El gobierno de Keiko Fujimori ha instaurado un grupo de trabajo especializado para evaluar las denominadas “leyes procrimen”, normas aprobadas por el último Congreso en materia de criminalidad. Esta iniciativa responde a una promesa de campaña de la líder aprista, quien había propuesto crear una comisión de alto nivel que incluya al Poder Judicial, al Ministerio Público y a especialistas del sistema. La decisión se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 311-2026-JUS, estableciendo un plazo de treinta días hábiles desde su instalación para completar las tareas encomendadas.

La comisión estará presidida por el viceministro de Justicia e integrada por funcionarios clave: el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y el director general de Asuntos Criminológicos. Su mandato es claro: identificar vacíos legales, inconsistencias o dificultades en la aplicación de las normas y plantear proyectos para corregirlos si fuera necesario. El ministro Ernesto Álvarez Miranda aclaró que “No existe ley perfecta. Las leyes aprobadas por el anterior Congreso serán revisadas técnicamente para asegurar que cumplan su finalidad: luchar contra el crimen en el marco del Estado de Derecho”.

El trabajo será riguroso y constante, ya que la instancia deberá presentar reportes semanales al despacho ministerial. Al finalizar sus labores, entregará un informe integral con las evaluaciones realizadas y, de corresponder, iniciativas legislativas acompañadas de sus respectivas exposiciones de motivos. Este esfuerzo técnico busca garantizar que el marco legal vigente sea eficaz para enfrentar la inseguridad ciudadana sin vulnerar los principios del Estado de Derecho.

La presión para revisar estas normas ha sido impulsada por diversos sectores, incluyendo organizaciones civiles y operadores del sistema de justicia. Juntos por el Perú ya presentó una iniciativa para dejar sin efecto siete normas específicas, mientras que Ahora Nación propuso derogar diez dispositivos aprobados en la legislatura anterior. Aunque existen contradicciones públicas sobre el tema, el Ejecutivo prioriza un análisis técnico y objetivo de cada disposición antes de cualquier posible modificación legislativa.

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