Las autoridades también investigan a funerarias y empresas vinculadas a esta estafa. Todos los implicados han sido detenidos y enfrentan prisión preventiva de 18 meses mientras avanzan las pesquisas.

El médico legista Edgar Eduardo Poma Condori es investigado como presunto cabecilla de una organización criminal. Según la investigación publicada por el programa dominical Punto Final de Latina, sus indagaciones están a cargo de la División de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público y la Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro. Su rol habría sido utilizar certificados de defunción y documentación falsa para obtener cobros de seguros y pensiones por alrededor de S/ 22 millones.

El esquema involucra a personas que habían fallecido años antes, pero que posteriormente aparecieron afiliadas a sistemas previsionales, con aportes registrados y una supuesta actividad laboral. Según la investigación, luego se consignaba nuevamente su fallecimiento y presuntos familiares se presentaban para solicitar beneficios como seguros de vida, pensiones y gastos de sepelio. Entre los expedientes revisados figura el de Josué Valdez Gutiérrez, cuyo fallecimiento original habría ocurrido en febrero de 2003.

No obstante, un certificado firmado por Poma Condori señaló que murió el 11 de noviembre de 2020 en Paucartambo, Cusco. Ese mismo año se registraron aportes previsionales a su nombre y, en enero de 2022, se efectuó un pago de S/ 1,3 millones. Las autoridades también investigan a funerarias y empresas vinculadas a este fraude. Todos los implicados han sido detenidos y enfrentan prisión preventiva de 18 meses mientras avanzan las pesquisas.

Los investigadores buscan determinar si esta metodología se empleó para ocultar el paradero de personas buscadas por la justicia. La presunta organización, cuyos integrantes cumplen 18 meses de prisión preventiva tras ser detenidos, operaba mediante un esquema complejo. De acuerdo con las pesquisas, el mecanismo consistía en reincorporar documentalmente a fallecidos al sistema laboral y previsional. Tras registrar aportes, se generaba una nueva defunción oficial para que familiares o beneficiarios gestionaran cobros ante aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones.

De Alcázar y Luz en el Cielo son las funerarias investigadas por su participación, al igual que la empresa Delta Elite Seguridad-Vigilancia. En esta última, tres personas que ya habían fallecido figuraban como trabajadores activos. La investigación también menciona a César Chura Ticona, afiliado al sistema previsional en mayo de 2020 y declarado fallecido meses después; el seguro desembolsó S/ 941.983,95.

Otros casos corresponden a Rosa Pimentel Tapia, fallecida inicialmente en 2013 y vinculada luego a un cobro de S/ 88 mil. Por su parte, César Quispe Arriaga fue el supuesto beneficiario que recibió S/ 1 millón gracias a documentación falsificada. Así operaba la red fraudulenta para estafar a las aseguradoras.

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