Más de un centenar de obras educativas permanecen paralizadas y comprometen S/1.179 millones. Especialistas advierten que el país no está preparado para un evento climático severo o un terremoto devastador: miles de escolares podrían volver a perder clases mientras estudian en locales deteriorados, inconclusos o ubicados en zonas expuestas a inundaciones, huaicos y sismos.
El Fenómeno El Niño todavía no golpea con toda su fuerza y los colegios ya muestran sus primeras grietas. Obras paralizadas, infraestructura deteriorada y miles de locales educativos expuestos a inundaciones colocan a los escolares en primera línea de una emergencia que el país conoce desde hace años. Mientras las autoridades vuelven a hablar de prevención, más de un centenar de proyectos educativos permanece detenido y millones de soles siguen atrapados en obras que no llegan a convertirse en aulas seguras.
El panorama se vuelve más crítico cuando se observa qué ocurre con los recursos que sí fueron destinados a infraestructura. El último informe de la Contraloría muestra que Educación concentra 337 obras paralizadas, con una inversión actualizada de más de S/4.019 millones. Dentro de ese universo, 113 obras corresponden específicamente a colegios y centros educativos de la etapa escolar y suman S/1.179 millones.
La brecha de infraestructura en los colegios públicos ha crecido exponencialmente. Según Luis Lescano, expresidente del Consejo Nacional de Educación (CNE) y presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, este déficit pasó de unos S/60.000 millones en 2014 a más de S/160.000 millones en 2026. A ello se suma un diagnóstico particularmente grave: más del 50% de los colegios públicos presenta problemas de infraestructura, servicios básicos o conectividad y, según la información que cita, el 26% se encuentra en situación calamitosa.
"No estamos preparados, lamentablemente", sostiene Lescano. La realidad es que miles de estudiantes permanecen expuestos a una infraestructura precaria ante un riesgo inminente. Miles de colegios públicos presentan daños que podrían agravarse ante un FEN severo o un fuerte sismo, dejando a los jóvenes en aulas inseguras.
La infraestructura escolar enfrenta una doble crisis: obras paralizadas durante años y edificios que no resisten el clima. Alfredo Luna, ingeniero director de la Maestría en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de Centrum PUCP, advierte que las nuevas condiciones climáticas no han sido consideradas en el diseño actual. "La infraestructura escolar tiene que adaptarse al territorio y a sus riesgos, no obligar al territorio a adaptarse a un modelo único de colegio", cuestionó el especialista. Su argumento se basa en la realidad: si una llovizna en Lima puede parar las clases, debemos tomarlo como advertencia ante un evento severo.
El problema es nacional y masivo. El Minedu estima una brecha superior a S/171.000 millones para reparaciones, mientras que 26.905 locales educativos públicos requieren sustitución por riesgo estructural, comprometiendo la educación de más de 1,2 millones de estudiantes. La amenaza no se concentra en una sola región; las lluvias pueden afectar miles de establecimientos en todo el país. Los escenarios elaborados por CENEPRED para junio-agosto de 2026 identificaron 5.084 locales con riesgo muy alto por inundaciones y otros 10.982 en nivel alto.
En un territorio donde el agua llega como inundación en la costa, huaicos en los Andes o desbordes en la selva, el diseño único es insuficiente. Pero la precariedad también incluye proyectos que llevan más de una década esperando. Entre los casos más críticos destaca la institución educativa de Palma Grande, en Cajamarca, iniciada en 2012 y con apenas 28% de avance; la I.E. N.° 70351 Senka, en Puno, con un 9,98% de progreso desde 2016; y varios colegios de Cusco cuyos trabajos comenzaron entre 2012 y 2015 y continúan inconclusos.
La advertencia no es hipotética. El Niño de 2017 impactó a unos 3.700 colegios, provocando el colapso de 456 instituciones educativas. Ya las primeras señales del riesgo actual aparecen: recientes lluvias en el sur de la capital y del país obligaron a suspender temporalmente la presencialidad en zonas afectadas, mientras que aulas con grietas y rajaduras quedaron tras sismos en Junín y Ayacucho. El escenario sería más complejo cuando el país enfrente un evento de mayor intensidad.
En marzo, la Contraloría identificó graves deficiencias en 144 de 190 colegios públicos en Lima Metropolitana; estas escuelas presentaron daños severos en paredes, techos o pisos. De este total, 30 aulas fueron declaradas totalmente inhabitables. Del resto, 14 colegios no tenían agua potable, 56 operaban sin conexión a internet y tres sin energía eléctrica. La consecuencia directa de no subsanar a tiempo estas deficiencias es la suspensión de clases.
A los días sin clases se suman los gastos que deben asumir las familias, el traslado de locales y la pérdida de continuidad educativa. El problema es mayor en zonas vulnerables sin alternativas para la virtualidad. La advertencia histórica refuerza este panorama: en 2023, durante otra emergencia climática, más de la mitad de los estudiantes de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Lima y Callao enfrentó la suspensión de clases.
Para Lescano, la persistencia de esta brecha no puede explicarse únicamente por la falta de dinero. Entre 2000 y 2026, el país tuvo 29 ministros de Educación en cinco periodos de gobierno, un promedio de apenas 10,3 meses por titular. En el quinquenio 2021-2026, la rotación llegó a 12 ministros, con una permanencia promedio de cinco meses.
“Esa inestabilidad es una de las razones por las cuales no se ha abordado de manera seria esta política crítica”, sostiene. La volatilidad en el liderazgo educativo ha impedido soluciones estructurales frente a la precariedad que afecta a miles de establecimientos, dejándolos expuestos ante sismos y fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.
El riesgo se traduce en clases perdidas. La falta de mantenimiento y la inversión insuficiente han creado un escenario donde la educación es vulnerable ante cualquier crisis ambiental o geológica, poniendo en jaque el derecho a la enseñanza de millones de estudiantes en todo el territorio nacional.
El reclamo gana fuerza al contrastarse con las promesas electorales. Durante la campaña de 2026, Keiko Fujimori planteó construir 2.000 nuevos colegios y remodelar otros 3.000. Sin embargo, expertos advierten que el desafío prioritario es resolver las escuelas que llevan años inconclusas e intervenir aquellas que amenazan la seguridad de sus alumnos. Cuando llegue una eventual tragedia, no serán las cifras del presupuesto las que entren al aula: serán los escolares. Para ellos, un colegio paralizado o ubicado en zona de riesgo es donde su derecho a estudiar se vulnera. El especialista Alfredo Luna resume el costo de esta demora: “Postergar la inversión no es ahorrar: es trasladar el problema al futuro y hacerlo más caro. Primero lo pagan los niños, con su seguridad y perdiendo clases; después lo paga el Estado”. La gravedad del escenario es real. Según se advirtió en el CADE Educación 2026, un dato alarmante revela que el 30% de colegios en Perú están en riesgo de colapsar. Además, la inestabilidad climática ya tuvo impacto inmediato: diez escuelas en VES, VMT y SJM se quedaron sin clases presenciales por una semana entera debido a los trabajos de limpieza, desinfección y fumigación requeridos tras las lloviznas en Lima Sur. Garantizar que las obras terminadas puedan resistir las condiciones del territorio es tan urgente como terminar las paralizadas. El costo de la demora recae finalmente sobre el sistema educativo nacional, afectando directamente a la población más vulnerable ante sismos y fenómenos de El Niño.
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