Morgan Quero y viceministra de Gestión Pedagógica era profesora María Esther Cuadros creó el Concurso Nacional de Discurso y Ensayo «José Faustino Sánchez Carrión» a través de la RVM N° 051-2025-MINEDU.

Sin embargo, en 2026, la gestión de la ministra María Esther Cuadros eliminó este certamen sin previo aviso. Esta decisión resulta inesperada, pues la autoridad se formó como docente en una escuela normal, institución que Sánchez Carrión impulsó originalmente mediante el método lancasteriano.

El concurso permitía un espacio para la escritura y el debate sobre ciudadanía, democracia y vida republicana entre estudiantes vinculándolos con el legado del en palabras del historiador Jorge Basadre «el principal redactor de la Constitución». No obstante, en su primera edición, el Minedu no incluyó a los estudiantes de la modalidad de Educación Básica Alternativa (EBA) entre los participantes.

El Minedu debe de integrar a la EBA en la totalidad de los concursos y restituir Concurso Nacional de Discurso y Ensayo «José Faustino Sánchez Carrión” en el próximo calendario escolar.

El ministro José Antonio Chang y la viceministra de Gestión Pedagógica Miriam Ponce tienen la tarea de corregir estas omisiones para asegurar una participación educativa inclusiva y coherente con nuestra historia republicana.

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Educación

Pronabec convierte la investigación en hoja de ruta para fortalecer becas y empleo juvenil

El Segundo Seminario de Investigación reunió a especialistas, académicos y autoridades que coincidieron en la necesidad de fortalecer el financiamiento estudiantil, impulsar la educación técnica y mejorar la inserción laboral de los jóvenes. Los estudios presentados servirán de base para futuras políticas públicas.

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1 mes ago

20/07/2026

Redacción Lima Gris

La investigación académica puede convertirse en una herramienta decisiva para mejorar las políticas públicas. Bajo esa premisa, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) realizó el Segundo Seminario de Investigación «Educación superior, financiamiento estudiantil e inserción laboral», un encuentro que congregó a investigadores, especialistas, representantes del Estado y del sector privado para analizar los principales desafíos que enfrenta la educación superior en el Perú.

Durante la inauguración, el director ejecutivo del Pronabec, Enrique Chon Yamasato, afirmó que las conclusiones obtenidas durante el evento no deben quedar únicamente en el ámbito académico, sino traducirse en nuevas iniciativas que contribuyan a ampliar las oportunidades educativas y laborales de miles de jóvenes peruanos.

«Pronabec es una pieza de un sistema educativo que debe funcionar de manera articulada con otras instituciones. Queremos que las reflexiones y propuestas surgidas en este seminario se conviertan en el punto de partida de nuevos proyectos de investigación que fortalezcan la educación del país», señaló durante el encuentro realizado los días 16 y 17 de julio en el auditorio de la Comunidad Andina.

El funcionario explicó además que el Pronabec atraviesa un proceso de reingeniería institucional orientado a fortalecer la meritocracia, recuperar el talento y brindar un acompañamiento integral a los becarios, con el objetivo de garantizar que culminen exitosamente sus estudios y logren una inserción efectiva en el mercado laboral.

Las investigaciones presentadas durante el seminario respaldaron la importancia del programa como mecanismo para identificar y financiar a estudiantes con alto rendimiento académico, además de impulsar carreras técnicas vinculadas a sectores de mayor demanda laboral y maximizar el impacto de la inversión pública en educación superior.

Uno de los estudios más destacados fue el del antropólogo Rodrigo Valladares, quien reveló que el 52 % de los beneficiarios de Beca 18 que estudian en la Universidad Peruana Cayetano Heredia ocuparon los primeros puestos de rendimiento académico durante el semestre 2025-II. Según la investigación, estos resultados responden al proceso de selección que realiza Pronabec para identificar jóvenes con elevado potencial académico.

