Cultura
La posible designación de Alfredo Mormontoy Atayupanqui como subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco ha sumado nuevo combustible a las críticas contra el ministro Alberto Beingolea. Esta decisión administrativa, que según datos preliminares será oficializada en las próximas horas, resulta especialmente delicada dado que la entidad tiene bajo su responsabilidad la gestión y protección de uno de los patrimonios arqueológicos e históricos más valiosos del país.
Prioridad a cualquier nombramiento de mando debe estar la evaluación de idoneidad. Sin embargo, al revisar el expediente del arqueólogo, emergen antecedentes que obligan a cuestionar los criterios aplicados por el Ministerio de Cultura. Uno de los puntos más críticos se vincula directamente con una investigación judicial pendiente y un caso que ha generado tensiones entre inversión privada y protección patrimonial: el denominado caso Hotel Sheraton.
Según la información disponible, Mormontoy figura como investigado en la Carpeta Fiscal N.° 50-2018. Los antecedentes fiscales citados lo señalan por presuntos delitos contra la administración pública, específicamente acusado de cohecho pasivo propio y organización criminal, conforme a la Disposición Superior N.° 422-2019-3FSP-CUSCO.
El conflicto originó la construcción de un edificio en la calle Saphy, pleno Centro Histórico del Cusco, lo que terminó convirtiéndose en uno de los mayores enfrentamientos recientes entre el sector privado y las autoridades públicas. El Poder Judicial ordenó la demolición de dicha estructura y la restitución de los andenes incas afectados.
Fuente: Ministerio Público.
Las resoluciones judiciales reportadas en 2019 fueron contundentes: se ordenó la remoción de cinco filas de andenes incaicos y se cuestionó la legalidad de los permisos que habilitaron la obra. No obstante, hay un dato que vuelve a poner el caso sobre la mesa en 2026: la sentencia judicial aún no habría sido ejecutada plenamente.
Una publicación del 17 de agosto de este año indica que siete años después de la decisión judicial, persiste la demora en la demolición y la restitución de los andenes. Esta situación prolongada incluso podría derivar en nuevas acciones legales ante la Junta Nacional de Justicia. Mientras el Estado enfrenta dificultades para hacer cumplir una sentencia destinada a proteger el patrimonio arqueológico, se evalúa colocar en una posición de responsabilidad dentro de la misma estructura cultural cusqueña a una persona cuyo nombre aparece vinculado a los antecedentes fiscales del caso.
Ante esta contradicción, si la designación de Mormontoy se confirma, corresponde que el Ministerio de Cultura explique públicamente qué evaluación de integridad y posibles conflictos de interés realizó antes de considerar su nombramiento. La pregunta es inevitable: ¿qué criterios de idoneidad ha aplicado el ente rector para permitir que un funcionario con tal historial fiscal asuma un rol clave en la salvaguarda del patrimonio?
De acuerdo con la información conocida, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que el arqueólogo Mormontoy será designado subdirector. La trayectoria del funcionario contiene elementos que merecen ser revisados exhaustivamente antes de blindar una decisión que podría tener graves implicancias jurídicas y administrativas.
La otra historia: el caso UNSAAC
El segundo antecedente que emerge en esta investigación remonta a septiembre de 2024, cuando la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público intervinieron la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). En esa ocasión, se detuvieron preliminarmente a tres personas, entre las cuales figuraba Alfredo Mormontoy Atayupanqui. El foco de la investigación giró en torno a una denuncia por presuntos recortes de remuneraciones aplicados a docentes.
Fuente: Ministerio Público.
