Hace veinte años el Estado contaba con quince ministerios; hoy, esa cifra ha crecido hasta llegar a diecinueve. Bienvenido el debate sobre esta expansión, aunque es innegable que más estructuras no han sido garantía de mejores resultados en la gestión pública. La semana pasada, el ministro de Economía, Elmer Cuba, confirmó que reducir el número de ministerios está oficialmente en la agenda gubernamental.

La economía se rige por una premisa básica: los recursos son escasos y poseen usos alternativos. Por ello, cada sol destinado a sostener estructuras innecesarias implica un costo de oportunidad real. Sin embargo, el problema trasciende el simple gasto fiscal. La duplicidad de funciones y la fragmentación institucional elevan los costos de coordinación, dificultan la toma de decisiones y diluyen las responsabilidades.

Durante años hemos respondido a nuevos problemas creando organismos adicionales o programas, operando bajo la falacia de que un organigrama más grande asegura mejores resultados. Incluso se planteó la creación de un Ministerio de Infraestructura cuando la recientemente creada ANIN ya enfrentaba las limitaciones del propio aparato estatal.

Reducir ministerios puede generar economías de escala y concentrar capacidades, dejando claro quién responde por qué. Pero cuidado: fusionar carteras para simplemente trasladar funcionarios, oficinas y problemas de un ministerio a otro sería apenas maquillaje. La evidencia internacional muestra que reducir estructuras puede generar ganancias de eficiencia, pero también advierte que hacerlo indiscriminadamente afecta la calidad de los servicios.

Por eso, menos ministerios debe significar eliminar duplicidades y burocracia redundante, fortalecer la meritocracia y la evaluación de desempeño, además de acelerar la digitalización. No se trata solo de achicar el Estado, sino de hacerlo funcionar eficazmente. Menos estructuras, sí; pero mejores resultados, sobre todo.

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