Marcelino Huamán, postulante a la alcaldía de Villa El Salvador por Alianza para el Progreso, enfrenta un proceso judicial iniciado por su esposa por violencia familiar. Un juzgado especializado en violencia contra las mujeres y integrantes del grupo familiar dictó medidas de protección a favor de la señora y sus hijas.

La resolución emitida en septiembre de 2024 calificó el nivel de riesgo como severo y ordenó a Huamán abstenerse de insultarla, amenazarla o hostigarla. Además, se establecieron restricciones de acercamiento, control policial y un botón de pánico para la mujer, mientras que también se incluyó protección para sus hijas.

En diciembre de 2025, el candidato solicitó levantar estas disposiciones, pero el pedido fue rechazado por el juzgado. En enero de 2026, la decisión quedó consentida, por lo que las medidas de protección continúan vigentes. El expediente también recoge la denuncia por violencia psicológica presentada por la esposa, quien señaló episodios de maltrato verbal y denigración.

A pesar de que el expediente se gestiona bajo la Ley N.° 30364, es importante precisar que las medidas de protección no constituyen una condena penal por violencia, sino una decisión judicial adoptada frente a una situación de riesgo existente en ese momento.

Otros antecedentes judiciales

No obstante, el proceso por violencia familiar no es el único antecedente legal del postulante. Marcelino Huamán registra además una condena firme por falsificación y uso indebido de documentos públicos, lo que agrava su situación jurídica actual.

Mientras Marcelino Huamán busca convertirse en alcalde de Villa El Salvador, su candidatura enfrenta cuestionamientos derivados de una condena penal previa y un proceso de violencia familiar. Según consta documentalmente, el candidato cuenta con medidas de protección judiciales para su esposa e hijas que no fueron levantadas cuando él lo solicitó.Marcelino Huamán

El caso vuelve a poner bajo escrutinio al aspirante. La esposa del candidato ahora busca acceder a garantías personales ante las autoridades. Según la denuncia, acudió a la Prefectura, pero no pudo concretar el trámite debido a un presunto vínculo familiar con Huamán. Este último señalamiento deberá ser esclarecido por la autoridad correspondiente.

En 2015, el Segundo Juzgado Especializado Penal de Villa María del Triunfo le impuso tres años de prisión suspendida por dos, 90 días de multa y S/1.500 de reparación civil. La sentencia fue confirmada en 2016 por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima Sur.

Según la resolución, el caso estuvo relacionado con documentos falsos utilizados en un procedimiento de sucesión intestada y la inscripción de un inmueble. Huamán también afronta un proceso de alimentos iniciado en 2026 a favor de sus dos hijas. El juzgado admitió la demanda y estableció una asignación anticipada de S/600 mensuales, mientras continúa el proceso.

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