FEPUC cuestiona los procesos

La Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC) ha interpuesto su crítica oficial ante las acciones de la universidad, alegando que contradicen el pacto suscrito tras nueve días de toma del primer piso del edificio Dintilhac. El acuerdo alcanzado con autoridades el 21 de mayo buscaba un fin pacífico a las protestas por el nuevo sistema de escalas; sin embargo, la organización estudiantil considera que los procesos disciplinarios abiertos hoy violan ese compromiso.

Según la documentación recibida por los alumnos, la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios solicitó estos casos el 15 de junio. La universidad justifica que la medida corresponde a su autonomía y se sustenta en presuntas infracciones como agresión física y uso negligente o daño a la infraestructura. El Rectorado asegura no intervenir en las decisiones de los órganos disciplinarios, manteniendo el diálogo con los estudiantes y los términos del acuerdo.

No obstante, la FEPUC sostiene que iniciar estos casos contradice el enfoque no punitivo prometido. Además, cuestionan que el Reglamento Unificado contemple figuras como "desorden público" y "limitación de la libertad de enseñanza" para evaluar conductas en movilizaciones.

La medida generó un fuerte cuestionamiento porque se interpreta como una represalia inmediata contra los nueve participantes identificados. Mientras las autoridades argumentan que el Reglamento es la herramienta legal válida, los estudiantes ven en esto un incumplimiento directo del pacto de mayo, donde se acordaba evitar sanciones punitivas por hechos ocurridos durante la protesta.

El conflicto persiste entre dos visiones: la institucional que defiende el cumplimiento normativo ante agresiones y daños materiales, y la estudiantil que prioriza la buena fe del acuerdo. La FEPUC insiste en que aplicar figuras como "desorden público" a estudiantes que protestan por pensiones es una distorsión legal que desmonta los cimientos de cualquier diálogo futuro.

La FEPUC alertó que los nueve nuevos procedimientos no son aislados, sino que se suman a aquellos iniciados tras las protestas del 30 de marzo en la Facultad de Derecho, durante un debate electoral. Según la federación estudiantil, ahora son 18 estudiantes quienes enfrentan procesos disciplinarios vinculados a movilizaciones y actos de protesta. La organización considera que estos casos comparten una misma lógica: quienes participan en acciones organizativas terminan expuestos a sanciones administrativas.

Frente a ello, el equipo rectoral aclaró que la Secretaría Técnica actúa con autonomía. Precisaron que los nueve procedimientos actuales corresponden exclusivamente a presuntas agresiones físicas y daños o uso negligente de infraestructura universitaria. El Rectorado reconoció el derecho a la protesta, aunque sostuvo que este debe armonizarse con otros derechos fundamentales. Entre ellos se encuentra la integridad de las personas, el cuidado del patrimonio universitario y la seguridad de toda la comunidad.

La PUCP también aseguró que mantiene vigente el acuerdo del 21 de mayo, pacto que permitió encauzar el conflicto tras las protestas en el edificio Dintilhac. Como parte de su respuesta, autoridades plantearon recurrir a mecanismos de justicia restaurativa para contribuir a la convivencia dentro de la comunidad universitaria.

En tanto, la FEPUC pidió a la comunidad y a otras organizaciones respaldar su campaña contra lo que consideran persecución sistemática de la protesta. El conflicto permanece abierto mientras avanzan los procedimientos disciplinarios y continúan las conversaciones entre estudiantes y autoridades universitarias.

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