El seminario también puso énfasis en la necesidad de revalorar la educación técnica. Carlos Hernández, gerente de Desarrollo del Senati, sostuvo que muchas carreras técnicas ofrecen ingresos iguales o incluso superiores a los de algunas profesiones universitarias, aunque esa información todavía no llega de manera adecuada a los jóvenes y sus familias.

Por su parte, el investigador principal de GRADE, Miguel Jaramillo, advirtió sobre la disminución del empleo juvenil tras la pandemia. «Tenemos más jóvenes en el Perú, pero menos participando en el mercado laboral», señaló, al destacar la necesidad de articular mejor la formación profesional con las demandas del sector productivo.

El encuentro también contó con la participación del viceministro de Trabajo, Walter Borja, y del exministro de Educación Óscar Becerra, quien destacó el aporte del Pronabec para reconocer el mérito académico y ampliar el acceso a la educación superior. Asimismo, participaron especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unesco, GRADE, la Cámara de Comercio de Lima, la Confiep y la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, quienes coincidieron en que la evidencia científica resulta indispensable para diseñar políticas educativas más eficientes y orientadas a cerrar las brechas de acceso y permanencia en la educación superior.

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Educación

Día del Maestro y José María Balcázar continúa sin oficializar la renuncia de María Esther Cuadros

La crisis en el Ministerio de Educación no termina con una carta de renuncia. Mientras el Ejecutivo demora su oficialización, persisten los cuestionamientos sobre la meritocracia, la transparencia y la responsabilidad política.

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2 meses ago

06/07/2026

Leonardo Serrano Zapata

En el Día del Maestro, mientras miles de docentes recibían el reconocimiento de sus estudiantes y comunidades, la imagen refleja la contradicción que atraviesa hoy el sector: un saludo oficial en medio de una crisis que el Gobierno todavía no logra cerrar. El 3 de julio de 2026, María Esther Cuadros puso su cargo a disposición del presidente José María Balcázar. Sin embargo, hasta la fecha, su salida no ha sido oficializada. No se trata de un simple formalismo.

La renuncia de un ministro debe ser evaluada y aceptada por el presidente de la República. Además, debe ser refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, a través de un decreto supremo. Solo entonces puede designarse oficialmente a un nuevo titular del sector.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el día 3 de julio, presidida por Lady Camones, dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional contra la ministra María Esther Cuadros por presuntas infracciones a la Constitución relacionadas con el caso SUNEDU. La congresista Tania Ramírez solicitó priorizar su trámite, al considerar que la Resolución Ministerial N.° 338-2026 vulnera la autonomía de la SUNEDU. Camones precisó que la Subcomisión tiene un plazo máximo de diez días hábiles para emitir el informe de calificación antes de continuar con el procedimiento. Será el próximo Congreso, para ser exactos la Cámara de diputados quien decida el destino de Cuadros.

Como sostuve en mi columna «Renuncia como refugio de la ministra María Esther Cuadros: una huida que no clausura el escándalo» la salida de la titular del sector parece responder más a la necesidad de contener el costo político que a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. El próximo Consejo de Ministros será clave para despejar la incertidumbre. Ahí se sabrá si María Esther Cuadros Espinoza continúa en el cargo o si, finalmente, el Gobierno oficializa su salida.

La controversia también alcanzó al entorno más cercano del despacho ministerial. La designación de Erbert Hernán Ordinola Ramírez como secretario general del Ministerio de Educación abrió un intenso debate sobre los estándares de meritocracia aplicados por la propia administración. En mis columnas «La frágil meritocracia: José María Balcázar en el banquillo, Erbert Ordinola, secretario general del Minedu, con diplomas sin valor oficial» y «Erbert Hernán Ordinola Ramírez asumió la Secretaría General del Minedu con diplomados express y sin aval de una casa superior de estudios», expuse los cuestionamientos sobre la validez oficial de parte de las certificaciones académicas utilizadas para sustentar su trayectoria.

