La crisis del deshacinamiento: entre expedientes aprobados, carencias graves y el riesgo de repetir trayectorias

El sistema de justicia penal juvenil atraviesa una crisis profunda que trasciende la simple capacidad física de albergar internos. El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) ha activado un plan integral para combatir la sobrepoblación. Esta estrategia combina la redistribución de jóvenes según su perfil, el traslado de casos de alto riesgo y la variación de medidas socioeducativas hacia libertad o semilibertad. El objetivo final es ampliar los ambientes en Lima y Pucallpa para aliviar la presión.

La urgencia de esta gestión no es nueva; fue advertida meses atrás. En mayo, seis de los nueve centros juveniles del país ya presentaban sobrepoblación crítica, mientras que cerca del 60% de los internos habían alcanzado la mayoría de edad sin poder salir por haber cometido infracciones menores en su juventud.

La situación se agravó en julio, cuando el PRONACEJ reportó que siete de cada diez centros sufrían saturación. En ese momento, los promedios indicaban la entrada de unos 150 adolescentes mensuales. Como primer paso del plan, se proyectaba revisar casi 300 casos para su libertad condicional y trasladar a otros 300 jóvenes peligrosos.

Hoy, la gestión reporta avances significativos. Luis Vega, director ejecutivo del PRONACEJ, confirmó que ya se han presentado 240 expedientes de adolescentes listos para solicitar una variación de su medida de internamiento. No obstante, el director advierte que estos números no resuelven la falta estructural de educadores y equipos técnicos necesarios para garantizar una reinserción real.

La estrategia de deshacinamiento evita cualquier liberación indiscriminada. Los casos seleccionados deben cumplir requisitos estrictos: haber cumplido al menos la tercera parte de la sentencia, contar con un informe favorable del equipo técnico interdisciplinario y registrar solo infracciones leves o moderadas. "Nos hemos asegurado de que han cumplido al menos la tercera parte del tiempo de sentencia impuesto por la autoridad judicial, que cuentan con el informe favorable del equipo técnico interdisciplinario del centro juvenil, que sus infracciones son leves o moderadas, entre otros, que garantizan que su nivel de riesgo para la sociedad es cero", explicó Vega.

A pesar de estos criterios claros, el sistema enfrenta un obstáculo letal: mientras los centros permanecen saturados, los equipos encargados del tratamiento no pueden realizar un seguimiento individualizado. En junio, el propio PRONACEJ alertó que algunos equipos técnicos atendían hasta 150 internos, cuando el estándar adecuado es de unos 50.

El director reconoce que esta falta de personal tiene una consecuencia directa y grave: la seguridad termina desplazando al tratamiento socioeducativo. El problema del PRONACEJ no se limita a las paredes de los centros; la carencia de especialistas impide ejecutar un trabajo de rehabilitación personalizado.

Vega puso como ejemplo el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima: cinco educadores atienden patios que albergan a unos 180 internos. "Con matemática básica, cada profesional debe asistir, acompañar y guiar a 36 jóvenes a la vez", señaló. La consecuencia es que el sistema termina priorizando la contención antes que la rehabilitación.

Esta disparidad numérica genera un escenario donde muchos jóvenes salen igual a como entraron, perpetuando el ciclo del delito por falta de herramientas educativas reales dentro de las instituciones. El plan de deshacinamiento avanza en el papel con 240 expedientes listos para revisión, pero la realidad operativa demuestra que sin personal suficiente, los centros juveniles no pueden cumplir su función social más importante: transformar vidas.

"Sin duda alguna, muchos salen igual a como entraron. Y eso es porque el personal con el que cuenta el PRONACEJ es insuficiente", reconoció el funcionario. El propio director plantea una pregunta que resume uno de los principales problemas del sistema: "¿Qué tanta posibilidad hay de que se logre una real reinserción a la sociedad con esas carencias?". Esta realidad también explica por qué la institución insiste en modificar el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, considerando que la legislación actual no responde completamente al escenario criminal que enfrenta el país.

Lima: 21% de hacinamiento y redistribución por riesgo

El CJDR de Lima es el establecimiento más grande del país y actualmente registra, según el director, un 21% de hacinamiento. La respuesta inmediata ha sido reorganizar a la población interna de acuerdo con sus perfiles y niveles de riesgo. En particular, se realizó una redistribución de los adolescentes pertenecientes al Programa II, la etapa más poblada y en la que se encuentran jóvenes considerados de riesgo moderado y alto.

