El gobierno estadounidense enfrenta un duro golpe judicial tras recibir el viernes la anulación, por parte del juez federal Jeannette Vargas en Nueva York, de una orden ejecutada por la administración de Donald Trump. La jueza determinó que la suspensión impuesta a ciudadanos de 75 países era "contraria a la ley" y excedía la "autoridad legal" del secretario de Estado, Marco Rubio. El fallo revoca la medida iniciada el 21 de enero, la cual prohibió tramitar visas de inmigrante para quienes buscaban establecerse permanentemente en Estados Unidos.

Aunque el gobierno puede apelar esta resolución, Vargas consideró indebido que los funcionarios consulares rechazaran solicitudes basándose únicamente en el país de origen del interesado. Según su análisis, esa política podía afectar incluso a personas que cumplían con todos los demás requisitos establecidos para obtener una visa de inmigrante. La decisión judicial impacta directamente a ciudadanos de naciones como Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

El Departamento de Estado había justificado la exclusión argumentando que los ciudadanos de esos países representaban un "alto riesgo" de dependencia de la asistencia social o podían convertirse en una carga para las finanzas públicas. Sin embargo, Vargas falló que el enfoque territorial era inconstitucional al ignorar el mérito individual de cada solicitud.

Es importante precisar que la disposición anulada se concentraba exclusivamente en las visas de inmigrante, aquellas destinadas a facilitar el tránsito hacia la residencia permanente. Por ello, su alcance era distinto y no afectó a las visas de no inmigrante, utilizadas para estancias temporales como visitas, estudios o trabajo temporal. Esta distinción es crucial, ya que deja intactos los trámites para quienes buscan estadías limitadas en el territorio estadounidense.

La decisión representa un nuevo revés judicial para la política migratoria del mandatario y subraya las tensiones entre la ejecución administrativa de estas normas y los controles legales federales. Con esta sentencia, se ha abierto un precedente que podría tener implicaciones significativas en la gestión futura de las fronteras y los flujos migratorios hacia el país.

A partir del fallo, cualquier denegación de visa sustentada exclusivamente en esta política queda revocada. La administración de Trump tiene la posibilidad de recurrir la decisión ante una instancia superior.

La jueza estableció que la política no podía utilizar el origen nacional como único motivo para denegar una solicitud cuando el interesado cumplía con las demás condiciones exigidas por las autoridades estadounidenses.

Trump enfrenta nuevos límites judiciales a su política migratoria

Esta decisión se suma a otros fallos que han limitado algunas de las principales medidas impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Su administración ha priorizado las deportaciones de inmigrantes indocumentados y también ha endurecido las condiciones para la entrada legal de extranjeros.

A principios de junio, un juez federal anuló la tasa de US$100.000 para determinadas visas de trabajo utilizadas habitualmente por profesionales del sector tecnológico. La medida había generado cuestionamientos por el impacto que podía tener sobre trabajadores extranjeros y empresas.

A finales de junio, la Corte Suprema también anuló un decreto firmado por Trump durante el primer día de su segundo mandato que buscaba eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. El mandatario había presentado esa iniciativa como una medida contra la inmigración ilegal.

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