Solo hace un mes, el sismo del 20 de julio de 5.1 grados en Junín dejó cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados, según el reporte de Indeci. Y aunque el país haya salido relativamente “bien librado” del último sismo en Ayacucho, la lección es exactamente la contraria: acabamos de recibir una advertencia sin que se materializara el peor escenario.
Es cierto que los terremotos no se miden en función de los muertos. Y es que los heridos y la destrucción de viviendas son problemas colaterales y muy graves. Un puente fuera de servicio o por ejemplo un derrumbe en una carretera puede producir un efecto enorme en el transporte.
Las lluvias contribuyen más al desplome. Un ejemplo clarísimo es lo ocurrido con la variante de la Panamericana en Arequipa. La vía quedó partida en dos. La imagen dio la vuelta en redes sociales y, con ella, se podía ver alrededor larguísimas colas de buses varados. No había como llevar alimento a los mercados de la zona. Los ciudadanos varados tuvieron que comer un cargmento de piñas para no quedarse sin alimento mientras Arequipa continuaba en pausa.
Vías en riesgo
Aunque es en papel una maravilla antisísmica (más de 1,100 aisladores de base que, según el diseño revisado por la consultora internacional Miyamoto), el aeropuerto Jorge Chávez puede estar en riesgo. Y es que tiene zonas que aún están en construcción y que después de un gran movimiento sísmico, todavía pueden ceder.
Por otro lado, la Municipalidad Provincial del Callao también advirtió este mes: el acceso al aeropuerto depende de puentes Bailey —estructuras modulares, pensadas como solución temporal, no como infraestructura permanente— tendidos sobre el río Rímac. Y Defensa Civil ha señalado que la acumulación de rocas y residuos en el cauce, sumada al retraso en los trabajos de descolmatación, podría comprometer esas estructuras si se produce una crecida fuerte del río, el tipo de crecida que un Niño costero severo puede generar sin necesidad de que la tierra tiemble.
Esto preocupa porque ante un sismo de gran magnitud, el aeropuerto es la puerta de entrada para personal especializado, ayuda humanitaria y equipos de respuesta. Si el terminal funciona pero sus conexiones terrestres se interrumpen, la infraestructura aeroportuaria pierde buena parte de su utilidad.
Otra infraestructura en riesgo es la Carretera Central. Ositrán ha identificado puentes en condición crítica dentro de la concesión IIRSA Centro-Tramo 2, un corredor fundamental para la conexión entre Lima y el centro del territorio. La vulnerabilidad adquiere una dimensión particular porque no se trata simplemente de una vía con alta circulación de automóviles, sino que por ella transitan vehículos pesados y cargas vinculadas, entre otras actividades, con la minería y el abastecimiento de las ciudades del centro.
La Carretera Central es la única vía asfaltada que conecta Lima con Junín, con Huancayo y con la selva central. Es la arteria por la que entra y sale gran parte de la carga minera y agrícola del centro del país.
En febrero de este año, mediante la Resolución Subdirectoral N.° 1777-2026-MTC/20.13.2, Provías Nacional autorizó de manera excepcional el tránsito de camiones de hasta 101 toneladas por esa vía, casi el doble del límite habitual de 60 toneladas.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) reaccionó de inmediato: advirtió que 21 puentes de la Carretera Central quedaban en riesgo de colapso con esa medida, siete de ellos —entre ellos Huaycoloro y Ricardo Palma— ya en condición estructural crítica antes siquiera de la resolución. Por esa vía circulan cerca de 8,000 vehículos diarios; más de 32,000 usuarios dependen de que esos puentes aguanten.
Actualmente hay camiones de más de 101 toneladas que siguen cruzando puentes diseñados desde hace más de setenta años. El caso del puente Eduardo de Habich es especialmente ilustrativo. La estructura se encuentra en el kilómetro 69 de la Carretera Central y ha sido objeto de advertencias por el tránsito de vehículos de alto tonelaje. Aunque Provías Nacional informó hace tres meses que le vienen haciendo labores de mantenimiento, lo real es que sería muy difícil que pueda soportar tanto peso después de un terremoto.
Las cifras son claras
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) clasifica el riesgo sísmico como "muy alto" en 182 distritos del país y "alto" en otros 486.
Solo en los distritos de riesgo "muy alto" se concentran más de 4,134 kilómetros de la Red Vial Nacional, 597 puentes, 52 puertos y 34 aeródromos. Ahora bien, si ampliamos el universo a distritos de riesgo alto y muy alto, la cifra sube a casi 13,900 kilómetros de carreteras nacionales y más de 1,400 puentes expuestos.
En Lima y Callao, el 82% de la población vive en zonas de riesgo sísmico, sobre un parque de vivienda que en un 71% ha sido autoconstruido, según GRADE. Y esto no es un escenario hipotético de laboratorio: la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) registró cerca de 400 sismos en territorio peruano durante 2026, 14 de ellos por encima de magnitud 5.
En Lima varios puentes clave -Huánuco, Balta, Trujillo- tienen niveles de riesgo que calificarían como muy altos ante un sismo de magnitud considerable.
El puente Conchán, cerrado desde marzo de 2025, es el ejemplo más claro de lo que pasa cuando se pospone la decisión. Fue construido en 1966 y su diseño no cumple los estándares sísmicos vigentes. Lo curioso es que en vez de reforzarlo se optó por clausurarlo. El precedente ya existe: el puente San Pedro colapsó en 2013. Y la concesionaria Lima Expresa ha informado a la Municipalidad de Lima sobre el deterioro estructural de varios tramos sin que eso derive, hasta ahora, en un plan de mantenimiento.
En el límite entre Ate Vitarte y Lurigancho-Chosica, el puente Santa Clara tiene huecos en su plataforma metálica rellenados de forma precaria con tierra y ha perdido tramos de baranda. Documentos confirman que buena parte de esta red ya superó su vida útil y presenta corrosión generalizada en pilares y vigas. Ni siquiera hace falta un terremoto para que algo suceda: basta un camión pesado, una crecida de río o el paso del tiempo sin mantenimiento.
En Piura se superponen amenazas vinculadas con lluvias intensas, inundaciones, desbordes y eventuales condiciones asociadas al fenómeno El Niño. El alcalde provincial Juan Cevallos ha colocado reiteradamente estos riesgos en la agenda nacional y ha reclamado recursos para intervenir el río Piura y otras obras consideradas prioritarias.
Después de un terremoto, el Estado necesita saber rápidamente qué carreteras están abiertas, qué puentes han sido inspeccionados, qué rutas tienen restricciones y dónde están los bloqueos.
La presidenta Fujimori debe ver los informes de riesgos y encargar un plan de continuidad logística. No se necesitan más estudios, porque el Perú tiene un exceso de diagnóstico y una escasez de ejecución. Y aunque el gobierno es joven, hay una gran diferencia entre anunciar y ejecutar.
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