También se trasladó a internos de alto riesgo y con conductas reincidentes de violencia al Anexo III de Ancón II. La lógica detrás de estas medidas es evitar lo que el PRONACEJ denomina "contagio criminógeno": la influencia que un interno con mayor trayectoria o nivel de peligrosidad puede ejercer sobre otro que ingresó por una infracción menos grave.

"Es cuando un mayor de perfil de riesgo alto influye a uno menor, que no necesariamente llegó al centro por una infracción grave. La convivencia genera muchos escenarios, y el niño que llegó por robo o hurto termina sintiéndose un gran delincuente que es incluso utilizado para propiciar motines y reyertas", señaló.

El PRONACEJ ya había advertido públicamente que el hacinamiento y la convivencia entre adolescentes y adultos pueden favorecer esta influencia negativa. Uno de los principales puntos de la reforma planteada es la permanencia de personas que ya cumplieron los 18 años dentro de establecimientos diseñados originalmente para adolescentes.

Casi 400 internos vinculados a sicariato y extorsión

El director del PRONACEJ estima que actualmente casi 400 internos del sistema juvenil están vinculados a delitos como sicariato, extorsión, homicidio, tenencia ilegal de armas o trata de personas. La cifra, sostiene, muestra cómo ha cambiado el fenómeno criminal en los últimos años.

"Hace 10 años, del único sicario que conocimos era el alias 'Gringasho'. Hoy he hablado con niños de 14 años internos por sicariato y extorsión", afirmó. El funcionario alerta especialmente sobre la captación de menores por organizaciones criminales en el norte del país, donde las bandas aprovecharían la condición jurídica de los adolescentes para utilizarlos en actividades delictivas.

"Es lamentable cómo se ha normalizado la tercerización de la criminalidad con los menores de edad en el norte del país, sobre todo en la zona del Valle, en el departamento de La Libertad", sostuvo. Esta situación ya había sido advertida por el PRONACEJ. En mayo, alrededor del 60% de la población interna había alcanzado la mayoría de edad y se habían identificado casos de personas de hasta 27 años que continuaban en estos centros debido a que cumplían medidas por infracciones cometidas cuando eran menores.

El director considera que esta convivencia dificulta la reinserción de los adolescentes y aumenta el riesgo de influencia criminal. El problema de los adultos que permanecen en centros juveniles se agrava con la falta de personal adecuado, lo cual refuerza la idea de que el sistema carece de recursos para gestionar adecuadamente estos casos complejos.

La situación actual demuestra que las medidas de seguridad y reinserción no son suficientes sin una reestructuración profunda del personal y las normas legales. Los centros juveniles enfrentan un desafío constante, donde la mezcla de diferentes perfiles delictivos complica aún más el trabajo de los educadores.

Frente a esto, la gestión debe priorizar la separación efectiva entre adolescentes y adultos mayores, así como la implementación de programas que prevengan la reincidencia desde una edad temprana. La experiencia del director es clara: sin cambios estructurales, la situación seguirá siendo insostenible para los jóvenes internos.

Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad en este tema y garantice condiciones dignas dentro de las instituciones penitenciarias juveniles. Solo así se podrá evitar que nuevos casos como los mencionados se repitan en el futuro cercano.

La propuesta enviada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como fin principal actualizar el marco normativo vigente. Esto permitiría trasladar ciertos casos hacia el sistema penitenciario de adultos, una medida especialmente indicada para mayores de edad que cometen nuevas infracciones, presentan faltas disciplinarias graves o mantienen un alto riesgo de reincidencia violenta. Según el funcionario, el objetivo no es únicamente descongestionar los centros, sino proteger a los adolescentes con posibilidades reales de rehabilitación de la influencia de internos de mayor peligrosidad. No obstante, reducir el número de internos no resolverá por sí solo la crisis; tras recorrer las instalaciones del país, el director identificó tres problemas estructurales críticos: seguridad, servicios básicos e infraestructura.

El riesgo también tiene un componente climático y geográfico. El funcionario advierte que determinados centros ubicados en el norte y centro del país no estarían preparados para afrontar eventuales inundaciones asociadas a lluvias intensas. Asimismo, en Huancayo se señala que la infraestructura del centro juvenil presenta vulnerabilidades frente a movimientos sísmicos. Para abordar estas carencias y recuperar el objetivo principal de los centros juveniles —la reinserción social—, el plan de deshacinamiento está directamente vinculado con la necesidad de modernización.

