Ayer, tras una reunión con Keiko Fujimori, Rafael Rey —Ministro de Transportes— y César Astudillo —de Interior—, un sector de los transportistas limeños decidió no sumarse al paro del 25 de agosto. La razón es clara: la aparente inacción del Poder Ejecutivo para combatir a sicarios y extorsionadores que atentan diariamente contra su seguridad laboral.

Frente a esta escalada criminal, Rey y Astudillo detallaron las medidas del Ejecutivo para intentar apaciguar el conflicto. Se confirmó la compra de equipos específicos contra la extorsión, la integración de cámaras en las 43 municipalidades de Lima y un refuerzo policial directo en las calles. Además, se anunció un decreto que facilitará archivar multas de tránsito al pagar solo el 10% del monto adeudado.

No obstante, los transportistas advierten que estos ataques son solo un peldaño más en una crisis que afecta al país desde hace años. «Esperamos que estas medidas traigan los resultados esperados», sostienen. Ponen énfasis en que si no se actúa de inmediato, muy pronto todos los peruanos terminaremos pagando cupos a los extorsionadores para ejercer nuestro derecho constitucional al libre tránsito.

«No es exagerado, es una consecuencia», aseguran los gremiales, quienes ven en estas declaraciones la única vía para detener el problema. «Ojalá que estos anuncios marquen el inicio del fin de esta lacra que nos afecta». La comunidad espera que las acciones concretas superen el discurso y garanticen finalmente la seguridad en las vías de transporte urbano de la capital.

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