La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, considera que la denominación de ciertas normas se ha politizado, pero subrayó que existe un diagnóstico técnico sobre disposiciones que deben ser fortalecidas. Durante una entrevista con Canal N, advirtió que algunas leyes aprobadas durante el Congreso anterior requieren modificaciones para garantizar una lucha más eficaz contra la criminalidad y cuestionó que las decisiones institucionales no deberían adoptarse únicamente a partir de cuestionamientos relacionados con personas o equipos específicos.

En este sentido, elogió positivamente que el Ejecutivo haya creado una comisión para revisar las denominadas leyes "procrimen". La exmagistrada sostuvo que las actuaciones de los exintegrantes del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, se desarrollaron dentro del marco legal vigente. Por ello, destacó que la comisión creada por el Ministerio de Justicia podrá convocar a especialistas para elaborar una propuesta técnica en un plazo de 30 días.

Entre las normas que consideró prioritarias para su revisión mencionó las relacionadas con la colaboración eficaz, la extinción de dominio y los plazos de prescripción. En particular, criticó que el Congreso haya establecido plazos que terminaron afectando procesos complejos, especialmente aquellos vinculados a empresas y a investigaciones de alcance internacional.

Desde su experiencia profesional, Carrión planteó que una colaboración eficaz empresarial requiere más tiempo debido a la cantidad de información que debe ser corroborada y a la necesidad de solicitar documentación a otros países. Por tal motivo, sostuvo que los plazos deberían diferenciarse entre personas naturales y personas jurídicas. Asimismo, propuso que el fiscal debería tener un margen para establecer el plazo de acuerdo con las características de cada investigación, aunque siempre dentro de un límite máximo.

Cuestionó modificaciones respecto a la extinción de dominio

La exprocuradora Silvana Carrión advirtió que las recientes reformas han mermado la autonomía del mecanismo de extinción de dominio. Para ella, esta herramienta está diseñada para atacar directamente los bienes vinculados a ilícitos, sin necesidad de perseguir a las personas investigadas. Por ello, consideró vital recuperar su plena eficacia como arma contra el crimen organizado.

Sobre el impacto de estas normas en el caso Lava Jato, Carrión afirmó que los cambios legislativos sobre colaboración eficaz generaron consecuencias negativas. Algunos procesos tuvieron que concluir debido a la imposibilidad de cumplir con los nuevos plazos establecidos. Recordó que las investigaciones involucraban información compleja de empresas y operaciones en distintos países, lo que hacía más difícil la etapa de corroboración.

Además, cuestionó los ajustes realizados recientemente en los equipos fiscales especializados en lavado de activos. Consideró que una renovación radical del cuerpo fiscal puede perjudicar investigaciones complejas debido a la curva de aprendizaje que requiere asumir expedientes de este tipo.

Caso Rafael Vela y José Domingo Pérez

En cuanto al trabajo de los exintegrantes del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, sostuvo que sus actuaciones se desarrollaron dentro del marco legal vigente. Carrión consideró que las decisiones institucionales no deberían adoptarse únicamente a partir de cuestionamientos relacionados con personas o equipos específicos.

Finalmente, sobre la decisión judicial de excluir a 14 exministros y funcionarios del gobierno de Ollanta Humala del proceso por el caso Gasoducto Sur, explicó que el juez consideró insuficientes los elementos presentados por la Fiscalía para acreditar la concertación. No obstante, destacó que el proceso continúa respecto de otros investigados y que el juez dejó a salvo la posibilidad de determinar responsabilidades civiles y la reparación correspondiente.

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