La muerte de dos porteadores el pasado 18 de agosto, mientras realizaban su labor en rutas turísticas de alta montaña del Cusco, ha vuelto a poner bajo lupa las condiciones laborales de este sector. A partir de estos trágicos hechos, la senadora Ruth Luque Ibarra denunció que la Ley N.° 31614, Ley del Porteador, continúa sin reglamentarse y alertó sobre el incumplimiento crónico de derechos básicos reportado por los trabajadores desde hace años. Estas carencias afectan directamente la carga que transportan, el descanso, la alimentación, la vestimenta, los equipos de protección y las pólizas de seguro. La normativa establece obligaciones claras para empleadores y empresas con el fin de proteger a quienes realizan una labor exigente: largas caminatas, esfuerzo físico intenso y exposición a bajas temperaturas. Sin embargo, tras su aprobación, la legisladora cuestionó que estas garantías sigan sin aplicarse plenamente. Se señaló que, inicialmente, empresas del sector turístico cuestionaron el contenido de la norma y posteriormente algunos congresistas promovieron modificaciones bajo el argumento de que podía desincentivar la contratación. En cuanto a lo que establece la Ley N.° 31614, se define una jornada atípica para los porteadores de hasta 48 horas semanales. Cuando esta cifra se supera, las horas adicionales deben contabilizarse obligatoriamente como horas extras. La norma dispone, además, que el trabajador debe contar con cinco días de descanso antes de iniciar una nueva jornada laboral. Este periodo de inactividad tiene el objetivo explícito de permitir su recuperación física y evitar la peligrosa acumulación de fatiga en un entorno tan hostil. Los auditores encontraron desgaste del piso original, pérdida de cobertura, erosión en pisos de andenes prehispánicos y deterioro de elementos de piedra de las escalinatas. (Foto: Difusión) La Contraloría General advirtió que durante 2024 y 2025 ingresaron 91 836 personas a la ciudad inca de Machu Picchu, cifras que no fueron contabilizadas oficialmente. Este hallazgo revela un problema grave de gestión en el santuario histórico. Los auditores encontraron desgaste del piso original, pérdida de cobertura, erosión en pisos de andenes prehispánicos y deterioro de elementos de piedra de las escalinatas. La situación actual pone al patrimonio mundial en riesgo de deterioro acelerado debido a la falta de control numérico sobre el flujo masivo de visitantes que lo transitan anualmente sin registro adecuado.

El pasado 18 de agosto se registró un doble fallecimiento que evidencia el peligro latente en el trabajo del porteador. En el sector Abra Soyroccocha-Salkantay, dentro del distrito de Mollepata, los agentes policiales hallaron sin vida a Alipio Ascencio Quiñonez, de 64 años, alrededor de las 8:30 de la mañana. Su cuerpo yacía en una cabaña sobre un suelo cubierto con pastos secos. Ese mismo día ocurrió el trágico suceso que puso en alerta a toda la comunidad: Gabriel Ríos Mamani, de 49 años, murió mientras laboraba en un campamento del sector Warmiwañusca, en Huayllabamba. Durante una jornada en el Camino Inca hacia Machu Picchu, Ríos falleció al trasladar el equipaje de un grupo de aproximadamente 20 turistas para la agencia Alpaca Expeditions. La Policía encontró a Gabriel sin vida durante la madrugada, mientras que su familia ya cuestiona la atención médica que recibió antes de perder la vida.

Frente a estos hechos, Luque denuncia que la realidad supera la normativa. Aunque la ley establece un límite máximo de carga de 20 kilogramos para los varones y 15 kilogramos para las mujeres, existen reportes de porteadores moviendo cargas de entre 35 y 40 kilos durante largas jornadas en condiciones climáticas adversas, lo que incrementa drásticamente los riesgos para su salud e integridad. La norma también contempla la protección frente a los riesgos propios de la actividad; por ello, exige que el empleador o agencia asuma la responsabilidad de contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo y seguro de vida. Además, señala que la pernoctación debe realizarse en ambientes adecuados y bajo techo para proteger a los trabajadores frente a fenómenos climáticos. Estas obligaciones resultan especialmente importantes en rutas de alta montaña, donde los trabajadores enfrentan bajas temperaturas y nevadas.

Sus familiares atribuyeron el fallecimiento a la exposición a las bajas temperaturas, coincidiendo con que la Policía considera como primera hipótesis la muerte por hipotermia debido al intenso frío y la nevada registrada en la zona. En el caso de Gabriel Ríos, sus familiares sostienen que el porteador habría sido abandonado cuando presentó dificultades durante la ruta. William Ríos Mamahuilca, hijo del fallecido, afirmó que su padre salió de casa en buenas condiciones de salud. Sin embargo, la familia recibió posteriormente la noticia de su muerte.

Familiares cuestionan las condiciones en las rutas

Luego de esto, Luque señaló que una organización de porteadores le informó haber gestionado el cajón y el traslado del cuerpo hasta su comunidad. También indicó que, según esa organización, Ríos no habría estado en planilla y la agencia se habría negado a brindar explicaciones sobre lo ocurrido.

Para la senadora, estos hechos deben investigarse y esclarecerse con urgencia. Luque también solicitó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Sunafil realizar una fiscalización urgente a las empresas operadoras de turismo para verificar las condiciones laborales de los porteadores. Además, pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros reglamentar la Ley N.° 31614, un proceso que, según advirtió, permanece pendiente desde hace más de tres años.

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