Según reportó Cuarto Poder, un total de 211 postulantes del partido Alianza para el Progreso (APP) presentan sentencias penales condenatorias en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. La nómina electoral dirigida por César Acuña incluye a candidatos con antecedentes judiciales firmes que buscan asumir cargos de representación pública en diversas regiones, provincias y distritos del país. De acuerdo con una investigación periodística transmitida por el programa Cuarto Poder, las condenas abarcan delitos contra la administración pública como corrupción de funcionarios, omisión a la asistencia familiar y violencia familiar.
Dentro de este total, la cifra comprende específicamente a 18 candidatos a gobiernos regionales, 52 a alcaldías provinciales y 141 a municipios distritales. Asimismo, los registros revelan antecedentes por condenas firmes de robo agravado, favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, circulación de billetes falsificados e incluso terrorismo. Es importante destacar que estas cifras se basan en las hojas de vida presentadas ante las autoridades electorales por los propios aspirantes.
¿Qué antecedentes registran los candidatos a alcaldías distritales y provinciales de APP?
En la región La Libertad, Fernando Morales Chinchay postula a la alcaldía distrital de Huaylillas, en la provincia de Pataz. Tras haber ingresado a la función pública en 2022 como regidor del mismo municipio, Morales Chinchay registra una condena de 10 años de cárcel por el delito de robo agravado tras ser detenido en 2007 durante una intervención policial por el asalto al restaurante Donatelo en Miraflores. Asimismo, el candidato figura en un documento policial de enero de 2013 por el delito de violencia y resistencia a la autoridad tras enfrentarse a efectivos policiales durante un desalojo en el río Chillón.
En su declaración de ingresos de 2025, reportó ingresos brutos superiores a los 3 millones de soles como gerente general de su constructora inmobiliaria, figura como accionista en cinco empresas y postula por el partido Alianza para el Progreso. Por otro lado, la Fiscalía especializada investiga a postulantes vinculados a casos de terrorismo en distintas regiones del país.
En Huancavelica, Nelfa Común Gavilán, candidata a la alcaldía provincial de Tayacaja y hermana del exalcalde Carlos Común Gavilán, es investigada por la Fiscalía contra el Terrorismo y Derechos Humanos de Huancayo. La investigación se centra en presunta colaboración con el terrorismo durante su gestión como alcaldesa distrital. Su hermano Carlos Común registra investigaciones de la Contraloría General de la República y la Fiscalía por irregularidades en los servicios de Cuna Más, caso por el cual el Ministerio Público solicitó 9 meses de prisión preventiva.
Finalmente, en Cajamarca, Manuel Olano Villalobos postula a la alcaldía de San Juan de Cutervo tras haber cumplido una condena dictada en 1982 por el delito de terrorismo. El hecho que confirmó haber purgado en los penales de Jaén, Chiclayo y Lima forma parte de su historial electoral presentado ante las autoridades competentes para las próximas elecciones.
Dentro del registro del Jurado Nacional de Elecciones, la lista de postulantes municipales con condenas penales en el interior del país revela otros delitos graves. En Apurímac, Julián Mitma Sischa, de 44 años, se presenta como candidato a regidor del distrito de Ongoy, aunque registra una sentencia firme de cinco años de prisión por violación a la libertad sexual. Más al norte, en Amazonas, Neiser Huamán Puerta postula a la alcaldía distrital de La Jalca tras haber sido sentenciado en 2013 a cinco años de cárcel por promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. En Lima, el perfil es igualmente complejo: Marcelino Huamán, candidato a la alcaldía de Villa El Salvador, registra una condena de tres años de pena suspendida por falsificación y uso de documentos públicos. Además de esto, enfrenta una medida de protección en su contra por violencia psicológica y un proceso judicial en trámite por pensión de alimentos.
¿Quiénes son los candidatos a gobiernos regionales de APP que presentan condenas judiciales?
