Américo Pascual Tumisha había salido de cacería al monte cuando una comunera informó a su hijo Wilson que a su padre lo habían victimado. La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) se pronunció y denunció el hecho ante las autoridades y los medios de comunicación.
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Óscar ChumpitazEscucharResumenCompartirEl exjefe de la comunidad nativa Onconashari (Ucayali), Américo Pascual Tumisha, fue dado por muerto por la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), después de que los familiares de este reportaron que había sido asesinado. Sin embargo, Pascual reapareció en su comunidad.
Únete a nuestro canal de política y economíaMediante un pronunciamiento, la ORAU aclaró cómo es que dio la información a las autoridades y a los medios, precisando que la alerta inicial se generó debido a la falta de comunicación con la zona y las constantes amenazas del narcotráfico y la tala ilegal en el territorio.
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Fue su hijo, Wilson Pascual, quien recibió la comunicación de una comunera, manifestándole que a su padre lo habían asesinado.
El líder indígena había salido de cacería al monte y recién volvió hasta la tarde del martes, 25 de agosto.
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Su hermano, Laureano Pascual, confirmó ese día que estaba vivo y acudió a un pueblo cercano con acceso a Internet desde donde pudo aclarar el caso y tranquilizar a las organizaciones indígenas.
Este incidente de confusión se produjo en un contexto de expansión de las redes criminales en el territorio indígena.
Dirigentes indígenas, congresistas y entidades del Estado como el Ministerio Público y los ministerios de Justicia y de Cultura, replicaron la denuncia de los dirigentes indígenas basados en la información que compartieron los familiares de Américo Pascual.
"Es un tema muy complejo", dijo a La República el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Miguel Guimaraes.
El dirigente cuestionó la falta de acciones concretas del Estado para proteger a los líderes indígenas y advirtió que las comunidades continúan expuestas a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilegal de recursos naturales.
Indicó que las comunidades han denunciado amenazas contra dirigentes indígenas y lamentó que las medidas de protección implementadas por el Estado no se traduzcan en una presencia efectiva dentro de los territorios.
Explicó que una de las principales dificultades es la ubicación remota de las comunidades. En algunos casos, los dirigentes deben desplazarse durante uno, dos o hasta tres días para llegar a una comisaría y presentar una denuncia, sostuvo Guimaraes.
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