El pasado 23 de agosto, en el territorio nativo de Onconashari ubicado en Ucayali, el líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha perdió la vida. El ataque armado contra el dirigente comunal ocurrió mientras este realizaba labores de vigilancia territorial, actuando como defensor ambiental y exjefe de la comunidad. De acuerdo con los testimonios recogidos por las organizaciones representativas, Pascuala Tomisha realizaba patrullajes de control cuando intervino a personas que extraían ilegalmente aceite de copaiba en los bosques comunales.
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali abrió una investigación preliminar de oficio contra los que resulten responsables del homicidio del líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha, de 57 años. Las indagaciones iniciales a cargo de la fiscal provincial Milagros Santibáñez Guillén señalan que el agraviado fue atacado mortalmente mientras ejercía labores de vigilancia territorial en su condición de defensor ambiental y exjefe de la comunidad nativa Onconashari. La intervención fiscal se dispuso de manera inmediata para asegurar las pruebas biológicas y testimoniales en la zona del crimen.
El Ministerio Público coordina con la Policía Nacional del Perú el despliegue de un helicóptero para el traslado de fiscales, agentes policiales y médicos legistas hacia el distrito de Yurúa, en la provincia de Atalaya. El Ministerio Público gestiona el puente aéreo debido a las dificultades de acceso geográfico que presenta la cuenca del distrito de Yurúa en la frontera amazónica. Las condiciones climáticas en la región vienen siendo evaluadas por los equipos de rescate para autorizar el aterrizaje de las aeronaves.
La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos ratificó la prioridad institucional de salvaguardar la integridad de los defensores indígenas en la selva central. Las autoridades judiciales buscan garantizar el levantamiento formal de las evidencias y la recolección de testimonios de los integrantes del comité comunal tras el ataque en la comunidad Onconashari. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali abrió una investigación preliminar para identificar a los responsables del crimen.
Los dirigentes de la zona señalaron que el exjefe ashéninka había recibido amenazas previas por oponerse al avance de actividades extractivas informales. Frente a organizaciones armadas que operan en los linderos fronterizos, los comités indígenas de monitoreo realizan labores de vigilancia con herramientas tradicionales.
En declaraciones brindadas a Canal N, el vicepresidente de ORAU, Herlin Odicio, y el vicepresidente de AIDESEP, Miguel Guimaraes, cuestionaron la ineficacia de las garantías documentales otorgadas por el Estado ante la falta de puestos policiales permanentes. «Sí es preocupante la calidad del combustible que llega a Ucayali», afirmó Jaime Abensur en otra nota sobre el tema, aunque los líderes ashéninka centraron su denuncia en la seguridad.
Guimaraes precisó que el registro de su institución contabiliza 38 líderes indígenas asesinados en el país por mafias vinculadas al narcotráfico, la tala ilegal y la minería informal. Los representantes demandaron una acción interinstitucional urgente para frenar la vulnerabilidad de las poblaciones originarias y sancionar a los responsables del homicidio.
Además, indicaron que las comunidades han instalado más de 300 módulos de comunicación con paneles solares, cifra que resulta insuficiente frente a las 2400 comunidades existentes. Esta carencia de cobertura tecnológica agrava la exposición a riesgos en territorios remotos como Ucayali.
El contexto se complica tras el anuncio del gobernador regional sobre el levantamiento del paro tras acuerdos con dirigentes transportistas sobre combustible y subsidios, medidas que buscan estabilizar la economía local pero no necesariamente frenan los ilícitos ambientales. Mientras tanto, la Fiscalía inicia investigación preliminar por el homicidio del líder ashéninka Américo Pascuala.
La situación refleja una crisis de seguridad en la región amazónica donde la protección estatal es crítica para evitar más víctimas como la registrada recientemente.
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