El asesinato del líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha, exjefe de la comunidad nativa Onconashari en el distrito de Yurúa (Ucayali), ocurrió durante un patrullaje de vigilancia realizado el último domingo 23 de agosto. Según información de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, el defensor ambiental fue alcanzado por disparos de arma de fuego tras identificar a terceros extrayendo aceite de copaiba en su territorio. El encuentro derivó en un enfrentamiento que costó la vida del líder, quien ya había denunciado previamente la presencia de colonos y alertado sobre una situación de riesgo.

Desde AIDESEP, expresaron sus condolencias a la familia de Pascuala, a la comunidad nativa Onconashari y al pueblo Ashéninka. Asimismo, se sumaron al llamado de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) para exigir justicia y una investigación efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables del crimen.

El contexto nacional es alarmante: en Perú van más de 60 defensores ambientales asesinados desde 2012, convirtiendo al país en una de las naciones más peligrosas de la región. La senadora Ruth Luque Ibarra exigió una profunda investigación por el asesinato del líder indígena. "Exijo al Gobierno tomar acciones frente a la inseguridad que viven los territorios indígenas y los asesinatos a líderes indígenas", sostuvo.

La noticia resalta la violencia contra quienes protegen sus tierras, mientras la comunidad espera respuestas inmediatas ante esta pérdida irreparable de un defensor clave en la defensa ambiental del Ucayali. La seguridad en estas zonas se ve comprometida por el accionar de grupos que operan en las fronteras comunitarias.

larepublica.pe El Perú se ha convertido en una de las naciones más peligrosas para los líderes que protegen la Amazonía, registrando desde 2012 más de 60 defensores ambientales asesinados. Un informe de Global Witness documentó este escenario de violencia con cuatro ejecuciones en 2024 en regiones como Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y Cusco, donde la gran mayoría de las víctimas son comunidades nativas. En agosto de 2026, la policía capturó en Ucayali a Hugo Soria Flores, quien estaba prófugo y fue condenado por el asesinato de cuatro defensores ambientales de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto. Antes, en mayo, había sido detenido el empresario José Estrada por el mismo caso. Sin embargo, como ya informó La República en casos anteriores, los crímenes contra activistas rara vez reciben una sentencia rápida o sanción completa para los autores intelectuales. Las organizaciones sociales señalan que los protocolos estatales de protección para defensores son lentos y carecen de presupuesto o apoyo policial. Los dirigentes de las comunidades en peligro advierten que mafias extractivas destruyen los bosques y contaminan los recursos naturales, mientras las rutas de la droga invaden y controlan territorios comunales protegidos. A esto se suma la falta de presencia policial, fiscalización y justicia que permiten que las economías ilícitas operen con libertad. Esta impunidad deja a los líderes en riesgo expuestos a nuevas amenazas en un contexto donde el Estado no logra garantizar su seguridad ni frenar la invasión ilegal de sus tierras ancestrales, perpetuando una crisis humanitaria en medio de la selva peruana.

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