El caso del Ministerio de Educación tampoco parece ser aislado. Según reveló el programa Cuarto Poder, cuestionamientos similares alcanzan al ministro de Trabajo, Freddy Solano, quien habría presentado un certificado laboral cuya autenticidad fue desconocida por Carlos Ubillus Urbina, gerente general de Service JCU S.R.L. Si estos hechos terminan confirmándose, el Gobierno de José María Balcázar enfrentará un problema estructural: la designación de altos funcionarios cuyos documentos de respaldo terminan siendo objeto de serios cuestionamientos públicos.

La contradicción es evidente. Durante años, el Ministerio de Educación ha defendido la meritocracia como el principio rector para el ingreso, permanencia y ascenso en la Carrera Pública Magisterial. Los maestros sostenemos la educación peruana todos los días. El mejor homenaje no consiste únicamente en un mensaje institucional, sino en garantizar un Ministerio de Educación transparente, con autoridades elegidas por mérito y capaces de generar confianza.

Mientras José María Balcázar mantenga pendiente la oficialización de la renuncia de María Esther Cuadros y continúen sin esclarecerse las responsabilidades derivadas de esta crisis, de no ocurrir, Cuadros lideraría la transferencia de gestión como titular del MINEDU.

Tome nota, señora Keiko Fujimori.

Nos preguntamos si el voceado próximo ministro de educación José Antonio Chang tomará distancia de la gestión de María Esther Cuadros e iniciará los procedimientos de oficio con respecto a la designación del Erbert Hernán Ordinola Ramírez como secretario general del Ministerio de Educación. Chag o quién disponga la próxima mandataria, heredaría una pesada responsabilidad, la de reconstruir la credibilidad del Ministerio de Educación.

No bastará con reemplazar funcionarios; será indispensable restablecer la transparencia, fortalecer la meritocracia y devolver la confianza a la institución encargada de formar el futuro del Perú.

¡Feliz día del maestro queridos colegas!

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Educación

Ebert Hernán Ordinola Ramírez asumió la Secretaría General del MINEDU con diplomados express y sin aval de una casa superior de estudios

El diario El Comercio reveló hace unas semanas la existencia de una red de certificados exprés emitidos por entidades privadas sin aval de SERVIR ni de una casa superior de estudios (Instituto o Universidad), utilizados por distintos ciudadanos para acceder a cargos públicos. Una revisión de la documentación presentada el Secretario General de la ministra de Educación, Esther Cuadros Espinoza, muestra que este patrón también estaría presente en el MINEDU.

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2 meses ago

27/06/2026

Leonardo Serrano Zapata

El Ministerio de Educación (MINEDU) modificó recientemente su clasificador de cargos para permitir que funcionarios accedan a puestos directivos mediante la figura de «equivalencia de experiencia». Bajo esa disposición, Ebert Hernán Ordinola Ramírez fue designado secretario general del MINEDU mediante la Resolución Ministerial N.° 336-2026-MINEDU, el 10 de junio de 2026 —documento de carácter público al que se accedió para esta nota—. El cargo, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 001-2015-MINEDU, constituye la máxima autoridad administrativa del sector.

Ordinola Ramírez es abogado por la Universidad Nacional de Piura, con estudios inscritos en SUNEDU. Según su currículo presentado al MINEDU, trabajó en la Fiscalía de Piura (2012-2015), en la Dirección Regional de Educación de Piura (2015-2017) y como especialista CAS en el MINEDU (2017-2024). En febrero de 2024 fue contratado como locador bajo la modalidad FAG. En marzo de 2026, un día después de que Cuadros Espinoza asumiera el despacho ministerial, fue nombrado jefe de su gabinete de asesores. Menos de tres meses más tarde fue ascendido a la Secretaría General con una remuneración mensual de S/ 25,000.

