Agencia EFE
La Justicia de El Salvador dictó sentencias de prisión que alcanzan hasta 85 años para al menos 69 individuos identificados como pandilleros. Esta decisión, anunciada este viernes por la Fiscalía General de la República (FGR), se enmarca dentro del régimen de excepción que ha estado vigente desde marzo de 2022. Bajo esta medida especial, miles de miembros de bandas criminales han sido detenidos y sometidos a procesos judiciales masivos.
Dentro de uno de estos expedientes, la Fiscalía detalló que logró condenar a 24 pandilleros pertenecientes a la Mara Salvatrucha (MS). Estos sujetos enfrentan penas máximas por delitos cometidos en sectores clave como La Libertad y San Salvador. Su actividad criminal abarcaba la extorsión a comerciantes con amenazas de muerte, el tráfico de drogas y la planificación de homicidios. Los lugares donde operaban incluían Santa Tecla, Sacacoyo, Jayaque, Zapotitán, Lourdes, Nejapa y San Juan Opico.
En otro procedimiento paralelo, se condenaron 45 pandilleros más de la misma banda. Este grupo criminal se dedicaba al tráfico ilícito de sustancias, provisión de armas, reclutamiento de jóvenes menores y ejecución de graves crímenes en la zona oriental del país. La FGR subrayó que todos estos detenidos fueron capturados específicamente gracias a las capacidades del régimen de excepción.
El modelo procesal utilizado es el de audiencia única abierta, implementado desde diciembre pasado tras una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado. Según la Fiscalía, este mecanismo permite juzgar a los pandilleros por su mera pertenencia a la organización, lo que agiliza las condenas. Además, mantiene el proceso abierto para sumar futuros casos de la misma célula. A inicios de junio pasado, una corte salvadoreña ya había condenado en un solo juicio a 254 supuestos pandilleros de la MS13 a penas de hasta 85 años.
De acuerdo con la normativa vigente, el fiscal del caso "propondrá al juez a los imputados que irán siendo sometidos a la audiencia". Esto implica que no todos los miembros enfrentan el juicio simultáneamente. La decisión se basa en "la imputación de pertenencia y jerarquía dentro de la estructura", por lo que el juez determinará su participación individualmente.
Esta reforma, aprobada en diciembre de 2023, se dio en el contexto del polémico régimen de excepción. Aunque es señalado de violentar derechos humanos, se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas y le supuso al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato.
No obstante, esta medida ha dejado más de 92 000 capturas. Según reportes de organizaciones humanitarias, el operativo también generó más de 6 400 denuncias de violaciones a derechos humanos y más de 500 personas muertas en custodia estatal.
El proceso judicial continúa avanzando con estas precisiones legales. El objetivo es definir la responsabilidad de cada pandillero antes de emitir las condenas definitivas que han sido anunciadas por el gobierno salvadoreño como un golpe duro a la delincuencia organizada, aunque los críticos denuncian graves irregularidades en el procedimiento.
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