por Agencia EFE

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El tribunal del Distrito Sur de Nueva York anuló la prohibición de visados impuesta por Trump a 75 países

Un juez federal estadounidense invalidó la suspensión de visas para inmigrantes de 75 naciones, ordenando revisar miles de solicitudes rechazadas y beneficiando así a familias afectadas. La decisión surge tras determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar dicha medida.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dictaminó en la víspera una sentencia de 61 páginas. En ella establece que la prohibición es "manifiestamente ilegal", cuestionando además la justificación gubernamental sobre el presunto alto riesgo económico de los solicitantes.

Vargas señaló que se ordenaba a funcionarios denegar visados incluso a inmigrantes que cumplían requisitos y serían autosuficientes. Esto contradice una norma vigente que exige evaluaciones individualizadas caso por caso. El fallo revoca las denegaciones basadas exclusivamente en la medida, lo que permitirá revisar miles de expedientes ya procesados.

La pausa en la emisión de visados, aplicada desde enero, abarcó diversas naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

También incluía países de otras regiones como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Entre los demandantes del caso se incluyen cinco profesionales de Colombia que recibieron negativas a sus solicitudes por la nueva política. Asimismo, seis estadounidenses afirmaron que esta prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según relata el diario The New York Times.

Para los litigantes de este caso, el fallo es "una victoria para cientos de miles de familias en todo el país y el mundo". La jueza también criticó la premisa del gobierno sobre la carga económica que representarían estos solicitantes, desestimando argumentos que no consideraron las circunstancias personales de cada individuo.

Con esta resolución, se busca corregir un procedimiento administrativo que afectó indiscriminadamente a ciudadanos de múltiples nacionalidades, priorizando nuevamente el análisis individualizado exigido por la ley migratoria vigente en Estados Unidos.

"Esta decisión representa una victoria significativa para cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración", afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center. Según ella, el tribunal "dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación". La presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, insistió en que el fallo representa un "contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país". "La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello", añadió. De momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la decisión. Las voces legales y activistas destacan que el fallo judicial valida los derechos constitucionales frente a políticas gubernamentales que buscan excluir a naciones enteras bajo argumentos cuestionables. La ausencia de comentarios oficiales por parte del poder ejecutivo genera expectativa sobre si intentarán apelar o buscarán nuevas estrategias para mantener las restricciones. Mientras tanto, las organizaciones continúan celebrando la anulación como un paso crucial hacia la protección de los inmigrantes y el respeto al marco legal peruano e internacional que prohíbe la discriminación sistemática en el acceso a fronteras y oportunidades vitales.

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