Los diplomados cuestionados

Entre la documentación que sustenta su ascenso, Ordinola Ramírez presentó tres diplomados emitidos por el Instituto Peruano de Administración Gubernamental (IPERAG), con RUC 20605642552, cuyo gerente general es Luis Alberto Haro Ames. Los certificados —firmados por el economista Luis Alberto Haro Pinedo— corresponden a los cursos «Contrataciones del Estado», «Control Gubernamental» y «Gestión Pública en Conflictos Sociales».

La revisión de estos documentos muestra tres elementos verificables: los tres diplomados tienen números de registro correlativos, fueron emitidos el mismo día (28 de diciembre de 2023) y declaran un período de estudios idéntico (21 de agosto al 31 de octubre de 2023), con 240 horas académicas cada uno —720 horas en total—. De ser exactos estos datos consignados en los propios certificados, implicarían el cursado simultáneo de las tres formaciones en un lapso de dos meses.

La paradoja, según la RVM 215-2021-MINEDU a los docentes se les exige que los diplomados tengan una duración mínima de 384 horas o de acuerdo al artículo 43 de la Ley 30220 Ley Universitaria: Diplomados de Posgrado: Son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en áreas específicas. Se debe completar un mínimo de veinticuatro (24) créditos.

Para entender cómo se emiten estos documentos, este medio se comunicó con IPERAG a través del canal de contacto que la empresa ofrece por WhatsApp. Allí se informó que los tres diplomas tienen un costo de S/60 y que la «La promoción incluye certificación inmediata» y «le entregaremos hoy mismo sus certificados para que pueda presentarlos». Los documentos incluyen códigos QR, y no están respaldados por una entidad formadora —instituto o universidad— inscrita en el MINEDU o en SUNEDU.

Al ser consultados si IPERAG cuenta con algún tipo de aval institucional. La empresa indicó estar «avalada por SERVIR». Sin embargo, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 000214-2025-SERVIR-PE, que regula la capacitación de servidores públicos por parte de entidades privadas, no establece un sistema de acreditación o aval obligatorio para este tipo de empresas; permite que ofrezcan capacitación, lo que es distinto de una certificación oficial de calidad académica.

Un patrón en su trayectoria documental

El perfil del puesto de locador FAG que Ordinola ocupó en el Viceministerio de Gestión Pedagógica entre febrero de 2024 y marzo de 2026 por ese entonces despacho a cargo de la hoy ministra Esther Cuadros Espinoza. El Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) es un mecanismo del Estado creado para incorporar profesionales altamente calificados en cargos estratégicos de la administración pública, bajo criterios de especialización técnica y experiencia comprobada.

Su currículo incluye un diplomado en Derecho Administrativo y procedimiento administrativo sancionador emitido por CEPEG en marzo de 2023, meses antes de su ingreso al ministerio.

La plataforma oficial de verificación de CEPEG (https://cepeg.pe/certificados.php) arrojó que el DNI 15954628, correspondiente a Ordinola, Secretario General del MINEDU, «no se encontró en el sistema de certificados digitales», lo que pone en duda la autenticidad de las credenciales de esa institución que presentó para acceder al cargo que ocupa actualmente. Le preguntamos a la empresa y nos dijeron: “me sale que si está matriculado en el campus, no me sale en el sistema de matrículas”.

También preguntamos por los cursos y diplomados, nos ofrecieron la modalidad acelerada que permite al participante obtener un diplomado en 1, 2 o 3 días y notificación de la certificación vía correo electrónico.

La evaluación para el ascenso de Ordinola Ramírez a la Secretaría General incluyó la revisión del Certificado de Prestación de Servicios – FAG N.° 00013-2026-MINEDU, entre otros documentos, a cargo de Ivette Melva Infantes Montalvo, jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del MINEDU.

