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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó la sentencia del Poder Judicial que impuso penas de hasta 35 años de prisión a los responsables del asesinato del apu kichwa Quinto Inuma Alvarado, ocurrido en noviembre de 2023 en la región San Martín.

A través de la Misión Técnica en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el organismo internacional calificó la decisión judicial como un avance importante en la lucha contra la impunidad y la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

“Saludamos la sentencia emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional contra los responsables del asesinato de Quinto Inuma Alvarado”, señaló la OACNUDH.

El organismo también expresó su solidaridad con la familia de Inuma y con la Comunidad Nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, donde el dirigente ejercía su liderazgo.

Cuatro condenados por el asesinato de Quinto Inuma

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional acreditó la responsabilidad penal de los cuatro procesados por el ataque contra Inuma Alvarado y Axeldina Barbarán Tapullima.

El tribunal, integrado por las juezas Nayko Coronado Salazar y María Benites Goicochea, y el magistrado Wilmer Quispe Umasi, impuso las siguientes penas:

  • Genix Saboya Saboya: 35 años de prisión, como coautor de los delitos de sicariato y homicidio calificado en grado de tentativa.
  • Limber Ríos Ruiz: 35 años de prisión, bajo los mismos cargos.
  • Segundo Juan Villalobos Guevara: 28 años y cuatro meses de cárcel, como coautor de sicariato, al acreditarse que ofreció un beneficio económico para ejecutar el crimen.
  • Jerrly Saboya Saboya: 15 años de prisión, como cómplice primario por proporcionar el arma utilizada en el ataque.

El fallo también estableció el pago de S/ 1 millón por reparación civil, monto que deberá ser asumido solidariamente por los condenados.

Estado destaca fallo contra la impunidad

El Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, integrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura, también resaltó la decisión judicial.

Las entidades consideraron que la sentencia constituye un paso importante para los familiares y la comunidad de Inuma Alvarado, además de representar una expresión del compromiso estatal frente a los crímenes cometidos contra personas defensoras del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.

La decisión adquiere especial relevancia en un contexto marcado por las amenazas y agresiones contra líderes comunitarios que denuncian actividades ilegales en la Amazonía peruana.

Una emboscada en el río Yanayacu

Los hechos ocurrieron la tarde del 29 de noviembre de 2023, cuando Quinto Inuma, su esposa, familiares y Axeldina Barbarán Tapullima retornaban desde Tarapoto hacia la Comunidad Nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, en el distrito de Huimbayoc, San Martín.

La comitiva se desplazaba en una embarcación conocida como peque peque por el río Yanayacu. Al llegar al sector denominado El Vado, encontraron un árbol colocado previamente para bloquear el cauce.

Los atacantes aguardaban en la orilla y abrieron fuego con escopetas y pistolas contra la embarcación. Inuma murió como consecuencia del ataque, mientras Barbarán Tapullima resultó gravemente herida.

Durante el juicio, el tribunal determinó que los condenados actuaron mediante un acuerdo previo para acabar con la vida del dirigente indígena. El objetivo, según los hechos acreditados por el colegiado, era neutralizar sus denuncias contra las mafias vinculadas con la tala ilegal que operaban en su territorio ancestral.

La sentencia representa así un precedente judicial en casos de violencia contra líderes indígenas y defensores ambientales, y responde a uno de los principales reclamos de las comunidades amazónicas: que los ataques contra sus dirigentes no queden impunes.

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