Según detallaron los medios periodísticos, la acusación sostenía que profesores habrían sufrido descuentos injustificados en sus sueldos y que dichos recursos eran destinados al pago de una persona que no mantenía ningún vínculo laboral formal con la institución. El diario La República informó entonces que los denunciantes imputaban a Mormontoy y a Patricia Arroyo Abarca la disposición arbitraria de estos fondos para pagar a Claudia Herrera, quien tampoco tenía contrato con la universidad.
La contradicción institucional
No obstante, el Estado no debería esperar una sentencia condenatoria para cuestionar si alguien es idóneo para ocupar funciones públicas. Sin embargo, esto parece no importar al ministro Beingolea; desde su llegada al despacho ministerial, la institución ha visto cómo se copan los cargos con personajes afines al Partido Popular Cristiano (PPC). Existe otro elemento que hace más llamativa esta eventual designación: la propia UNSAAC mantiene actualmente a Mormontoy como docente y, mediante la Resolución Rectoral N.° R-620-2026, lo nombró director del Museo Inka desde el 5 de mayo de 2026.
Es decir, pese a los antecedentes de investigación conocidos públicamente, la universidad ha continuado asignándole responsabilidades académicas y museísticas. Ahora, el Ministerio de Cultura estaría evaluando llevarlo a un puesto dentro de la estructura encargada de proteger el patrimonio cusqueño. El problema trasciende quién es Mormontoy; se trata del mensaje que envía el Estado al no considerar los antecedentes cuestionados como impedimentos para ascender en instituciones vinculadas directamente con el patrimonio.
El componente político
Además, hay una dimensión política que el ministro debería aclarar. Alfredo Mormontoy fue candidato del Partido Popular Cristiano a la Alcaldía Provincial del Cusco en las elecciones municipales de 2014. Los resultados consignan para su partido solo 2,073 votos, equivalentes al 0.99% de los válidos, sin lograr representación en el concejo provincial.
Entonces surge la pregunta que el Ministerio de Cultura debe responder: ¿La eventual designación responde a criterios técnicos y de mérito o forma parte de una lógica de reparto político de puestos? La respuesta no puede quedar escondida detrás de una resolución administrativa.
El conflicto de intereses
Finalmente, hay una cuestión todavía más delicada. Si una persona aparece vinculada a investigaciones relacionadas con funcionarios o actuaciones de la propia estructura cultural del Cusco, su colocación en un puesto con capacidad de decisión dentro de esa misma organización puede generar, como mínimo, un riesgo de percepción de conflicto de intereses que debería ser evaluado con rigor.
Casa Pausa, el espacio cultural autogestionado que operó sin interrupciones entre 2008 y 2018 acogiendo a cientos de artistas de diversas disciplinas, ha retomado sus puertas tras ocho años de pausa. Tras la Bienal de Arte y Nuevos Medios Videoakt 2026, donde funcionó como sede con exposiciones dedicadas a la experimentación y la interacción, el recinto ha vuelto a abrir en Miraflores bajo las premisas «Vuelve, Volvimos, Regresamos». La programación se centra en artes visuales, multimedia y formación, buscando recuperar el espíritu fundacional de acercar el arte contemporáneo a públicos diversos y consolidarse como un lugar abierto para la creación. Bajo este nuevo formato, Casa Pausa inicia una etapa vinculada al arte, la tecnología y nuevos medios sin fines de lucro.
Volviendo al tema central de la nota, Alfredo Mormontoy Atayupanqui no es solo un funcionario con un currículo que debe ser revisado; su perfil implica responsabilidades críticas en el manejo del patrimonio. Mormontoy fue jefe de la oficina encargada de autorizar excavaciones arqueológicas y, desde esa posición clave, habría dado luz verde a las investigaciones realizadas por Gloria Choque. Esta última es esposa de Ernesto García Calderón, quien actualmente actúa como asesor en la sombra de los ministros Rogers Valencia y Alberto Beingolea.