En el recuadro de observaciones de dicho documento se consigna lo siguiente, citando los Términos de Referencia (TDR) del contrato: «Según TDR, descripción de la actividad: Brindar asesoría legal y absolver las consultas legales efectuadas por los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Gestión Pedagógica, en el marco de los objetivos institucionales (…)».

Sin embargo, una revisión del expediente muestra que el TDR citado no fue adjuntado entre los documentos del currículo presentado por Ordinola, ni aparece referenciado en los informes, memorandos u otros actos administrativos vinculados a su evaluación para el cargo de secretario general. Es decir, la funcionaria a cargo de validar la idoneidad del candidato citó el contenido de un documento que no figura entre los anexos puestos a disposición para sustentar dicha evaluación.

El problema de la equivalencia

El Reglamento de la Ley N.° 31419, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 145-2025-PCM exige que un secretario general de ministerio acredite ocho años de experiencia general y cuatro años de experiencia específica en cargos directivos. Ordinola solo tiene dos años verificables en un puesto directivo: su paso como director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Educación de Piura entre 2015 y 2017. La mitad de lo exigido.

El resto de su trayectoria en el MINEDU fue como especialista CAS y, desde febrero de 2024, como Locador FAG — un contrato de consultoría regido por el Código Civil, sin vínculo laboral con el Estado y sin funciones de dirección. El propio MEF lo aclara en comunicado oficial del 2021: el FAG «solo puede celebrarse para el desarrollo de asesorías, consultorías y actividad profesional calificada».

Sus propios Términos de Referencia lo confirman: su función era «brindar asesoría legal y absolver consultas legales de los órganos de línea.» Asesoría operativa, no dirección. Y el expediente no contiene ningún informe ni acto de conformidad del Viceministerio que acredite impacto estratégico en la Alta Dirección.

No fue posible determinar bajo qué literal específico de la normativa de equivalencias se sustentó su designación de Ordinola. Lo que sí es claro es que la pregunta existe, no ha sido respondida oficialmente, y le corresponde a la autoridad competente hacerlo.

La versión del funcionario

Este medio intentó comunicarse con Ebert Hernán Ordinola Ramírez por WhatsApp para conocer su versión sobre los hallazgos antes mencionados. No respondió hasta el cierre de esta nota.

Corresponderá al MINEDU y a las entidades competentes realizar la verificación posterior de la documentación presentada por el servidor Ordinola, a fin de esclarecer los hechos, considerando que suscribió una declaración jurada el 10 de junio de 2026 señalando la veracidad documentaria en su CV.

Dato:

Ebert Hernán Ordinola Ramírez presidió la comisión que formuló las propuestas para conformar el Consejo Nacional de Educación 2026-2029 junto a Sandra Inés Ramírez Méndez, viceministra de Gestión Institucional, Gerber Sergio Pérez Postigo, viceministro de Gestión Pedagógica, Marcela Benavides Alfaro, presidenta del Directorio de Empresarios por la Educación, y Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Ver nuestra cobertura anterior: https://limagris.com/el-gobierno-de-jose-maria-balcazar-empenado-en-controlar-el-consejo-nacional-de-educacion/

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Educación

SUNEDU y el caso Hernán Ávila Morales [VIDEO]

Hernán Ávila, rector designado de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, denunció en el programa de Lima Gris una cadena de decisiones contradictorias dentro de la SUNEDU que, según sostiene, ha prolongado durante casi dos años una crisis institucional que afecta la gobernabilidad de la casa de estudios y perjudica directamente a miles de estudiantes.

Published

2 meses ago

26/06/2026

Redacción Lima Gris

La crisis que atraviesa la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA) se ha convertido en uno de los casos más polémicos sobre el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). En entrevista con el programa Lima Gris, conducido por el periodista Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca, el rector designado Hernán Ávila Morales sostuvo que la universidad permanece atrapada en un prolongado conflicto administrativo debido a decisiones contradictorias emitidas por la propia entidad encargada de supervisar el sistema universitario.

