Apu Herlin Odicio alerta por desprotección de líderes indígenas tras asesinato de Américo Pascuala: “No estamos previniendo ataques dentro del territorio con solo un papel”

El pasado 23 de agosto, en la comunidad nativa de Onconashari (Ucayali), el dirigente ashéninka Américo Pascuala perdió la vida mientras realizaba labores de vigilancia territorial. Según Herlin Odicio, vicepresidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el asesinato ocurrió tras una intervención directa del líder ante personas que presuntamente extraían ilegalmente aceite de copaiba dentro del territorio comunal. Odicio denunció que Pascuala y otros dirigentes de la zona ya habían recibido amenazas previas sin que el Estado lograra prevenir posibles ataques. "¿Cómo prevemos esto con solamente un papel?", cuestionó el dirigente durante una entrevista con Canal N, al señalar que en los territorios indígenas no existen cámaras de vigilancia ni puestos policiales cercanos para responder rápidamente ante emergencias. El representante de ORAU criticó la gestión estatal, señalando que las medidas de protección se limitan a otorgar garantías documentales cuando las comunidades se encuentran en zonas alejadas y sin presencia permanente de la Policía. "No estamos previniendo ataques dentro del territorio con solo un papel", afirmó Odicio. Explicó que el asesinato ocurrió porque Pascuala estaba patrullando y habría intervenido ante la presencia de estos individuos. A pesar de las alertas previas sobre las amenazas, las organizaciones indígenas no obtuvieron una respuesta efectiva por parte del Estado para evitar futuros incidentes en estas áreas vulnerables. La falta de infraestructura básica de seguridad, como puestos fijos o sistemas de monitoreo, deja a los líderes expuestos a la violencia. La situación refleja un vacío crítico en la protección oficial hacia las comunidades nativas de la región. Odicio insistió que el Estado debe ir más allá del papel para garantizar la seguridad real de quienes defienden sus territorios frente a actividades ilegales como la extracción forestal clandestina. Sin una presencia policial constante y medidas preventivas tangibles, el riesgo para los líderes indígenas seguirá siendo inminente y no mitigado por declaraciones oficiales.

También criticó que, tras el asesinato, la comunidad haya tenido que afrontar dificultades para trasladar el cuerpo del dirigente debido a la falta de medios de transporte y acceso a la zona. Según Odicio, la presencia de actividades económicas ilegales como la tala, minería y narcotráfico representa una amenaza constante para las comunidades indígenas de la Amazonía. El dirigente sostuvo que estas organizaciones criminales aprovechan la ausencia del Estado y los recursos económicos que manejan para ingresar a los territorios y captar pobladores.

Asimismo, denunció otros delitos que afectarían a comunidades de zonas fronterizas, entre ellos la trata de personas y el reclutamiento de jóvenes indígenas para actividades vinculadas a organizaciones criminales. Ante esta situación, explicó que las comunidades vienen impulsando guardias indígenas y mecanismos de vigilancia territorial, además de recurrir a la justicia indígena para proteger sus territorios.

Odicio detalló que los comités de monitoreo territorial suelen estar integrados por alrededor de diez personas que realizan patrullajes sin armas de fuego. Los integrantes utilizan herramientas tradicionales, como lanzas y flechas, mientras que los grupos criminales que ingresan a los territorios cuentan con armas de largo alcance.

"Esa es la diferencia que luchamos, que afrontamos en los territorios", señaló el dirigente, al advertir sobre la situación de vulnerabilidad en la que realizan sus labores los defensores indígenas. "No estamos previniendo ataques dentro del territorio con solo un papel".

Apu Herlin Odicio, tras el trágico fin de Américo Pascuala, advirtió que el papel es insuficiente para detener los ataques contra sus líderes dentro del territorio. «No estamos previniendo ataques dentro del territorio con solo un papel», precisó el dirigente. Para él, lo urgente son acciones concretas del Estado frente a las actividades ilegales que asolan a las comunidades y mecanismos de protección que garanticen respuestas oportunas ante cualquier amenaza. Sin estas medidas reales, la seguridad de los pueblos sigue en riesgo. La falta de prevención no es casualidad, sino una omisión que debe corregirse inmediatamente para evitar nuevos lamentos como el de Pascuala. El gobierno necesita demostrar voluntad política, más allá de las declaraciones oficiales. La protección efectiva requiere recursos y compromiso real con las autoridades locales. Solo así se puede garantizar la vida de los líderes indígenas en medio del conflicto territorial.

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