El caso forma parte de una investigación fiscal contra una presunta red integrada por médicos, funerarias y empresas, que habría manipulado registros para cobrar más de S/22 millones en seguros y fondos previsionales.
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Valeria TossoEscucharResumenCompartirJosué Valdés Gutiérrez había muerto en diciembre de 2008. Sin embargo, 12 años después, su identidad volvió a figurar en un nuevo certificado de defunción que consignó su fallecimiento el 11 de noviembre de 2020 en Paucartambo, Cusco. A partir de esta segunda muerte, una presunta red logró cobrar S/1,3 millones de su seguro previsional mediante documentación falsa, según reveló Latina Noticias.
La Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro investiga una presunta organización criminal que, de acuerdo con la información difundida por el dominical, habría utilizado identidades de personas fallecidas para reconstruir historias familiares y laborales, registrarlas en sistemas previsionales y, posteriormente, activar cobros de seguros, pensiones y gastos de sepelio. La modalidad habría generado desembolsos irregulares por más de S/22 millones.
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El certificado médico de la segunda defunción de Valdés señaló como causa de muerte una neumonía por COVID-19 y contó con la firma de Edgar Eduardo Poma Condori, médico legista e investigado como presunto cabecilla de la organización. No obstante, documentos revisados durante las pesquisas establecieron que Valdés ya había fallecido en 2008.
Aportes antes de su segunda muerte
El movimiento en la cuenta previsional de Valdés comenzó pocos días antes de la segunda defunción. De acuerdo con la investigación difundida por Latina, el hombre estaba inscrito en el sistema de pensiones desde 2003, aunque no registraba aportes significativos.
Siete días antes de la fecha consignada en el nuevo certificado de defunción, la empresa individual Raquelita efectuó aportes correspondientes a abril, junio, julio, agosto y septiembre de 2020. Estos registros permitieron completar una historia laboral que serviría como parte del sustento para el posterior cobro del seguro.
Raquel Rojas Díaz se presentó como esposa de Valdés y realizó los trámites para acceder al gasto de sepelio y al seguro previsional. Para respaldar su condición de beneficiaria, presentó un acta de matrimonio y certificados de nacimiento de dos supuestos hijos.
El 13 de enero de 2022, la cuenta vinculada a Valdés recibió un aporte de S/1,3 millones de una compañía de seguros. Las autoridades investigan la autenticidad de la documentación utilizada para sustentar el vínculo familiar y el resto de trámites que permitieron concretar el desembolso.
Muertos convertidos en nuevos asegurados
El expediente de Valdés constituye uno de los casos que reveló el presunto esquema investigado por la Fiscalía. Según las pesquisas, la organización habría recurrido a certificados de defunción con datos falsos, partidas de nacimiento y actas de matrimonio adulteradas, además de registros laborales y aportes previsionales, para obtener beneficios económicos a nombre de personas que ya habían muerto.
La investigación incluye otros casos con características similares. Entre ellos figura César Chura Ticona, quien ingresó al sistema previsional en mayo de 2020 y murió en noviembre de ese mismo año. Su supuesta esposa obtuvo un pago de S/941.983. También aparecen expedientes relacionados con personas que, tras una primera defunción, volvieron a figurar como fallecidas años después y generaron cobros de cientos de miles o más de un millón de soles.
La policía y el Ministerio Público investigan la participación de funerarias, empresas y otras personas en esta presunta red. Las autoridades también buscan establecer el destino del dinero y determinar si la falsificación de certificados de defunción pudo servir para encubrir a personas requeridas por la justicia.
Todos los integrantes investigados en este caso cumplen 18 meses de prisión preventiva, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de la organización y la ruta de los más de S/22 millones que habría obtenido mediante este mecanismo, según la investigación fiscal.
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