Tal relación añade un nuevo elemento que debe ser esclarecido, especialmente ante una eventual designación de Mormontoy en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Un cargo en esta entidad exige más que conocimientos técnicos de arqueología; demanda independencia, criterio técnico, integridad y autoridad moral para tomar decisiones sobre bienes que pertenecen a todos los peruanos.

La DDC Cusco no es un premio político. Es una oficina desde donde se toman decisiones que pueden afectar casonas, monumentos y sitios arqueológicos. Los proyectos inmobiliarios e investigaciones dependen de autorizaciones cuya mala gestión puede producir daños imposibles de reparar en el futuro.

El caso Sheraton es la demostración precisa de lo que ocurre cuando el patrimonio queda atrapado entre permisos, intereses privados y decisiones administrativas. El Cusco ya conoce las consecuencias de tener que enfrentar a la sociedad civil contra las autoridades para defender sus restos arqueológicos. La sentencia judicial que ordenó la demolición constituye un antecedente claro de esa resistencia ciudadana movilizando organizaciones, juristas y colegios profesionales.

Ahora, siete años después de ese conflicto, la situación vuelve a tocar las puertas de la administración cultural. La eventual llegada de Alfredo Mormontoy a la DDC Cusco no debería consumarse en silencio. Porque una cosa es nombrar a un funcionario y otra muy diferente es colocar a una persona cuestionada por investigaciones públicas en una institución cuya primera obligación es proteger aquello que el tiempo no puede devolver.

Alfredo Mormontoy y ministro Alberto Beingolea en Cusco.
El patrimonio del Cusco puede sobrevivir a un ministro, a un partido y a un funcionario. Lo que no puede sobrevivir es la indiferencia de quienes tienen la obligación de custodiarlo.
Dos exposiciones entre arte, tecnología e interacción
Esta nueva etapa cultural está encabezada por el artista, docente y curador Andrés Ennen, quien asumió la dirección y curaduría de Casa Pausa, con la producción general a cargo de Andrea Calderón. Con su reapertura, este espacio recuperó un lugar para la creación contemporánea en Miraflores e inauguró una nueva fase dedicada a los nuevos medios. El ingreso a las actividades es libre y abierto, consolidando Casa Pausa como un punto de encuentro, experimentación y articulación para la comunidad y los nuevos creadores.
Como parte de la programación de Videoakt 2026, se inauguró el 22 de agosto la muestra “Pausa del Sistema 1”, que podrá visitarse hasta el 5 de septiembre, de lunes a sábado, entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m. Esta propuesta convierte la sala en un lugar de participación activa mediante obras que incorporan robótica, sensores y procesamiento de video en tiempo real, donde el visitante deja de ser un espectador pasivo.
Entre las piezas presentadas figuran trabajos de arte cinético con robótica; experiencias inmersivas que emplean sensores para proyectar los latidos cardíacos de los visitantes en tiempo real; un autorretrato interactivo activado mediante la marcha en una caminadora; y una pizarra capaz de capturar dibujos de luz y enviarlos a la nube mediante un código QR. La muestra reúne trabajos de Andrés Ennen, Aaron Medina, Mikaela Merino, Santiago Huerto, Rodrigo Cabrera e Ingrid Silva, quienes exploran las relaciones entre cuerpo, tecnología, movimiento e interacción.
Ambas exposiciones plantean una aproximación al arte de nuevos medios desde la interacción y la experimentación tecnológica, pero también desde una mirada crítica hacia los sistemas, dispositivos y dinámicas que forman parte de la vida cotidiana. La programación continuará con “Pausa del Sistema 2”, cuya inauguración está prevista para el 12 de septiembre. Esta segunda muestra reunirá propuestas de André López Daza, Rubén Alonzo Vásquez Cherres, Renzo Alva, Gloria María Chong & Lillian White y Francisco García Villavicencio.
“Nacimos con la necesidad de difundir el arte contemporáneo de forma abierta y accesible. Reabrir tras ocho años y hacerlo dentro de la Bienal Videoakt representa el espíritu original de Casa Pausa: ser un punto de encuentro, experimentación y articulación para la comunidad y los nuevos creadores”, señaló Andrés Ennen, director y curador del espacio.
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