Diputado Aldo Bravo anuncia retiro del proyecto que penalizaba "apología al delito" durante protestas

El congresista Aldo Bravo, representante del partido Renovación Popular, confirmó el retiro definitivo de la iniciativa legislativa que intentaba tipificar como delito la apología al delito en contextos de protesta social. A través de una columna publicada en un medio local, el político justificó su decisión argumentando la necesidad de evitar distracciones dentro de la agenda parlamentaria y reenfocar los esfuerzos nacionales hacia prioridades inmediatas, tales como mitigar las consecuencias del fenómeno de El Niño y combatir la inseguridad ciudadana.

La acción responde a una advertencia directa del presidente de su partido, Rafael López Aliaga, quien indicó que el país enfrenta problemas de mayor gravedad que requieren atención urgente. Bravo escribió: "Por esta razón, he decidido retirar el citado proyecto de ley para no distraer la actividad legislativa ni la agenda prioritaria del país". Añadió que en la política, como en la vida, a veces toca cambiar el rumbo y apuntar todas las baterías hacia lo urgente, pensando en el país y dejando algunas batallas para después. El legislador también reconoció haber recibido respaldo por redes sociales antes de tomar esta medida.

No obstante, el congresista no descartó presentar nuevamente su cuestionada propuesta por los gremios de periodistas en el futuro. "Se trata de ceder sin conceder", afirmó. Consideró que es una oportunidad para acrisolar la iniciativa, perfeccionarla y volver a la carga cuando llegue el momento adecuado.

Mientras tanto, las reacciones desde el sector periodístico han sido contundentes. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), criticó duramente la propuesta por sus amplios términos. Considera que estas deficiencias no solo restringirían la labor informativa, sino que podrían criminalizar la cobertura de las protestas sociales y afectar negativamente el ejercicio profesional. Por su parte, Bravo sostuvo que el retiro busca concentrar los esfuerzos del país en las principales prioridades nacionales, dejando esta batalla para una etapa posterior.

Lainez alertó que la nueva propuesta legislativa podría terminar criminalizando actividades inherentes al ejercicio habitual del periodismo. Según explicó, ante la ausencia de una definición clara, incluso la transcripción de declaraciones de personas involucradas en una protesta social o política podría ser interpretada como difusión de los usos ilegales que la propuesta pretende sancionar. Si un periodista recoge afirmaciones de un actor de la protesta, ¿la recolección de esa declaración va a generar responsabilidades penales sobre el reportero? Eso va a ser muy peligroso.

El legislador subrayó que las categorías empleadas son demasiado amplias y abiertas. “Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política”, señaló Lainez al destacar cómo el proyecto habla, desde su título, de entrar en contextos de crisis social. Esa ambigüedad abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en una circunstancia para aplicar una ley con estas características, especialmente en regiones con conflictos permanentes.

“El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística”, declaró Lainez. “Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales”. La preocupación central radica en que la amplitud de los términos empleados para establecer las conductas sancionables podría ocasionar interpretaciones restrictivas. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política, lo cual valida el contexto del título de la ley y permite que lo ordinario se convierta en delito.

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