El Ejecutivo decretó el estado de emergencia por 60 días. Durante ese periodo, el Gobierno asegura que se tomarán medidas y acciones de excepción tras los daños causados por las lluvias y el fenómeno El Niño.

Siete días después de las inundaciones provocadas por intensas lluvias, el Gobierno de Keiko Fujimori declaró en estado de emergencia los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Esta medida, establecida mediante el decreto supremo 117-2026-PCM, permite al Ejecutivo adoptar acciones inmediatas y necesarias para resarcir los daños causados por la naturaleza. Ambas localidades sufrieron afectaciones en viviendas, colegios, pistas e incluso un bypass.

La declaratoria se justifica porque la capacidad de respuesta de la Municipalidad de Lima "ha sido sobrepasada". Por esa razón, "resalta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional".

A través de esta medida, se habilita un marco legal para implementar respuestas y rehabilitaciones urgentes. Las acciones estarán a cargo de VES y VMT, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

También intervendrán los Ministerios del Ambiente, Transportes y Comunicaciones (MTC), Interior, Defensa, Energía y Minas. Asimismo, participan las secretarías de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Trabajo y Promoción del Empleo, Desarrollo e Inclusión Social, así como otras instituciones públicas y privadas.

Durante el periodo de 60 días, INDECI llevará a cabo acciones de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por los gobiernos regionales de los sectores involucrados. El objetivo es gestionar eficazmente la recuperación ante esta crisis climática que impactó gravemente a estas zonas de Lima.

"Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución", ordena la publicación en el diario El Peruano. Estas medidas estarán sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

De igual forma, el Ejecutivo aseguró que se le facilitará a la población afectada el uso de materiales médicos, medicinas, alimentos, bebidas y productos de primera necesidad entre otros. La declaratoria lleva la firma de Fujimori, el primer ministro Luis Galarreta y los titulares del Minam, Mindef, Midis, MEF, Minedu, Minem, Mininter, MIMP, Minsa, MTPE, MTC y Vivienda.

No obstante, la respuesta del Ejecutivo viene con retrasos. El pasado lunes 17 de agosto, la mandataria acudió a Villa El Salvador para evaluar los daños que causaron las lluvias. Durante su visita, Fujimori aseguró que se iban a coordinar acciones para atender la coyuntura y que esa misma noche se iba a "activar todo".

"He hablado con el primer ministro", afirmó entonces. "Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectadas. Hoy por la noche debe estar declarándose en emergencia (…) hoy por la noche se activa todo". En ese sentido, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, expresó su respaldo a la medida orientada a agilizar las obras de reparación de las redes de desagüe dañadas.

"Otra medida que está yendo paralela es declarar en emergencia estas zonas de este distrito (Villa El Salvador) para poder cambiar el colector principal porque está colapsado", dijo Arnillas. Esta declaración busca acelerar la intervención técnica en un contexto donde las lluvias recientes han generado una crisis significativa. La coordinación entre los distintos ministerios es crucial para que la ayuda llegue a tiempo y con efectividad real.

La gestión del gobierno frente a este desastre natural ha sido objeto de escrutinio público debido al desfase entre las promesas iniciales y la ejecución efectiva. Mientras se esperan más lluvias, la población requiere soluciones concretas e inmediatas que vayan más allá de los discursos oficiales. La capacidad de respuesta institucional será determinante para mitigar el impacto social y económico en las zonas damnificadas.

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