Según explicó Ávila, el origen del problema se remonta a octubre de 2024, cuando el entonces rector Juan López fue vacado por la Asamblea Universitaria. Sin embargo, pese a que dicha decisión ya había sido registrada oficialmente, López convocó nuevas sesiones del Consejo y de la Asamblea Universitaria, de las cuales —asegura Ávila— fueron retirados varios asambleístas y autoridades, entre ellos el propio vicerrector académico.

El conflicto no terminó allí. De acuerdo con el relato del rector designado, el exrector permaneció durante varios días ocupando las instalaciones de la universidad, impidiendo el normal funcionamiento de las actividades académicas, administrativas y de investigación. Incluso, denunció que se restringió el acceso al campus universitario para evitar su reemplazo.

Durante varios meses el caso fue evaluado por la SUNEDU. Finalmente, en julio de 2025 la entidad emitió un procedimiento administrativo sancionador concluyendo, según Ávila, que la separación de los miembros de la Asamblea Universitaria y de su persona como vicerrector había sido irregular.

Posteriormente, en noviembre del mismo año, la SUNEDU emitió una resolución que retiraba a Juan López del cargo y designaba a Hernán Ávila como rector titular interino. No obstante, la situación volvió a cambiar pocas semanas después. Con el relevo en la conducción de la superintendencia, el nuevo Consejo Directivo dejó sin efecto esa decisión mediante otra resolución que restituyó al anterior rector, generando una controversia que, hasta la fecha, continúa sin resolverse.

Para Ávila, esa sucesión de resoluciones evidencia graves inconsistencias dentro de la propia SUNEDU. El docente afirmó que actualmente existen incluso siete medidas cautelares que respaldarían su restitución como autoridad universitaria, pero que no han sido ejecutadas.

Más allá del litigio administrativo, el rector designado sostiene que el principal perjudicado es el funcionamiento de la universidad. Durante la entrevista describió un panorama crítico en la infraestructura del campus, señalando problemas de transitabilidad, deficiencias en los servicios básicos, riesgos sanitarios, obras inconclusas y laboratorios que debieron estar operativos desde el año pasado.

También cuestionó el retraso en la entrega de nuevas instalaciones para la formación de estudiantes y la falta de equipamiento tecnológico indispensable para el desarrollo de las clases. A su juicio, la prolongación del conflicto institucional ha impedido tomar decisiones que permitan recuperar el ritmo de crecimiento de la universidad.

Ávila descartó que el enfrentamiento tenga un origen personal con el exrector. Explicó que ambos integraron la misma lista electoral y que las diferencias surgieron cuando, según afirma, el entonces rector dejó de convocar regularmente a la Asamblea Universitaria, incumpliendo lo establecido por la Ley Universitaria. Esa situación llevó a que los propios asambleístas impulsaran el proceso de vacancia.

Otro de los puntos más delicados de la entrevista fue su crítica a la conducción de la SUNEDU. El rector designado cuestionó la permanencia del actual superintendente y consideró que corresponde al Consejo Directivo, ahora con todos sus integrantes, elegir democráticamente a una nueva autoridad que permita resolver casos pendientes como el de la UNIA.

Finalmente, Ávila hizo un llamado para que las nuevas autoridades del país coloquen la educación superior entre sus prioridades y revisen el funcionamiento del sistema universitario. Asimismo, agradeció que los medios de comunicación mantengan el debate público sobre estos conflictos, al considerar que la transparencia resulta indispensable para fortalecer la institucionalidad de las universidades públicas.

El caso de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía refleja cómo una disputa administrativa puede extenderse durante años cuando las decisiones institucionales carecen de estabilidad. Mientras las resoluciones se contradicen y las controversias permanecen abiertas, la gobernabilidad universitaria continúa en suspenso y quienes terminan pagando el costo son los estudiantes, docentes y trabajadores que esperan una solución definitiva.

Aquí la entrevista completa:

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