En este sentido, la gestión considera que mecanismos como los proyectos en activos podrían permitir la participación del sector privado en la recuperación y modernización de determinados centros. En Lima, por ejemplo, el PRONACEJ culminó la reconstrucción de un patio que había sido parcialmente destruido durante un motín ocurrido hace cinco años; este espacio permitirá aumentar la capacidad instalada en hasta 100 internos. Además, la administración busca utilizar áreas que actualmente no cumplen una función operativa, como grandes jardines, para instalar módulos que permitan trasladar talleres productivos y liberar espacios destinados a habitaciones.

Estos ambientes serán utilizados principalmente para adolescentes del Programa IV, la última etapa del tratamiento socioeducativo donde los jóvenes se preparan para su reinserción y pueden acceder, bajo determinadas condiciones, a actividades laborales o educativas fuera del centro. Por su parte, en Pucallpa ya se concluyó el expediente técnico para ampliar la infraestructura destinada a dormitorios.

Dentro de este esquema, el tratamiento se divide en cuatro etapas claras. El Programa I o de bienvenida es la fase inicial, donde se evalúa la situación personal, familiar y social del adolescente para determinar sus necesidades y definir el tratamiento. Posteriormente, el Programa II busca que el adolescente reconozca sus decisiones y asuma responsabilidades; se trabaja mediante talleres terapéuticos y se atienden conductas asociadas con el riesgo de reincidencia.

El Programa III, a su vez, fortalece habilidades personales, sociales y laborales. Los jóvenes pueden participar en talleres productivos con certificación técnica durante esta fase. Finalmente, el Programa IV corresponde a la etapa final de preparación para la reinserción, donde los adolescentes con mayor avance pueden acceder a salidas para estudiar o trabajar, bajo las condiciones establecidas por su medida.

Sin embargo, no todos alcanzan esta última etapa. Algunos permanecen en el Programa II hasta terminar su sentencia, una situación que el PRONACEJ busca revertir mediante un tratamiento más individualizado. La propuesta también plantea establecer mecanismos para trasladar casos específicos al sistema de adultos cuando se trate de mayores de edad con nuevas infracciones o alto riesgo violento, protegiendo así a los jóvenes en proceso de rehabilitación.

"Estamos próximos a sufrir los estragos del Niño Global y los centros juveniles del norte y centro no están preparados para eventuales inundaciones por lluvias excesivas", sostuvo. Por ello, considera que las condiciones mínimas para operar no pueden reducirse a contar camas disponibles. Un centro juvenil requiere infraestructura segura, servicios básicos y condiciones adecuadas para que el personal pueda desarrollar el tratamiento socioeducativo. La falta de personal no solo afecta la rehabilitación. También obliga a destinar recursos humanos a controlar situaciones que podrían prevenirse con una mayor oferta de actividades. El director sostiene que cuando los adolescentes permanecen sin actividades productivas aumenta el estrés y con ello el riesgo de peleas, reyertas y agresiones contra el personal. Así, se genera un círculo difícil de romper: menos personal especializado significa menos tratamiento individual; menos actividades significa más conflictos; y más conflictos obligan a priorizar nuevamente la seguridad sobre la rehabilitación. La situación es similar a la que el PRONACEJ había advertido en mayo, cuando reconoció que la saturación de los centros estaba llevando a priorizar el control interno por encima del tratamiento. "Un común denominador que he encontrado en el INPE y el PRONACEJ es que el trabajo se está centrando básicamente en contención y no en resocialización", sostuvo Vega, quien anteriormente tuvo experiencia en el sistema penitenciario. El plan plantea una salida inmediata a la sobrepoblación, pero la propia institución reconoce que la crisis requiere cambios de mayor alcance. El director considera que endurecer las penas no resolverá por sí mismo la inseguridad. A su juicio, el problema comienza antes del ingreso de los adolescentes al sistema penal juvenil y está relacionado con factores familiares y sociales que no fueron atendidos durante la infancia. En ese sentido, sostiene que el PRONACEJ cumple principalmente una función de prevención secundaria, enfocada en evitar la reincidencia, mientras que la prevención primaria requiere una intervención articulada de distintas entidades del Estado desde los primeros años de vida. La institución también ha planteado la actualización del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente para adecuarlo al escenario actual. El desafío, por tanto, tiene dos velocidades. A corto plazo, el PRONACEJ busca liberar espacios, redistribuir internos y ampliar su infraestructura. A largo plazo, necesita transformar un sistema que actualmente enfrenta una población más numerosa, mayores niveles de violencia, adultos que permanecen en centros juveniles y una capacidad limitada de personal para ejecutar tratamientos individualizados. El deshacinamiento puede abrir espacio físico. El reto mayor será conseguir que ese espacio se traduzca en una verdadera reinserción social y no simplemente en una redistribución de la crisis.

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