En Arequipa, la figura política más destacada es el exgobernador Elmer Cáceres Llica, quien busca retornar al gobierno regional bajo la bandera de Alianza para el Progreso junto a su esposa, Jennifer Neira Gonzales. Esta última postula a la alcaldía provincial de Caylloma. El historial penal del exgobernador es extenso: en 2023 recibió una condena de siete años de cárcel por colusión agravada debido a irregularidades en la adquisición de 232 butacas para el coliseo de Chivay, permaneciendo cuatro años en prisión; sin embargo, esa pena fue anulada por el Poder Judicial en 2025 para la realización de un nuevo juicio oral. Adicionalmente, su hoja de vida figura con tres sentencias penales firmes previas: dos años de pena suspendida en 2007 por entorpecimiento al funcionamiento de medios de transporte; un año y ocho meses en 2016 por falsa declaración en procedimiento administrativo; y siete meses de pena suspendida en 2024 por incumplimiento de deberes funcionales.
Por su parte, en Cajamarca, el excongresista Moisés Gonzales Cruz postula a la gobernación regional, registrando sentencias firmes y denuncias policiales por violencia contra la mujer. Su trayectoria judicial incluye que, en 2021, cuando ejercía el cargo de parlamentario, fue condenado a cuatro años de prisión por colusión simple; proceso en el cual fue absuelto en 2024 por el Poder Judicial con la fijación de 30 mil soles de reparación civil al Estado. En 2023 recibió una condena de seis meses y 26 días de periodo de prueba por omisión de deberes funcionales tras acogerse a la conclusión anticipada por no asistir a las reuniones del comité de seguridad ciudadana. Gonzales Cruz registra además dos sentencias por pensión de alimentos en juzgados de Lambayeque y Ventanilla, así como denuncias graves: violencia psicológica en 2017; ingresar a la vivienda de su expareja a quemar prendas de vestir en 2018; y agredir a un efectivo policial en 2019.
Ni los directivos de Alianza para el Progreso ni los candidatos investigados respondieron a las llamadas y mensajes enviados al cierre del informe periodístico, tras ser consultados sobre sus criterios de selección. Por su parte, César Acuña, fundador del partido, ratificó su postura frente a los cuestionamientos mediáticos al señalar que la ciudadanía no debe votar por postulantes desconocidos. Sin embargo, la realidad de las nóminas electorales presentadas expone la participación activa de ciudadanos con antecedentes penales en procesos judiciales resueltos o en trámite ante el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esto incluye sentencias por violencia familiar, omisión a la asistencia familiar y faltas a la administración pública, que según el Jurado Nacional de Elecciones concentran la mayoría de los casos reportados.
La presencia de 211 candidatos sentenciados en las listas del partido evidencia que mantienen en sus nóminas a ciudadanos con condenas por diversos delitos. La legislación electoral vigente permite declarar estas sentencias en la hoja de vida para conocimiento del electorado durante el proceso de votación, tal como se observa en casos concretos.
En la región Junín, Arnoldo Dante Mallma Auqui postula al gobierno regional mientras su hermano Jesús Martín Mallma Auqui figura como candidato a regidor provincial de Huancayo. Este panorama muestra la concentración de candidaturas familiares bajo una misma agrupación política. Arnoldo Dante cuenta con un ingreso anual cercano a los dos millones de soles e inmuebles valorizados en más de un millón; no obstante, en 2019 solicitó al Poder Judicial la reducción de la pensión de alimentos para su hijo, pasando de 500 a 1400 soles, demanda que no prosperó.
Sus antecedentes figuran dos sentencias judiciales que lo obligan al pago de manutención y una sentencia por violencia familiar. Además, enfrenta una condena dictada en 2025 por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo con el pago de 3 mil soles de reparación civil.
Otro ejemplo relevante es la familia Común Gavilán en Huancavelica, mientras que en Arequipa se registra el matrimonio de Cáceres Llica y Neira Gonzales. Estos casos demuestran cómo familiares integran niveles distintos de gobierno simultáneamente, generando un escenario donde múltiples miembros de la misma familia ostentan cargos públicos o aspiraciones electorales bajo la misma bandera política.
Cabe destacar que las agrupaciones políticas mantienen en sus listas a ciudadanos que cumplieron o registran condenas por delitos variados. La inclusión de estos postulantes abre interrogantes sobre los mecanismos de selección interna y el compromiso ético con la transparencia administrativa, aspectos que hasta ahora no han sido esclarecidos públicamente por las autoridades del partido.
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