La ley es dura, pero lo es: «Dura lex, sed lex». Durante seis años he inculcado este principio a mis alumnos en la cátedra de Derecho Romano. En consecuencia, ninguna norma restrictiva puede aplicarse de manera analógica o extensiva; cualquier abogado conoce esta regla. Sin una base legal expresa, el Derecho Penal, el Tributario y toda manifestación del derecho sancionador no funcionan.

Un ejemplo claro es la reelección encubierta. Aunque podría resultar contraria a la ratio legis del artículo 194 de la Constitución al impedir la reelección inmediata de alcaldes, no constituye una causal de tacha ni exclusión prevista en nuestro ordenamiento electoral. Así como hubo pedidos de nulidad sin fundamento jurídico expreso, hoy existen demandas de exclusión contra candidatos que recurren a este mecanismo.

No obstante, hay propuestas legítimas de reforma. Debemos modificar la normativa para permitir una sola reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, evitar que los alcaldes postulen como regidores estando impedidos de reelegirse e impedir la candidatura de familiares. Respecto a extender el mandato subnacional de cuatro a cinco años, debemos evaluarlo cuidadosamente. Aunque podría sobrecargar a los organismos electorales al hacer coincidir elecciones nacionales y subnacionales, permitiría ahorrar aproximadamente mil 500 millones de soles cada cinco años.

La conclusión es clara: la ley debe cambiarse si el análisis lo amerita, pero mientras esté vigente, corresponde aplicarla estrictamente. Esta postura jurídica busca garantizar que las normas sean respetadas sin vulnerar sus propios principios, evitando interpretaciones que desborden su texto literal. La estabilidad del sistema depende de que los funcionarios y ciudadanos actúen conforme a la letra de la ley hasta que el proceso legislativo modifique lo establecido. Así se asegura la predictibilidad y seguridad jurídica necesarias para el funcionamiento democrático, protegiendo tanto al Estado como a los gobernados frente a arbitrariedades o aplicaciones indebidas de las normas vigentes en materia electoral y administrativa.

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