Un reportaje de Cuarto Poder ha revelado cifras alarmantes: al menos 72 choferes han sido asesinados en lo que va del año. Estos trabajadores del volante, que operan buses interprovinciales, transporte urbano y combis —tanto formales como informales— se han convertido en blancos constantes de la delincuencia organizada dedicada a la extorsión contra el sector.
Frente a la falta de protección estatal y la continuidad de los atentados, conductores, empresarios y dirigentes del rubro han optado por adquirir armas de fuego para su propia defensa. La violencia generada por estos cobros ilícitos ha dejado a cientos de familias sin sustento económico y paralizado flotas enteras. Casos documentados en distritos como Ate, Santa Anita y el Callao muestran ejecuciones perpetradas en paraderos y avenidas por sicarios a bordo de motocicletas.
¿Cómo operan las mafias de extorsión contra el transporte público?
De acuerdo con dirigentes del sector, las organizaciones criminales exigen pagos de 30 mil soles como cuota inicial a las empresas y montos semanales de 5 mil soles para permitir la circulación de las unidades. Los criminales atacan a los conductores sin advertencia previa, utilizando armas de fuego y explosivos en plena ruta o en los paraderos de los vehículos. La negativa a realizar estas transferencias de dinero deriva inmediatamente en balaceras contra el personal y las unidades.
Según la información recopilada por Cuarto Poder, las mafias imponen montos de hasta 30 mil soles como pago inicial y cuotas semanales de 5 mil soles para permitir la circulación de las unidades. Esta presión económica busca coaccionar a los transportistas bajo el miedo constante de perder sus medios de vida o enfrentar una muerte violenta en manos de bandas armadas que operan con impunidad.
La situación ha creado un escenario donde la única vía percibida por muchos es la autodefensa armada, rompiendo paradigmas de seguridad laboral y exponiendo a los choferes a riesgos letales cada vez que suben al volante para cumplir sus rutas diarias en medio de una crisis humanitaria silenciosa pero devastadora.
La violencia que azota a los transportistas en el Perú no hace distinción entre rutas urbanas, interprovinciales o informales. Un ejemplo trágico ocurrió en el óvalo de La Perla, Callao, donde Jesús Vargas Aguilar fue ejecutado por un sicario que huyó en motocicleta tras dispararle directamente. Poco después, las cámaras captaron a otro sujeto bajar de una moto para asestarle un tiro con arma silenciada a un conductor de 71 años en la misma provincia constitucional. Este escenario de inseguridad extrema llevó a Julio Becerra Centurión, chofer de la empresa Nuevo Horizonte, a recibir tres disparos tras negarse a ceder ante cobros ilegales.
Representantes de la compañía confirmaron que este hecho constituye el tercer ataque con proyectiles de arma de fuego y granadas en un periodo de dos años. El conductor fue herido en el estómago y el hombro, debiendo ser trasladado a un centro médico mientras la flota suspendía sus operaciones. Ante el temor constante a sufrir atentados mientras prestan servicio, varios transportistas han decidido tramitar licencias para portar armas de fuego.
Fernando Espinoza, conductor de la empresa El Pesquero que cubre la ruta Ate-Callao, confirmó que adquirió un arma con capacidad para 10 municiones para actuar en defensa propia. Explicó que al estar al mando del bus, el chofer se encuentra en clara desventaja frente a los sicarios que disparan a traición. Por su parte, el dirigente y asesor legal Julio Bretoneche señaló que tanto conductores como empresarios están recurriendo a la compra de armamento legal ante el abandono que sienten.
Bretoneche advirtió que esta medida de autofensa podría desembocar en un conflicto social armado entre el gremio de transportistas y las bandas de delincuentes. Sostuvo que las llamadas de auxilio a las autoridades resultan ineficaces debido a que los criminales huyen en segundos tras perpetrar los disparos, dejando a la población indefensa ante la impunidad.
Más de 72 choferes han muerto a lo largo del año tras salir a trabajar, una cifra que sigue en aumento pese a las promesas de seguridad. El general Revoredo declaró que las autoridades mantienen el compromiso de enfrentar la delincuencia y asumirán la responsabilidad si no logran capturar a las bandas criminales. Sin embargo, estas declaraciones chocan con la realidad: tras dos años de violencia ininterrumpida, el dirigente de transporte Martín Ojeda calificó la situación como caótica. Ojeda criticó la falta de resultados y señaló que no existe coherencia entre el actuar de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que permite a las bandas expandir su accionar hacia el transporte interprovincial.
Las empresas atraviesan serias dificultades debido a las renuncias de choferes que temen convertirse en las próximas víctimas. Los ataques armados no solo se traducen en la pérdida de vidas humanas, sino también en el abandono masivo de puestos por el miedo reinante. Un caso emblemático fue el asesinato de Mauro Garrizo Flores, chofer de Vipusa, acribillado de cinco disparos frente a la cobradora y usuarios; los delincuentes actuaron a la luz del día sin reparar en patrulleros cercanos. Tras sufrir el atentado contra Julio Becerra, la empresa Nuevo Horizonte tuvo que mantener más de 40 buses parados durante al menos cinco días consecutivos.
Esta paralización afectó directamente los ingresos de aproximadamente 300 familias dependientes económicamente de la operatividad de dicha compañía. Las agresiones en plena vía pública han sido reportadas reiteradamente dentro de unidades con pasajeros a bordo, generando zozobra generalizada entre quienes deben poner su vida en juego cada mañana para cumplir sus turnos laborales.
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