Katherine Ampuero, senadora de Renovación Popular, exigió al Ejecutivo que esta semana presente ante el Congreso su proyecto de delegación de facultades legislativas. La legisladora argumenta que la urgencia por adoptar medidas frente a la inseguridad ciudadana hace indispensable este trámite. Sostuvo que la criminalidad demanda una respuesta inmediata, citando cifras alarmantes: diariamente se registran entre seis y siete muertes vinculadas a hechos de violencia. Ampuero indicó que esta cifra debe ser contrastada con las estadísticas oficiales para medir el real impacto del problema.

“Esperamos que indefectiblemente esta semana se presente la delegación de facultades porque hay cosas que no pueden esperar. Y dentro de las cosas que no pueden esperar está el tema de nuestra seguridad”, declaró la parlamentaria, subrayando la gravedad de la situación actual.

A pesar de solicitar rapidez en la presentación del proyecto, Ampuero aclaró que Renovación Popular todavía no ha definido si votará a favor para otorgar facultades al Gobierno. La bancada priorizará conocer primero el contenido y los alcances específicos de la propuesta antes de adoptar cualquier postura oficial. “Vamos a esperar el documento”, manifestó categóricamente.

Ampuero remarcó que el Parlamento no debe limitarse a aprobar automáticamente los planteamientos del Gobierno, sino evaluar con detenimiento cada una de las materias sobre las cuales se solicite autorización para legislar. Uno de los puntos que será revisado con especial atención por la bancada está relacionado con los peajes, según adelantó la legisladora.

Ampuero indicó que semanas atrás circuló un borrador de la solicitud de facultades que contemplaba disposiciones relacionadas con este tema. La preocupación por esta materia es evidente dentro del partido, lo cual generará un debate intenso en los próximos días cuando se analice el texto completo presentado por el Ejecutivo.

Por ello, Renovación Popular decidirá fijar su posición tras conocer la versión definitiva que el Ejecutivo presente formalmente esta semana. En paralelo a este tema institucional, la senadora Katherine Ampuero se pronunció sobre un reportaje de Cuarto Poder que detalla aportes recibidos por Carlos Zegarra, diputado de Fuerza Popular. Según el citado informe periodístico, entre los contribuyentes aparecería una persona sentenciada y actualmente prófuga de la justicia. Ampuero cuestionó los mecanismos de fiscalización utilizados durante las campañas electorales y sostuvo que las instituciones competentes deben determinar las circunstancias del caso. La legisladora enfatizó que es urgente establecer por qué delito fue condenada dicha persona y precisar el origen exacto de los recursos aportados. Advertió que sería especialmente grave si se acreditara que el dinero procede de actividades ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal, aunque no afirmó categóricamente que ese sea el origen de los fondos del caso mencionado. Además, Ampuero saludó la creación de un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Justicia destinado a revisar normas calificadas en el debate público como «leyes procrimen». La legisladora consideró que determinadas leyes aprobadas por el anterior Congreso deben ser evaluadas para establecer si corresponde modificarlas, derogarlas o realizar ajustes necesarios. Según Ampuero, esta revisión debería orientarse a identificar los cambios normativos requeridos para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y la delincuencia. La senadora busca así que el sistema legal sea más eficaz en su función de protección ciudadana y seguridad nacional, asegurando que cada norma cumpla con el propósito de orden público sin vulnerar derechos fundamentales.

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