El diputado Aldo Bravo, integrante de Renovación Popular, confirmó este domingo 23 de agosto que retirará su proyecto de ley N.° 00043/2026-2031-CD. Esta iniciativa proponía sancionar penalmente la apología al delito durante crisis políticas y conflictos sociales, estableciendo penas de cuatro a cinco años de prisión para quienes promovieran o legitimaran el uso de explosivos, artefactos incendiarios u otros medios capaces de afectar vidas e integridad. La decisión no es definitiva; Bravo aclaró que prefiere retirar la propuesta por ahora para priorizar asuntos urgentes como la seguridad ciudadana y la mitigación del fenómeno de El Niño, evitando así distracciones en la agenda legislativa. La noticia se dio a conocer mediante una columna publicada en el diario Expreso, donde el legislador detalló los motivos detrás de su paso atrás. Indicó que esta opción responde a una postura expresada por Rafael López Aliaga, quien también fue mencionado en el contexto político reciente. A pesar del retiro temporal, Bravo dejó abierta la posibilidad de revisar y perfeccionar el contenido para volver a plantearlo en el futuro. “Se trata de ceder sin conceder", escribió el parlamentario, añadiendo que esta pausa representa una oportunidad para acrisolar su planteamiento y fortalecerlo antes de cualquier futura reaparición. El propio diputado resaltó que el proyecto había recibido un respaldo ciudadano importante, lo cual fortalecía su original propuesta. Sin embargo, ante la necesidad de concentrar esfuerzos en problemas más inmediatos para el país, optó por no insistir en este tema específico en este momento. Su columna enfatizó que ceder ahora permite ganar tiempo para mejorar la legislación, asegurando que cuando llegue el momento adecuado, volverá a la carga con una versión más robusta y bien fundamentada de su iniciativa contra la apología al delito.

Críticas al proyecto de ley

El Consejo de la Prensa Peruana cuestionó la iniciativa porque consideró que sus términos podían afectar las libertades de expresión, prensa e información. La organización advirtió que, en contextos de crisis política o conflictos sociales, una redacción amplia podría permitir que la difusión de información de interés público sea interpretada de forma indebida como apología al delito.

El gremio también señaló que expresiones como "periodos de crisis política" carecen de una delimitación técnica clara. Según su posición, esa falta de precisión podía dejar a criterio de fiscales y jueces la interpretación de determinadas publicaciones o contenidos difundidos durante protestas, enfrentamientos o situaciones de tensión social.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también expresaron reparos. El cuestionamiento se centró en el riesgo de que la cobertura de manifestaciones, las entrevistas a dirigentes de protestas o la difusión de información sobre hechos violentos reciban una interpretación penal que exceda el objetivo declarado por el autor de la propuesta.

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