La defensa del territorio en Ucayali cobra un precio fatal

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) ha denunciado con profundo dolor el asesinato de Américo Pascuala Tomisha, un líder del pueblo Ashéninka de 57 años. Exjefe de la comunidad nativa Onconashari, ubicada en el distrito de Yurúa, la región Ucayali, falleció tras recibir impactos de bala el 23 de agosto. Según los datos oficiales que maneja la organización, este trágico evento ocurrió mientras Pascuala realizaba su labor como monitor y vigilante frente a presuntos invasores.

Pascuala había enfrentado una situación crítica al descubrir actividades ilegales de extracción de aceite de copaiba dentro del territorio comunal que él protegía. En medio de un violento enfrentamiento con terceros, el defensor perdió la vida. Ante este crimen atroz, la ORAU, entidad que representa a 21 pueblos indígenas de Ucayali, Loreto y Huánuco, ha manifestado su rechazo enérgico al ataque.

La organización exige la intervención inmediata del Ministerio Público. Solicitan el ingreso urgente a Onconashari para realizar el levantamiento del cadáver y ejecutar las diligencias necesarias. El objetivo es garantizar una investigación rápida, imparcial y efectiva que permita dar con los responsables de este hecho. Asimismo, piden asegurar la protección de la comunidad y sus autoridades frente a posibles riesgos futuros.

En su pronunciamiento, ORAU también alerta sobre la necesidad de reforzar la presencia institucional en zonas fronterizas como Yurúa. Indican que las comunidades allí enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a la limitada acción estatal y al ingreso constante de terceros a sus territorios. La organización critica fuertemente los mecanismos actuales de protección para defensores indígenas, argumentando que no están frenando los ataques contra los dirigentes.

Exigen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tomar acciones contundentes para garantizar la defensa real de quienes protegen la Amazonía. "La defensa territorial no puede seguir cobrando la vida de quienes protegen", apuntan. La situación en Yurúa, una zona de frontera que necesita más protección, refleja la urgencia de un cambio inmediato en las políticas públicas hacia los pueblos originarios.

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