FEPUC denuncia proceso disciplinario contra 9 estudiantes pese a acuerdos previos
Lima. La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC) acusó este martes que su casa de estudios inició procesos disciplinares contra nueve alumnos. Según denunciaron, estas medidas se tomaron por su participación en las movilizaciones contra el nuevo sistema de escalas ocurridas en mayo pasado. Para la federación, el inicio de dichos procedimientos "resulta incompatible con el compromiso político alcanzado entre autoridades y estudiantes" tras la toma del local Dintilhac, cuyo levantamiento estaba condicionado a un enfoque no punitivo.
Rafael Polar, presidente de la FEPUC, calificó la postura de la universidad como una medida de "criminalización y seguimiento a los estudiantes que se manifiestan". El dirigente consideró lamentable esta actitud institucional. Recordó que cuando se celebró el acuerdo del 21 de mayo, existía un consenso comunitario para que la situación relacionada con la toma de Dintilhac "debía resolverse a través de la justicia restaurativa", argumentando que la acción responde a una decisión administrativa y no judicial.
No obstante, la universidad negó cualquier incumplimiento del pacto. Su respuesta fue contundente: "los órganos disciplinarios son independientes y autónomos". Esta declaración refuta las acusaciones de la federación sobre violación de acuerdos políticos. La Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios mantuvo que, independientemente de los compromisos tomados tras el conflicto del mes pasado, las faltas a normas universitarias deben ser sancionadas por los canales correspondientes.
El enfrentamiento se centra en la interpretación del compromiso alcanzado. Mientras la FEPUC ve una contradicción directa con los acuerdos de mayo y la justicia restaurativa, la institución educativa subraya que sus mecanismos internos operan bajo una autonomía que no puede ser violada por pactos políticos externos o situaciones de conflicto social.
"La universidad nunca criminaliza la protesta", destacó el secretario general de la PUCP, quien afirmó que este derecho forma parte del desarrollo constitucional y se respeta. Sin embargo, aclaró que "tiene sus límites, no es absoluto". Un límite claro es "la integridad física, la integridad de la universidad", argumentó. Por ello, reconoció que existe un proceso disciplinario abierto, pero negó que el equipo rectoral haya solicitado sanciones, dado que "eso no ha ocurrido" y por tanto "el acuerdo se está manteniendo, se está cumpliendo".
No obstante, señaló que los órganos encargados de la evaluación "son independientes y autónomos", pues "No responden al Rectorado, responden a la comunidad universitaria". Esos procedimientos iniciados "se enfocan en nueve estudiantes y además se ciñen a dos presuntas infracciones", detalló. Estas son "agresión física y uso negligente o daño a la infraestructura de la universidad", factores que permitirán aplicar atenuantes graduales si corresponde.
"Se va a evaluar, por supuesto, en el marco del procedimiento, si corresponde o no aplicar la sanción con los atenuantes graduales que corresponde". Ante esto, el funcionario dijo que harán un llamado para que los estudiantes retornen a la mesa de diálogo. Aunque la PUCP niega incumplimiento de los acuerdos previos, la gestión disciplinaria avanza bajo la supervisión de instancias que no dependen del poder ejecutivo universitario, asegurando que las normas internas se apliquen con equidad y respeto a la autonomía de cada órgano dentro del marco legal vigente.
"Por supuesto, les haremos un llamado para que regresen a la mesa", puntualizó el Secretario General de la PUCP. Espera que retornen en ese espíritu institucional y lleguen a una solución con diálogo. "En consenso, como siempre, podemos encontrarla".
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