La propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente de Chile, José Antonio Kast, enfrenta un rechazo transversal que excede las diferencias entre Gobierno y oposición.

El principal foco de controversia es la creación de un nuevo estado de excepción que permitiría al mandatario restringir derechos fundamentales durante un período de hasta 240 días sin autorización parlamentaria inicial. Al ingresar al Senado como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), este proyecto contempla restricciones a la libertad personal, de desplazamiento y de reunión.

Además, otorga facultades para interceptar comunicaciones y documentos, requisar bienes y ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad de Chile. Esta amplitud de atribuciones también incluye mecanismos para identificar oficialmente a organizaciones criminales y terroristas. Sin embargo, críticos advierten que todo ello podría resultar en una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.

La propuesta incluye poderes para interceptar comunicaciones y aumentar la intervención militar, lo cual ha generado reparos incluso dentro del oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que, aunque su partido comparte el objetivo de enfrentar al crimen organizado, "en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad".

Las críticas a la reforma constitucional trascienden el ámbito político, con expertos legales advirtiendo sobre su innecesidad. Javier Couso, abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, declaró para EFE que "la reforma no es en ningún caso necesaria para combatir al crimen organizado y el terrorismo en Chile". El experto añadió que "no hay nada en la Constitución chilena que impida los objetivos de la agenda de seguridad", sugiriendo un camino alternativo para el Estado.

Desde la oposición, el rechazo a las nuevas facultades presidenciales es contundente. El expresidente Gabriel Boric pidió adoptar una posición clara y firme respecto de esta reforma constitucional. Cuestionó la posibilidad de establecer un estado de sitio de 240 días con atribuciones exclusivas del presidente, calificándolo como una "limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena".

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) también cuestionó la extensión de las facultades presidenciales. A su juicio, un estado de emergencia de hasta 240 días sin intervención del Congreso "linda con algo que a mí me parece tremendamente peligroso".

En la misma línea, el senador Matías Walker (Demócratas) llamó al Gobierno a retirar el proyecto. Argumentó: "Después de la crítica transversal que ha habido respecto de la reforma constitucional, lo más aconsejable es que el Gobierno retire el proyecto, haga un trabajo prelegislativo y podamos generar las reformas que generen consenso y que sean eficaces para el objetivo de perseguir el crimen organizado".

Couso calificó la iniciativa como "sustancialmente peligrosa para la democracia", pues entregaría al presidente "poderes casi omnímodos" sin un acuerdo previo del Congreso. Por su parte, Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, describió el movimiento como "populismo constitucional". Según el especialista, presentar una reforma para solucionar seguridad es "una solución mágica" que puede resultar "irresponsable".

Diego Pardo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, alertó sobre la concentración de atribuciones. Señaló que se "tensiona el principio democrático" con cualquier reforma que centralice poder en el Ejecutivo sin contrapesos temporales y parlamentarios adecuados. Entre los aspectos que más le preocupan está la posibilidad de interceptar comunicaciones sin orden judicial. Pardo recordó que esta herramienta fue utilizada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) contra opositores políticos durante la dictadura.

En el lado oficial, el Gobierno sostiene que las nuevas facultades buscan intervenir sectores donde la acción de las organizaciones criminales resulta particularmente difícil. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la propuesta al señalar que se pretende "intervenir ciertas zonas donde operan grupos terroristas o el crimen organizado, que es de difícil penetración".

Mientras el Gobierno defiende la necesidad de contar con herramientas extraordinarias frente a organizaciones criminales cada vez más estructuradas, sus detractores advierten que el remedio puede terminar afectando aquello que busca proteger. Sin embargo, los cuestionamientos apuntan a que el problema de la seguridad no se resolvería necesariamente ampliando las atribuciones presidenciales.

Jorge Araya, experto en seguridad de la Universidad de Santiago, afirmó que "lo más efectivo no está en la agenda". Cuestionó un supuesto "afán del Gobierno por mostrar que está haciendo algo en materia de seguridad, pero evitando lo realmente necesario: inyectar más recursos para fortalecer nuestras instituciones".

Ahora, la discusión tendrá un escenario decisivo en el Congreso. Al tratarse de una reforma constitucional, necesita cuatro séptimos del Senado, equivalentes a 29 votos. El panorama actual aparece complejo para el Ejecutivo debido a las divisiones internas y al rechazo de sectores opositores.

La propuesta deberá ser revisada por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública antes de llegar a la Sala. La pugna se centra entre quienes buscan poder frente al crimen organizado y quienes temen que el exceso de autoridad debilite los cimientos democráticos que pretenden salvaguardar.

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